MATRIMONIO Y DIVORCIO ANTE NOTARIO

 

DR. CARLOS CORREA ROJO

 

1.2 SOBRE DERECHOS Y OBVENCIONES PARROQUIALES

 

Para llegar a la emisión de las Leyes de Reforma y en especial la que nos ocupa la “Ley del Matrimonio Civil” donde se  vierte el concepto del matrimonio como contrato, se presentaron  una serie de antecedentes  que trazamos muy brevemente, creemos que conocer “el camino” que llevo a la emisión de la Ley del Matrimonio Civil  facilitará aun más el entender nuestras propuestas de que el matrimonio civil y el divorcio administrativo puedan llevarse a cabo ante el notario público. 

 

El siguiente decreto que analizamos es el emitido el 11 de abril de 1857 por el gobierno de Ignacio Comonfort, donde el clero queda obligado civilmente a cumplir los acuerdos del tercer concilio mexicano y de los aranceles de obvenciones parroquiales de los obispados de la República, dicho decreto es una primera medida económica – legal que el gobierno toma para delimitar a la iglesia en los actos que considera son de interés del Estado y en especial el matrimonio.

 

El decreto es emitido por el Ministerio de Justicia, Negocios Eclesiásticos é Instrucción pública. 

 

Establece que se deberá observar fielmente en todos los curatos y sacristías de la República.

 

El Decreto hace referencia a lo prevenido en los párrafos 1º, tít. 5º lib. 1º, 1º y 2º, tít. 10, lib. 3º del tercer Concilio mexicano, mandado cumplir y ejecutar por la ley 7ª tít. 8º lib. 1º de la Recopilación de Indias: en los párrafos 1º, 14 y 17 del Arancel de las parroquias de esta capital, de 11 de Noviembre de 1857, formado con arreglo a la real cédula de 24 de Diciembre de 1746: en la tercera de las limitaciones que se hallan al fin del Arancel para todos los curas de este arzobispado, que publicó el Sr. Dr. D. Alonso Núñez de Haro y Peralta, arzobispo de México, en 3 de Junio de 1789: en los párrafos que tratan de las asignaciones que deben pagar los menesterosos, del Arancel sobre obvenciones y derechos parroquiales, formado para el obispado de Puebla, por el Ilustrísimo. Sr. Dr. D. Francisco Fabián y Fuero, y aprobado por la audiencia de México: en el art. 1º del Arancel de párrocos del obispado de Michoacán, de 22 de Diciembre de 1831: en el art. 1º del Arancel para reales de minas del obispado de Guadalajara, de 9 de Octubre de 1809: en el párrafo que trata de derechos de entierros y en el que habla de derechos de fábrica, del Arancel del obispado de Sonora, de 9 de Mayo de 1827; y en el párrafo que trata de entierros del Arancel del obispado de Yucatán, de 14 de Febrero de 1756, cuyas disposiciones todas, que en copia se ponen al calce de la ley, y previene que en los bautismos, amonestaciones, casamientos y entierros de los pobres, no se cobren derechos algunos. 

 

El artículo siguiente (2) define quienes son los que se consideran como pobres que son todos los que no adquieran por su trabajo personal, por el ejercicio de alguna industria, ó por cualquier título honesto, más de la cantidad diaria indispensable para la subsistencia, cuyo mínimo establece el Estado ó Territorio. 

 

Se define que la autoridad política local es la que califica el estado de pobreza, para gozar los beneficios del propio Decreto.

 

Se hace la debida distinción (art. 7) entre la administración de los Sacramentos y la pompa con que se practiquen estos actos y otras funciones religiosas, los curas y vicarios podían cobrar a los fieles los derechos establecidos en los aranceles. 

 

El artículo 8 señala que siempre que deniegue la autoridad eclesiástica, por falta de pago, la orden respectiva para un entierro, la autoridad política local podrá disponer que se haga. 

 

En los casos de bautismo y matrimonio, en que por dicho motivo se rehusare un cura ó vicario al cumplimiento de sus deberes, los prefectos podrán imponerles la pena de diez a cien pesos de multa, y si se resistiesen a satisfacerla, la de destierro de su jurisdicción por el término de quince a sesenta días, haciéndola efectiva desde luego. 

 

El artículo 11 establece que los curas y vicarios no podrán hacer cobro alguno, si no conservan en sus curatos y vicarías, el ejemplar de los cobros. 

 

Como vemos en este decreto enviado a José María Iglesias a cargo del  Ministerio de Justicia, Negocios Eclesiásticos é Instrucción pública, según lo destacamos, el artículo 8 establece que la falta de pago no es impedimento para que se ordene el entierro respectivo y en caso de los bautizos y matrimonio, si el cura ó vicario se niegan a llevar a cabo los actos por razón de la falta de pago, los prefectos podían imponer la pena de 10 a 100 pesos de multa, y si se resistiesen a satisfacerla, la de destierro de su jurisdicción por el término de quince a sesenta días, haciéndola efectiva desde luego.

 

Raúl Arreola Cortes, en su trabajo Obras Completas de Melchor Ocampo  señala que el obispo de Michoacán  Clemente de Jesús Munguía se opuso a cumplir tal decreto y debido a esta oposición  fue  desterrado en 1859.

 

El decreto  fue tomado de: Legislación Mexicana o Colección Completa de las disposiciones legislativas, expedidas desde la independencia de la República. Manuel Dublan y José María Lozano. Edición Oficial. Imprenta del Comercio de Dublan y Chávez a cargo de M. Lara. Calle Cordobanes, número 8. 1877. México) 

 

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