MATRIMONIO Y DIVORCIO ANTE NOTARIO

DR. CARLOS CORREA ROJO

1.4 CÓDIGO CIVIL DE 1870

(1 La edición facsimilar propia, del Código se puede consultar en la página de internet de la notaria 232 de la Ciudad de México, )

El Código Civil para el Distrito Federal y Territorio de la Baja California, se publicó el 13 de diciembre de 1870, emitido durante el último período presidencial del Licenciado Benito Juárez.

El Decreto en el que se aprueba su expedición es el siguiente:

“Ministerio de Justicia é instrucción pública.- Sección 1ª.- El C. Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

“Benito Juárez, presidente constitucional de los Estados-Unidos Mexicanos, á sus habitantes, sabed:

“Que el congreso de la Unión ha tenido á bien decretar lo siguiente:

“Art. 1. Se aprueba el Código Civil que para el Distrito Federal y Territorio de la Baja California, formó de órden del Ministerio de Justicia, una comisión compuesta por los CC. Lics. Mariano Yañez, José María Lafragua, Isidro Montiel y Rafael Dondé.

“Este Código comenzará á regir el 1º de Marzo de 1871.

“2.- Desde la misma fecha quedará derogada toda la legislación antigua, en las materias que abrazan los cuatro libros de que se compone el expresado Código.

“Salón de sesiones del congreso de la Unión.- México, Diciembre 8 de 1870.- José María Lozano, diputado presidente.- Guillermo Valle, diputado secretario.- Protasio P. Tagle, diputado secretario.”.

El Código, se compone de 4 libros a saber:

Título Preliminar, de los artículos 1 al 21.

Libro Primero, De las Personas, de los artículos 22 al 777.

Libro Segundo, De los Bienes, la Propiedad y sus diferentes modificaciones, de los artículos 778 al 1387.

Libro Tercero, De los Contratos, de los artículos 1388 al 3363; y

Libro Cuarto, De las Sucesiones, de los artículos 3364 al 4126.

Del Código que para los temas que nos ocupan, nos referiremos a las Actas del estado Civil, (arts. 48 al 74); de las Actas de Matrimonio, (arts. 114 al 134); el capítulo del Matrimonio, (arts. 159 al 189), al Divorcio, (arts. 239 al 279), De la emancipación y de la mayor edad, (arts. 689 a 694); De los Contratos (arts. 1388, 1392, 1393, 1394, 1395, 1398, 1399 1400, 1402); Del contrato de matrimonio con relación a los bienes de los consortes (arts. 2099 al 2111); De las capitulaciones matrimoniales (arts. 2112 al 2119); De la sociedad voluntaria (arts. 2120 al 2130); De la sociedad legal (arts. 2131 al 2155) de los cuales abordaremos los artículos 2133 y 2155; De la liquidación de la sociedad legal artículo 2185 y; De la separación de bienes. (arts. 2205 al 2230), los artículos 2205, 2206, 2207 y 2219.

De las Actas del estado Civil

El Código señaló que en el Distrito Federal y territorio de Baja California, hay un funcionario, cuyo encargo es autorizar los actos del estado civil y expedir las actas relativas al nacimiento, reconocimientos de hijos, tutela, emancipación, matrimonio y muerte de todos los mexicanos y extranjeros residentes en las demarcaciones mencionadas.

El juez del estado civil debe llevar por duplicado 4 libros, en uno de ellos se asentaran las actas originales y en el duplicado una copia exacta, que se denominan “Registro Civil” y contienen:

El primero las Actas de nacimiento y reconocimiento de hijos; el segundo, las Actas de tutela y emancipación; el tercero, las Actas de matrimonio, y el cuarto las Actas de fallecimiento.

Las constancias sobre actos del estado civil serán validas y harán fe en el Distrito y en la California, solo en el caso de que se hayan extendido conforme a las prescripciones del propio Código.

Ningún otro documento es admisible para comprobar el estado civil de la persona.

Todos los libros del registro civil serán autorizados en su primera y última foja, por la autoridad política superior respectiva y autorizados por la misma por su rubrica en todas las demás.

Los libros deberán renovarse cada y el ejemplar original de cada uno de ellos quedará en el archivo del registro civil, así como los documentos sueltos que les correspondan; remitiéndose el primer mes del año siguiente a la autoridad política mencionada los libros de copias. El juez del estado civil que no remita oportunamente las copias será destituido de su cargo.

Si al terminar el año hubiere fojas blancas, se inutilizarán con rayas transversales, certificándose en la última escrita el número de actos ejecutados y el de las fojas que se inutilicen.

Los libros llevarán un índice alfabético formado por apellidos. En las actas del registro civil se hará constar el año, día y hora en que se presenten los interesados; se tomará razón especificada de los documentos que se presenten y de los nombres, edad, profesión y domicilio de todos los que en ella sean nombrados, en cuanto fuera posible.

En los casos en que los interesados no puedan concurrir personalmente, podrán hacerse representar por un encargado, cuyo nombramiento conste por escrito y ante dos testigos conocidos por lo menos.

Los testigos que intervengan deben ser mayores de edad, prefiriéndose los que designen los interesados, aun cuando sean sus parientes.

Extendida el acta, será leída por el juez del estado civil a los interesados y testigos; la firmarán todos y si algunos no pueden hacerlo, se expresará la causa. También se expresará que el acta fue leída y quedaron conformes los interesados con su contenido.

Si alguno de los interesados quisiere imponerse por sí mismo del tenor del acta, podrá hacerlo y si no supiere leer, uno de los testigos, designado por él, leerá aquella y la firmará, si el interesado no supiere hacerlo.

Si un acto comenzado se entorpeciese, porque las partes se nieguen a continuarlo o por cualquier otro motivo, se inutilizará el acta marcándola con dos líneas trasversales y expresándose el motivo porque se suspendió; razón que deberán firmar la autoridad, los interesados y los testigos.

Al asentarse las actas, se observará lo siguiente:

1ª Las actas se numerarán y escribirán una después de otra, sin dejar entre ellas ningún renglón entero en blanco.

2ª Tanto su número ordinal, como el de las fechas o cualquiera otro, estarán escritos en cifras aritméticas y además en palabras con todas su letras.

3ª En ningún caso se emplearán abreviaturas.

4ª No se hará raspadura alguna, ni se permitirá borrar lo escrito en ningún caso. La infracción se castiga con una multa de 25 pesos. Cuando sea necesario testar alguna palabra se pasará una línea sobre ella, de manera que quede legible.

5ª Al fin de cada acta se salvará con toda claridad lo entrerrenglonado y testado.

Aquí consideramos oportuno recordar el texto de los artículos 15, 16, 17 y 18, de la Ley Orgánica de Notarios y Actuarios del Distrito Federal, de 29 de noviembre de 1867, que transcribimos en lo conducente:

“NUMERO 6175. Noviembre 29 de 1867. Ministerio de Justicia.- Decreto. – Ley orgánica de notarios y actuarios del Distrito Federal. Ministerio de Justicia e Instrucción pública. – Sección 1ª. El ciudadano presidente de la República se ha servido dirigirme al decreto que sigue:

“Benito Juárez, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos a sus habitantes, sabed:

“Que en uso de las amplias facultades de que me hallo investido he tenido a bien decretar la siguiente

. . .

“TITULO CUARTO.

“Deberes y prohibiciones de los notarios y actuarios.

“15. Todas las escrituras de los protocolos, los expedientes, copias, certificaciones y en general cuanto autorizaren con su firma, serán extendidos en idioma castellano y en letra clara, sin abreviaturas ni enmendaturas, con las fechas y cantidades en letra, aun en el caso de que sea necesario repetirlas por guarismos, y sin entrerenglonaduras que no queden repetidas y salvadas antes de las firmas.

“16. Quedan prohibidas las testaduras; y cuando se cometa alguna equivocación, en vez de tachar la palabra ó frase equivocada se encerrará entre paréntesis, se subrayará y se salvará al fin como las entrerenglonaduras.

“17. La infracción de los artículos que preceden, se castigará con una multa de veinticinco a cien pesos; y si alguna de las partes interesadas en el documento ó diligencia, probare que la subrayadura ó entrerenglonadura se hizo sin su anuencia y consentimiento, sufrirá el notario ó actuario que resulte culpable, una suspensión de oficio de uno á cinco años, según la gravedad del caso, además de ser responsable de los daños y perjuicios.

“18. Las raspaduras y el uso de sales corrosivas quedan absolutamente prohibidas en todo género de instrumentos y diligencias. La contravención de este artículo será castigada con una multa de cien á quinientos pesos, sin perjuicio de que se imponga al culpable la pena de falsario si hubiere cometido falsedad.”

Por su parte el Art 102 LNCDMX, a la fecha del presente trabajo dice: “Las escrituras se asentarán con letra clara y sin abreviaturas, salvo el caso de transcripción o reproducción. No se usarán guarismos a menos que la misma cantidad aparezca con letra. Los blancos o huecos, si los hubiere, se cubrirán con líneas antes de que la escritura se firme.

“Lo que se haya de testar se cruzará con una línea que lo deje legible, salvo que la ley ordene la ilegibilidad. Puede entrerrenglonarse lo corregido o adicionado. Lo testado o entrerrenglonado se salvará con su inserción textual al final de la escritura, con indicación de que lo primero no vale y lo segundo si vale. Las escrituras se firmarán por los otorgantes y demás comparecientes únicamente al final de lo escrito. Si quedare algún espacio en blanco antes de las firmas, será llenado con líneas. Se prohíben las enmendaduras y raspaduras.”

Continuamos con la disposición en comento: Las actas del estado civil solo se pueden asentar en los libros encomendados al juez, quien en caso de violar esta regla será destituido de su cargo.

Toda persona puede pedir testimonio de cualquiera de las actas del registro civil; y los jueces están obligados a darlo. Estos testimonios harán plena fe en juicio y fuera de él.

Los actos y actas del estado civil relativos al mismo juez del registro, a su consorte o a los ascendientes o descendientes de cualquiera de ellos no podrán autorizarse por el mismo juez, pero se asentarán en el mismo libro y se autorizarán por la primera autoridad política del lugar.

El artículo 14 de la Ley Orgánica de Notarios del Presidente Juárez de 1867, dice: “No podrán autorizar ningún acto, instrumento ó diligencia que contenga cosa alguna a su favor, al de su mujer o pariente en línea recta en cualquier grado, ni en la colateral hasta el cuarto civil inclusive. El instrumento, acto ó diligencia que en contravención de este artículo autorizaren, será nulo, y al infractor se aplicará una multa de cien á quinientos pesos.

Por su parte el actual artículo 47 de la LNCDMX, dice: “Queda prohibido a los notarios:

III.- Actuar como notario en instrumentos o asuntos en que tengan interés, disposición a favor, o intervengan por sí, representados por o en representación de terceros, el propio notario, su cónyuge o parientes consanguíneos o afines hasta el cuarto y segundo grados, respectivamente, o sus asociados o suplentes y los cónyuges o parientes de ellos en los mismos grados o en asuntos en los cuales tenga esta prohibición el o los notarios asociados, o el notario suplente;…”

Los libros del registro civil estarán bajo la inspección y vigilancia de la autoridad política superior.
Como podemos apreciar hasta aquí lo comentado existe una gran influencia de las leyes emitidas en 1857, 1859 y 1867.

La mayoría de las reglas y procedimientos reflejan la influencia del manejo del protocolo del escribano, y se ordena que el documento posee la característica de ser “prueba plena en juicio y fuera de el” misma característica que poseen los documentos emitidos por el escribano.

Las diversas regulaciones que rigieron al escribano y que actualmente rigen al notario público las seguimos observando a lo largo de la evolución de las leyes concernientes a las reglas para llevar a cabo las escrituras o actas notariales, que se pueden equiparar a los procedimientos que se siguen en el matrimonio y divorcio.

Razón por la que analizando lo anterior, las actas o escrituras que el notario hace constar en su protocolo, tienen una gran similitud a las actas que levanta en el juez del estado civil de la época; suponemos que su similitud se debe a que el procedimiento en gran medida fue comprobada su eficacia.

De las actas de Matrimonio

Como se señaló inicia su regulación en el artículo 114 del Código, mismo que establece que ante el juez se llevará a cabo el acto. El juez deberá hacer constar en el acta los nombres, apellidos, profesiones y domicilios, así de los contrayentes como de sus padres, si éstos fueren conocidos, los de 2 testigos, que presentará cada contrayente, las licencias en caso de menores de edad, (lo cual no es compatible con la actividad del notario, ya que sólo los mayores de edad pueden comparecer ante el propio notario), certificado de “viudedad”, si alguno de los pretendientes hubiese sido casado, y en su caso las dispensas.

Una vez cubiertos los requisitos que señaló el Código, el matrimonio se celebrará en público y en el día, hora y lugar señalados al efecto. Los contrayentes comparecerán ante el juez, personalmente o por apoderado especial y acompañados de tres testigos por lo menos, parientes o extraños.

El juez recibirá la formal declaración que hagan las partes, de ser su voluntad unirse en matrimonio.

Podemos ver que la conformación de las actas de matrimonio tienen una fuerte influencia de las leyes emitidas durante el denominado segundo imperio.

Adicionalmente queremos hacer notar que el juez, sólo hace constar la formal declaración de los interesados que es su voluntad unirse en matrimonio.

En caso de no asistir personalmente alguno de los contrayentes podrá comparecer en su nombre un apoderado especial, que sobra decir que dicho poder tiene que ser otorgado ante notario.

En relación al apoderamiento especial, transcribimos una escritura que nos sugiere el Notario Don Vicente Sánchez Rosales Rodríguez García, que aparece en la página 79 de la obra que hemos citado “Compendio de escrituras, poderes y testamentos con otras curiosidades para gobierno de Escribanos. Alcaldes mayores y Notarios con el estilo forense y práctica que se acostumbra”, bajo el rubro:

Poder para casarse

“Notorio sea a todos los que este público instrumento vieren, como yo Gergiyo, vecino de tal parte, hijo legítimo de Marcos y de Gerundia, digo que por cuanto para más servir a Dios Nuestro Señor, estoy tratando de contraer matrimonio con Lugarda, vecina de tal parte, hija legitima de Lucrecio y de Lucrecia; y porque personalmente no puedo ir a celebrar dicho desposorio por mis muchas y grandes ocupaciones, he deliberado dar poder para este efecto, y poniéndolo en ejecución por aquella vía y forma que haya lugar en derecho por la presente otorgo y doy mi poder cumplido bastante en derecho el que se requiere y es necesario más pueda y deba valer a Don Casimiro, vecino de tal parte para que en mi nombre y como yo mismo representando mi propia persona, derecho y acciones, se pueda desposar por palabra de presente que hagan verdadero y legitimo matrimonio con la dicha Doña Lugarda, y otorgándome por su esposo y marido, y recibiéndola por mi esposa y mujer habiéndome precedido antes las diligencias precisas de amonestaciones que previene y manda el santo concilio de Trento, y no habiendo ningún impedimento canónico y desde ahora para cuando el caso llegue doy por hecho y celebrado dicho casamiento y me obligo de haberlo por firme y valedero ahora y en todo tiempo, y de rectificarlo antes de recibir las bendiciones nupciales. A cuya firmeza y cumplimiento me obligo con mi persona y bienes presentes y futuros, doy poder a las justicias que de mis causas conforme a derecho puedan y deban conocer para que a lo dicho me compelan, como por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada renuncio mi fuero, domicilio y vecindad, ley si convenirit, las de mi favor y defensa como la cual general del derecho que para lo dicho doy y otorgo este dicho poder al nominado Don Casimiro con libre y general administración y relevación en forma que es hecho, en tal parte día mes y año, y el otorgante a quien doy fe conozco, así lo otorgó y firmó, siendo testigos 3.”

Continúa señalando el Código que el notario sólo puede hacer constar actos relativos a la voluntad de las partes, (mayores de edad) ya que en caso contrario debe dejar de conocer el asunto y los interesados deberán dirimir sus controversias ante el juez competente.

Del Matrimonio

Inicia en el artículo 159, el cual dice: “El matrimonio es la sociedad legítima de un solo hombre y una sola mujer, que se unen con vínculo indisoluble para perpetuar su especie y ayudarse a llevar el peso de la vida”.

Debemos recordar que el matrimonio debe su perfección a la ley.

En el Código Civil, los efectos son meramente civiles y pecuniarios; por lo que el Matrimonio esta considerado como un contrato civil.

El matrimonio debe celebrase ante el funcionario autorizado para tales efectos.

En relación a la edad de los contrayentes se dice que sólo pueden contraer el matrimonio en el caso de los hombres de 14 años y de la mujer de 12, por lo que en su caso deben obtener el consentimiento, (art. 164), por lo que debemos concluir que ante notario no sería posible llevara a cabo el matrimonio entre menores de edad.

El matrimonio en términos del artículo 165 puede celebrarse por los mayores de 21 años (que es la mayoría de edad de la época), sin que sea necesario el consentimiento del padre, o en defecto de éste, sin el de la madre, aun cuando ésta haya pasado a segundas nupcias.

El artículo 163 en sus IX fracciones, enumera los impedimentos para celebrar el contrato civil del matrimonio, entre otras, la minoría de edad.

Con el objeto de respetar la numeración del Código Civil abordaremos el tema del Divorcio, recordando que nuestra propuesta sólo es en relación al divorcio administrativo.

Del Divorcio

La palabra divorcio, etimológicamente esta compuesta de “á diversitate mentium”, lo que significaba entre los romanos la separación absoluta entre los cónyuges, los cuales recobraban su libertad de contraer nuevo matrimonio.
En nuestro Código tiene una significación distinta, ya que el divorcio es la separación del marido y de la mujer de una manera temporal o indefinida, permaneciendo el matrimonio.

Artículo 239.- El divorcio no disuelve el vínculo del matrimonio: suspende sólo algunas obligaciones civiles, que se expresarán en los artículos relativos de este Código.

Se establecen las causas del divorcio en el artículo 240, en los artículos 241 y 242 se señalan lo relativo al adulterio, en el 243 se señala lo relativo a la corrupción a los hijos,

El Artículo 246 establece que cuando ambos consortes convengan en divorciarse, en cuanto al lecho y habitación, no podrán verificarlo sino ocurriendo por escrito al juez y en los términos que expresa el propio Código, en caso contrario, aunque vivan separados se tendrá como unidos para todos los efectos legales del matrimonio.

El Artículo 247 establece que después de 20 años de matrimonio civil no es permitido el divorcio por mutuo consentimiento.

El artículo 248 señala que los cónyuges que soliciten su separación de lecho y habitación, deben acompañar a su demanda una escritura que arregle la situación de los hijos y la administración de los bienes durante el tiempo de la separación.

De la redacción del artículo anterior se desprende que los cónyuges deben asistir con el notario para llevar a cabo un convenio en relación a sus hijos y a la administración de sus bienes durante la separación.

El artículo siguiente el 249, reitera que los cónyuges vivirán y administrarán sus bienes en términos del convenio firmado, el cual según éste artículo debe ser aprobado por un juez

El procedimiento siguiente es que no puede pedirse la separación sino pasados 2 años después de la celebración del matrimonio. El juez buscará la reconciliación y si pasados 3 meses no existe la reconciliación, citara a una nueva junta y volverá a dar otros 3 meses para la multicitada reconciliación el juez decretará la separación.

Al decidir sobre la separación, el juez aprobará el convenio a que se refiere el artículo 249, si por él no se violan los derechos de los hijos o de un tercero.

Como podemos observar el Código apunta el inicio del divorcio voluntario, el cual es posible siempre teniendo en cuenta la voluntad de las partes, (mayores de edad) que se observe lo relativo a la administración de los bienes que debe hacerse mediante convenio ante notario.

Reiterando nuestra posición en el sentido de que el divorcio voluntario puede celebrarse ante el notario, y su no intervención en tanto hubiere menores de edad o mayores incapacitados.

De la emancipación y de la mayor edad

El artículo 689 establece que el matrimonio del menor produce el derecho de la emancipación, aunque el matrimonio se disuelva después por muerte, el cónyuge sobreviviente menor no recae en la patria potestad. Lo que significa que la emancipación legal es irrevocable.

El artículo 690 dispone que el mayor de 18 años y menor de 21 puede ser emancipado por el que lo tenga en la patria potestad.

El artículo 691, textualmente señala: “El acto de emancipación se reducirá á escritura pública”.

Lo anterior implica que la declaración de la emancipación se debe hacer en escritura, y sobra decir que es ante notario.

Aquí transcribimos el instrumento usado por el citado Notario Don Vicente Sánchez Rosales Rodríguez García, que aparece en la página 118 de la obra “Compendio de escrituras, poderes y testamentos con otras curiosidades para gobierno de Escribanos. Alcaldes mayores y Notarios con el estilo forense y práctica que se acostumbra”, bajo el rubro:

Sobre emancipaciones

“Emancipación significa libertad, y su ingreso se compone de que el padre diga que Juan, su hijo de tanta edad, es capaz de recibir sus bienes por lo que ha pedido lo emancipe, y teniéndolo a bien y poniéndolo en efecto, lo cogió de la mano y salió hasta tres varas diciendo [que] lo aparta de su patria potestad y le da poder para parecer en juicio y fuera de él, y hacer todo lo que hace y puede hacer una persona sin impedimento, y que goce de los bienes adventicios y su usufructo de que le hace remisión; pide al juez lo admita e interponga su autoridad y judicial decreto; el hijo lo acepta, da las gracias a su padre, le besa la mano. Obligarse a su cumplimiento; los bienes que el hijo ganó estando sujeto al padre se llaman adventicios.”

El artículo 692 señala que el emancipado tiene la libertad en la administración de sus bienes, pero requiere durante la menor edad del consentimiento del que le emancipó (fracción II) para la enajenación, gravamen e hipoteca de bienes raíces.

De los Contratos

Como lo hemos anotado el Código establece que el matrimonio es un contrato y como tal es regulado. Razón por lo que sólo apuntamos algunas de las disposiciones de que habla el Libro Tercero del Código relativo a los propios contratos.

El artículo 1388 establece que el contrato es un convenio por el que dos o más personas se transfieren algún derecho o contraen alguna obligación.

Por su parte el artículo 1392 dice que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento; y desde entonces obligan no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, son conformes a la buena fe, al uso o a la ley, destacando el artículo siguiente que los contratos solo obligan a las personas que los otorgan.

En relación a la validez y cumplimiento de los contratos el 1394 establece que no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contrayentes.

El 1395 señala las condiciones que los contratos deben reunir para ser validos: 1ª Capacidad de los contrayentes; 2ª Mutuo consentimiento; y 3ª Objeto lícito.

Los artículos 1398, 1399 y 1400, regulan lo relativo a la capacidad de los contrayentes, los cuales establecen que es hábil para contratar el no exceptuado por la ley y que puede hacerlo por si o por medio de otro, legalmente autorizado y que ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar autorizado por él o por la ley.

El artículo 1402 regula el consentimiento, estableciéndose que los que contratan deben manifestarse claramente.

Del contrato de matrimonio con relación
a los bienes de los consortes

El Código, una vez que fija los principios generales que rigen a los contratos y las reglas que norma para garantizar el cumplimiento de las obligaciones, se ocupa de las reglas especiales que rigen, comenzando por el contrato de matrimonio, que se refiere a los intereses pecuniarios de los esposos y los derechos y obligaciones que con relación a terceros contraen.

El matrimonio según hemos visto el Código lo analiza desde el punto de vista de los contrayentes y respecto de los bienes.

En relación a las personas se ha señalado el matrimonio como la sociedad legitima de los cónyuges, que se unen según el propio Código con vínculo indisoluble. Las reglas que se establecen en el matrimonio son considerados como de orden público, y por lo tanto no pueden quedar al arbitrio de los contrayentes.

En relación a los bienes, el objeto es regular los intereses económicos de los cónyuges y en consecuencia éstos deben determinar las condiciones que deben regir y la ley sólo establecerá algunos preceptos restrictivos y otros que solo regirán para suplir las faltas u omisiones en que incurriesen los contrayentes.

El propio Código distingue a la unión de las personas con el nombre de matrimonio y las relaciones pecuniarias de ellas, con el contrato de matrimonio.

En atención a lo anterior el contrato de matrimonio es accesorio del matrimonio, que sólo subsiste y produce efectos jurídicos, si éste llega a celebrarse.

El artículo 2099 señala que el contrato de matrimonio puede celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes.

El régimen, es el conjunto de reglas que se aplican a cada una de las formas del contrato de matrimonio.

La sociedad conyugal puede ser voluntaria o legal (artículo 2101).

En relación a la sociedad voluntaria se señala que se regirá estrictamente por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan, se señala en el artículo 2102 y adicionalmente se dice que en todo aquello que no estuviere expresamente en las propias capitulaciones, se regirá por lo previsto en la sociedad legal.

La sociedad voluntaria y la legal se rigen por las disposiciones relativas a la sociedad común. (artículo 2103)

En el momento en que se celebra el matrimonio nace la sociedad conyugal, ya sea voluntaria, ya sea legal; la sociedad voluntaria puede terminar antes de que se disuelva el matrimonio, si así esta convenido en las capitulaciones, en tanto que, la sociedad legal termina por la disolución del matrimonio.

Por su parte el artículo 2108 señala que el divorcio voluntario y la separación de bienes hecha durante el matrimonio, pueden terminar, suspender o modificar la sociedad conyugal, según convengan los consortes.

La separación de bienes puede ser absoluta o parcial. En éste último supuesto aquellos puntos no comprendidos en las capitulaciones matrimoniales, se regirán por lo preceptuado en la sociedad legal, a menos que constituyan la separación parcial en términos de la sociedad voluntaria; en todo caso la separación de bienes se rige por las capitulaciones expresamente convenidas. (2111)

De las capitulaciones matrimoniales

Se inicia este tema en el artículo 2112, el cual define a las capitulaciones matrimoniales como los pactos que los esposos celebran para constituir ya sociedad voluntaria, ya separación de bienes, y para administrar éstos en uno y en otro caso.

Nuestro Código señala que las capitulaciones matrimoniales pueden otorgarse antes de la celebración del matrimonio o durante él; y pueden comprender no solo los bienes de que sean dueños los esposos o consortes al tiempo de celebrarlas, sino también los bienes futuros. (2113)

Dice el 2114 que las capitulaciones no pueden alterarse ni revocarse después de la celebración del matrimonio, sino por convenio expreso o por sentencia judicial.

Aquí debemos recordar que el contrato de matrimonio es solemne, y por lo mismo, las capitulaciones, así como sus modificaciones que hagan los contrayentes.

El siguiente artículo, el 2115 señala expresamente que las capitulaciones deben otorgarse en escritura pública, así como cualquier alteración debiendo comparecer en éste último caso todas las personas que en ellas fueren interesadas.(2116)

En caso de alguna modificación en las capitulaciones matrimoniales, deberá anotarse en el protocolo en que éstas se extendieron y en los testimonios que de ellas se hubiesen dado; sin el requisito anterior las modificaciones o alteraciones no producirán efecto contra tercero. (2117 y 2118), el 2119 señala que los pactos celebrados con infracción de los arts. 2115 y 2116, son nulos.

Como podemos apreciar la ley ha querido dar el mayor de las seguridades y garantías a los consortes, cuando impone el requisito de la escritura pública ante notario, alcanzando también la garantía a los terceros que contraten con los cónyuges.

Por otro lado se observa con toda claridad el espíritu del Código de asegurar la conservación de las capitulaciones ante el notario, por virtud de la matricidad, que es uno de los pilares del notariado.

Lo anterior se robustece con la exposición de motivos del Código que en este rubro que dice:

“<>”.

De la sociedad voluntaria

(arts. 2120 al 2130)

Este capítulo resulta especialmente importante, ya que como lo veremos el artículo 2120 establece las reglas que deben seguirse en la escritura en la que se hace constar las capitulaciones matrimoniales.

Lo anterior así lo destacamos, toda vez que una de nuestras propuestas es la celebración del matrimonio ante el notario, por lo que consideramos que el artículo citado nos puede dar las bases a considerar para elaborar la escritura en la que se haga constar el otorgamiento del matrimonio, siendo las posibles reglas a seguir y que se incorporen al articulado de la Ley del Notariado de la Ciudad de México.

El inciso 1º del citado artículo 2120 establece que se debe hacer el inventario de los bienes que cada esposo aportare a la sociedad, con expresión de su valor y gravámenes;

El 2º se refiere a la declaración de los consortes para establecer si la sociedad será universal o solo de algunos bienes o valores; debiéndose expresar cuáles son las características de los bienes y cuales serán, en su caso, la parte de su valor que deba entrar al fondo social:

Reitera el inciso 3º cual será el carácter que hayan de tener los bienes en común o en particular adquieran los consortes durante la sociedad; así como la manera de probar su adquisición.

Todos estos requisitos tienen por objeto hacer constar lo que cada uno de los cónyuges lleva al matrimonio.

El siguiente inciso, es decir el 4º establece lo relativo a la declaración de si la sociedad es solo de gananciales; expresándose por menor cuales deban ser las comunes y la parte que a cada consorte haya de corresponder.

Este requisito previene las cuestiones que pueden resultar de la comunicación de las ganancias.

El 5º dice que se deberá hacer mención especial de las deudas de cada contrayente; con expresión de si el fondo social ha de responder de ellas o solo de las que se contraigan durante la sociedad, sea por ambos consortes o por cualquiera de ellos.

Este requisito es indispensable porque las deudas disminuyen necesariamente el haber que aporta el consorte deudor.

El último inciso, el 6º dice que se debe hacer la declaración terminante de las facultades que a cada consorte correspondan en la administración de los bienes y en la percepción de los frutos, con expresión de los que de éstos y aquellos pueda cada uno vender, hipotecar, arrendar, y de las condiciones que para esos actos hayan de exigirse.

Adicionalmente a lo anterior, los esposos pueden establecer todas las reglas que crean convenientes para la administración de la sociedad, siempre que no sean contrarias a las leyes.2121.

Esta facultad deja a los contrayentes separarse de las reglas, teniendo en consideración que éstas se dictan para suplir los defectos en que los propios contrayentes incurran.

El 2122 dice que es nula toda capitulación en cuya virtud uno de los consortes haya de percibir todas las utilidades; así como la que establezca, que alguno de ellos sea responsable por las pérdidas y deudas comunes en una parte que exceda a la que proporcionalmente corresponda a su capital o a las utilidades que deba percibir.

Por su parte el 2124 señala en relación a los acreedores que no hubieren tenido conocimiento de los términos en que estuviere constituida la sociedad voluntaria, pueden ejercitar sus acciones conforme a las reglas de la sociedad legal; continúa señalando que el consorte que en virtud de las capitulaciones no convino a responder de aquella deuda, conservará a salvo sus derechos para cobrar la parte que le corresponda, de los gananciales del otro consorte, y si éstos no alcanzaren, de los bienes propios de éste.

El artículo 2126 dispone que son nulos los pactos que los esposos hicieren contra las leyes o las buenas costumbres; los “depresivos de la autoridad”, es decir la baja de autoridad, que respectivamente les pertenece en la familia a los esposos, y los contrarios a las disposiciones prohibitivas de este Código y las reglas legales sobre divorcio, sea voluntario, sea necesario, emancipación, tutela, privilegios de la dote y sucesión hereditaria, ya de ellos mismos, ya de sus herederos forzosos.

El artículo 2128, establece que las capitulaciones deben contener la expresión terminante de las disposiciones legales que por ellas se modifican; y el notario, bajo la pena de multa (25 a 100 pesos), está obligado a hacer constar en la escritura haber advertido a las partes de la obligación que impone este artículo y de dispuesto en el 2102.

El artículo 2129 dice que no pueden modificarse por las capitulaciones los artículos 2102 (la sociedad voluntaria se rige, en defecto de las capitulaciones matrimoniales por lo dispuesto en la sociedad legal), 2151 (prohíbe la renuncia de los gananciales durante el matrimonio; pero la permite si se hace por escritura pública disuelto aquel o decretada la separación de bienes), 2153, 2154, 2155 (que obliga a formular un inventario en las capitulaciones matrimoniales, o en instrumento público separado, de los bienes que cada uno de los cónyuges aporta al matrimonio), 2163, 2167, 2169, fracción 1ª, 2173, 2174, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2189, 2190, 2191 (éstos 4 últimos artículos establecen que se forme un inventario luego que se disuelva o se suspenda la sociedad y que se incluyan en el, específicamente, no solo todos los bienes que formaron la sociedad legal, sino los que deben especificarse como las cantidades pagadas del fondo social y el importe de las donaciones), 2192, 2193, hasta las palabras al matrimonio; 2195, 2196, 2197, 2200, 2202 y 2203.

El artículo 2130 dispone que a falta de capitulaciones expresas, se entiende celebrado el matrimonio bajo condición de sociedad legal.

De la sociedad legal

(arts. 2131 al 2155);

De este capítulo solo comentaremos los artículos 2133 y 2155, por considerar que nos ayudarán a la mejor comprensión del tema y la propuesta respectiva.

El Artículo 2133 destaca que son propios de cada cónyuge los bienes de que era dueño al tiempo de celebrarse el matrimonio (los enumerados en los artículos del 2141 al 2148), continúa señalando, y los que poseía antes del propio matrimonio, aunque no fuese dueño de los bienes, si los adquiere por prescripción durante la sociedad.

Por su parte el artículo 2155, establece que para la respectiva constancia de los bienes a que se refiere el citado artículo 2133, se formará un inventario de ellos en las mismas capitulaciones matrimoniales, o en instrumento público separado. Si no se ha hecho inventario, se admite prueba de la propiedad en cualquier tiempo; pero entretanto los bienes se presumen comunes.

De la liquidación de la sociedad legal

En relación a este tema abordaremos el artículos 2185.

Este artículo se refiere a que en los casos de divorcio voluntario o de simple
separación de bienes, se observarán para la liquidación los convenios que hayan celebrado los consortes y que fueren aprobados por el juez; salvo lo convenido en las capitulaciones matrimoniales y lo dispuesto en este capítulo, en sus respectivos casos.

De la separación de bienes

(arts. 2205 al 2230).

Puede haber separación de bienes, o en virtud de capitulaciones anteriores al matrimonio, o durante éste, en virtud de convenio de los consortes ó de sentencia judicial.(2205)

El artículo 2206 establece que en las capitulaciones que establezcan separación de bienes, entre otros requisitos, deberá señalarse si la separación de bienes es absoluta o parcial (2111), lo relativo a las capitulaciones matrimoniales (2113 a 2119), lo que la escritura de capitulaciones debe contener (2120, fracciones 1ª, 5ª y 6ª,) lo relativo también a las capitulaciones matrimoniales y que en la escritura de éstas el notario esta obligado a hacer constar en la escritura que advirtió a los contrayentes lo previsto en los artículos 2128 y 2102, que con anterioridad hemos comentado, lo relativo en caso de divorcio voluntario que igualmente comentamos en el artículo 2185, en todo lo que fuere aplicable a la separación.

En las capitulaciones de esta cláusula establecerán los consortes todas las condiciones que crean convenientes para la administración de sus bienes (primera parte del artículo 2207).

En caso de divorcio voluntario se observarán las reglas que, para la administración de los bienes y para la liquidación de la sociedad, establece el Código Civil, a no ser que en las capitulaciones matrimoniales se haya previsto tal caso, pues entonces se deben observar las reglas establecidas en ellas.2219. (248, 249, 253, 2185, 2186, 2189 a 2194, 2198 a 2200 y 2202 á 2204).

Hasta aquí lo relativo a lo que consideramos nos interesa del tema, del Código Civil de 1870, que como hemos observado el notario tiene una gran participación en lo relativo al matrimonio, en especial a los bienes de los contrayentes y las capitulaciones matrimoniales, que como lo apuntamos, consideramos que serán la base de nuestra propuesta, para que ante el notario se pueda llevar a cabo el matrimonio.

Los artículos del Código Civil de 1870 fueron tomados de: Legislación Mexicana o Colección Completa de las disposiciones legislativas, expedidas desde la independencia de la República, de Manuel Dublan y José María Lozano. Edición Oficial. Imprenta del Comercio de Dublan y Chávez a cargo de M. Lara. Calle Cordobanes, número 8. 1877. México, y que hemos hecho la edición facsimilar, que puede ser consultada en la página electrónica citada al inicio de este inciso.

Algunos de los artículos que comentamos, hemos encontrado el espíritu de los mismos en la obra realizada por el Abogado de los Tribunales y Representante del Ministerio Público, Don Manuel Mateos Alarcón, consistente en seis tomos, denominada “Estudios sobre el Código Civil del Distrito Federal, promulgado en 1870, con anotaciones relativas á las reformas introducidas por el Código de 1884”. Librería de J. Valdés y Cueva. Calle de Refugio número 12. 1885. México.

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