CARLOS CORREA ROJO

IMPLEMENTACION DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO PUBLICO 

EN LA CIUDAD DE MEXICO

Las siguientes notas alusivas al Registro Público de la Propiedad las hacemos con el objeto de recordar brevemente el devenir de ésta Institución en nuestro País y en la Ciudad de México.

Iniciamos en el México Independiente y concluimos en la implementación de las oficinas del Registro Público en 1871.

En el México Independiente se continuó aplicando la legislación española. Ya que aun con  la Independencia y la creación del Estado Mexicano, no fue posible que de inmediato se redactaran leyes que abarcaran todas las necesidades del pueblo; por lo mismo se  tuvo que seguir utilizando las antiguas disposiciones en tanto no chocaran con las ideas de soberanía. Para lo que la Junta Nacional Instituyente creada en noviembre de 1822 por el emperador Agustín de Iturbide emite el 18 de diciembre de 1822 el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano.

Estuvo compuesto por 8 Secciones y 100 artículos. Del cual citaremos la justificación que hacen de él la junta instituyente y sus dos primeros artículos que nos aclaran que la actividad notarial y registral continúa actuando dentro del marco legal de la administración independiente.

“Proyecto de Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano”

Porque la constitución española es un código peculiar de la nación de que nos hemos emancipado: porque aun respecto de ella ha sido el origen y fomento de horribles turbulencias y agitaciones políticas en que de presente se halla envuelta: porque la experiencia ha demostrado que sus disposiciones en general son inadaptables a nuestros intereses y costumbres y especialmente a nuestras circunstancias: y porque con tan sólidos fundamentos. El Emperador ha manifestado la urgentísima necesidad que tenemos de un reglamento propio para la administración, buen orden y seguridad interna y externa del estado, mientras que se forma y sanciona la constitución política que ha de ser la base fundamental  de nuestra felicidad, y la suma de nuestros derechos sociales: La Junta nacional instituyente acuerda sustituir a la expresada constitución española el reglamento que sigue:

Sección Primera. Disposiciones Generales

Capítulo Único

Artículo 1.- Desde la fecha en que se publique el presente reglamento, queda abolida la constitución española en toda la extensión del imperio.

Artículo 2.- Quedan, sin embargo, en sus fuerza y vigor las leyes, órdenes y decretos promulgados anteriormente en el territorio del imperio hasta el 24 de febrero de 1821, en cuanto no pugnen con el presente reglamento, y con las leyes, órdenes y decretos expedidos, ó que se expidieren en consecuencia de nuestra independencia.

Y porque entre estas leyes dictadas por las cortes españolas hay muchas tan inadaptables como la constitución, que aquí sería embarazoso expresar, se nombrará una comisión de dentro ó fuera de la junta que las redacte y haciendo sobre ellas las observaciones que le ocurran, las presente a la misma Junta ó al futuro Congreso, para que se desechen las que tengan por inoportunas.”

En 1829 en el Proyecto de Código Civil de Zacatecas se encuentra el capítulo denominado “Del Registro de Hipotecas”, si bien el Congreso no lo aprobó se inicio el vínculo moderno que existe entre los Códigos Civiles actuales y las Leyes y Reglamentos del Registro Público de la Propiedad.

En 1832 se estableció un Registro General de Hipotecas, once años más tarde se extinguió el 24 de noviembre de 1843, el cual transcribimos:

“MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA.

Decreto: se deroga el que cita del antiguo Estado de Zacatecas que estableció un registro general de hipotecas.

“Valentín Canalizo, etc., sabed: Que debiendo uniformarse la legislación en todos los Departamentos de la república conforme á las bases orgánicas, y no estando arreglado al sistema generalmente establecido en cuanto á los registros de hipoteca el decreto de la legislatura del antiguo Estado de Zacatecas de 9 de Diciembre de 1832, he acordado en junta de gabinete y decretado en uso de las facultades con que se halla investido el supremo gobierno por la nación, lo siguiente.

Art. 1. Se deroga en todas sus partes el decreto de congreso de extinguido Estado de Zacatecas de 9 de Diciembre de 1832, que mandó establecer un registro general de hipotecas en la secretaria de aquel superior tribunal de justicia.

Art. 2. En consecuencia, todos los registros de hipotecas que hayan de hacerse en lo sucesivo en aquel Departamento, se verificarán en el modo y términos que se practicaba antes de la fecha del citado decreto y conforme á las leyes comunes.

Art. 3. Todas las escrituras que hayan dejado de registrarse al tenor del mismo decreto, podrán registrarse donde corresponda dentro de los términos que prescriben las leyes y autos acordados de la materia, contados aquellos desde el día de la publicación de este decreto.

Art. 4. La secretaria del tribunal superior del Departamento sacará copia de los registros que obren en el general, correspondientes á cada partido, y los pasará al gobierno para que éste los remita á los oficio respectivos, y concluida esa operación se pasará ese registro general al oficio de hipotecas de la capital, cuidando el gobierno de publicar los avisos correspondientes para noticia de todos los vecinos del Departamento”.

En 1853 un hecho importante para conocer el desarrollo de lo que más tarde sería el Registro Público se da durante una de las administraciones de Santa Anna ya que  en ese año  Antonio López de Santa Anna dictó una ley y arancel sobre el Oficio de Hipotecas haciéndolo vendible y enajenable. Dicho Decreto dice:

Remate del oficio de hipotecas de Antonio López de Santa Anna

Octubre 20 de 1853 — Decreto del gobierno.– Manda rematar el oficio de hipotecas de esta capital.

Ministerio de Justicia.- El Excmo. S. presidente de la República se. ha servido dirigirme el decreto que sigue: 

Antonio López de Santa-Anna, etc., sabed: Que en, uso de las facultades que la nación se ha servido conferirme, he tenido a bien decretar lo siguiente: 

Art. 1. El oficio de hipotecas de esta capital se beneficiará para el erario público, rematándolo en almoneda a favor del mejor postor. 

2. Antes de sacarse a la almoneda se valuará conforme al art. 10 de la ley de 29 de Setiembre último, y el remate se efectuará conforme a las leyes y reglas establecidas para los oficios vendibles y renunciables. 

(Nota del autor: en la parte final de este Decreto se transcribe el artículo 10 de la ley del 29 de septiembre  1853, citada en el artículo 2)

3. La propiedad del oficio, manera de servirlo, sus renuncias y caducidad, se ajustará en lo sucesivo a lo prevenido en la citada ley de 29 de Setiembre. En el caso del art. 13 de la referida ley, lo servirá el escribano que nombre el gobierno percibiendo la mitad de las utilidades. 

(Nota del autor; igualmente se cita al final el artículo 13 de la ley del 29 de septiembre)

4. El escribano ó abogado que se encargue del despacho del oficio, será el inmediatamente responsable de las operaciones relativas a, ese oficio, y asistirá personalmente a su despacho. 

5. Al ayuntamiento corresponde solamente, por medio de su secretario, la inspección y vigilancia para la seguridad de la oficina y de sus libros, su buen arreglo y conservación, y el cuidado de que esté abierto para el servicio público desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde, en todos los días que no sean festivos para las oficinas y tribunales. 

6. El secretario actualmente encargado del oficio lo entregará por inventario al que lo haya de servir. 

7. Los derechos del oficio de hipotecas se cobrarán en lo sucesivo, así a los particulares como a las comunidades, corporaciones, compañías ó varias personas, sin distinción alguna, con arreglo al arancel siguiente, salvo el privilegio del fisco y de los negocios de gobierno ó ayuntamiento, de los ayudados por pobres, de las religiones reformadas mendicantes que no tienen bienes ni rentas en común, hospitales de dementes y de lazarinos, casas de expósitos, a quienes no se exigirá sino los costos de papel y lo escrito. 

ARANCEL. 

Registro de censos. 

Primero.- Por registrar en los libros de cabildo las escrituras de hipotecas, censos y otros gravámenes, sin diferencia de fojas que contenga el instrumento, ni otra alguna, se pagarán al escribano anotador dos pesos, siendo la imposición sobre una finca, pero siendo sobre dos ó más, llevará tres pesos. 

Cancelaciones. 

Segundo.- Por la cancelación de los expresados censos ó gravámenes, y razón que se pone al margen de las partidas de quedar borrados y tildados, designándose por la parte mes y año, se pagarán dos pesos, sea cual fuere el monto del gravamen; pero si la parte no designa mes y año de su otorgamiento, se pagarán cuatro pesos, sin distinción de fincas, número de años ni de fojas. 

Testimonios de gravámenes. 

Tercero.- Por los testimonios de los censos, hipotecas ó gravámenes que reportan se pagarán, a más del costo de las fincas, papel, dos pesos por cada partida, siempre que no excedan de tres; pero si excedieren se pagarán las tres primeras a dos pesos como va dicho, y las excedentes a razón de un peso por cada una de las que consten en los libros, y no hallándose ninguna llevara  el escribano cuatro pesos. 

Reconocimiento de títulos.

Cuarto.- Por el reconocimiento de los títulos de las expresadas fincas para reducir a partida el registro, origen, situación, términos y linderos, se cobrará a razón de seis granos por foja, siempre que no excedan de ciento, pero si excedieren se cobrarán tres granos por cada una de las de exceso, sin cobrarse separadamente cosa alguna por los apuntamientos ó extracto que haga el escribano de las constancias de los títulos, pues eso es el reconocimiento a que van asignados estos derechos. 

Cuando se trate de reconocimiento que ya el mismo escribano hubiere hecho de aquellos mismos títulos dentro del año antecedente, solamente se pagará la mitad de los derechos aquí asignados. 

Buscas. 

Quinto.- Por las buscas de escrituras y demás instrumentos contenidos en los protocolos, libros de censos y de cancelaciones de los escribanos difuntos que se custodian en el oficio de ayuntamiento, siendo hasta de diez años el tiempo anterior en que se hubiere otorgado, llevarán a peso por cada uno de los que buscare; mas de los que pasaren de diez, solo cobrarán a razón de cuatro reales por cada uno. Del testimonio que diere del instrumento, cobrará el escribano, a más del papel, un peso por pliego del referido testimonio, cuyas planas tendrán al menos veinte renglones de a siete partes cada uno, y diez reales además por su cotejo y autorización. 

Prevenciones generales. 

Sexto.- De los productos del oficio de hipotecas ó derechos que en él se cobraren, se llevará asiento diario en un libro al efecto, y en el calce ó al margen de los testimonios de que habla el párrafo anterior, escrituras de que se toman razón y certificaciones, se asentarán los derechos que causaren. 

Sétimo.- Un tanto del presente arancel estará fijo en el oficio de hipotecas, para gobierno de los interesados. 

Octavo.- El escribano de diligencias del ayuntamiento de esta capital por lo relativo a las labores de su ramo, en los casos en que por las leyes puede cobrar derechos, se arreglará al de escribanos, que forma el capitulo 4º del arancel dado por la corte de Justicia en el año de 1840. 

8.- Este arancel se observará en todos los oficios de hipotecas de la República, y todos ellos estarán abiertos para el servicio público, desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde de todos los días que no sean feriados. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Palacio Nacional de Tacubaya, a 20 de Octubre de 1853.- Antonio López de Santa-Anna.- A. D. Teodosio Lares 

Y lo comunico a Usted para su inteligencia y fines consiguientes. 

Dios y libertad. México, Octubre 20 de 1853.- Lares. 

(Artículo 10 de la ley del 29 se septiembre de 1853 denominada; “Decreto del gobierno sobre Oficios vendibles y renunciables.” Artículo 10. Los avalúos de los oficios públicos  se harán por tres individuos que sean abogados o escribanos o de una y otra clase, nombrados por el juez de hacienda con acuerdo del representante del fisco y de los interesados. El mismo juez aprobará los avalúos y de su determinación podrá apelarse, y aun en su caso, suplicarse para ante el tribunal superior respectivo en grado)

(Artículo 13 de la ley del 29 de septiembre de 1853. Artículo 13. Mientras algún oficio público de los expresados en el artículo 4º no esté vendido, o no haya escribano o abogado que lo sirva con arreglo a esta ley y demás disposiciones legales, lo despachará el juez de primera instancia del fuero común del lugar que designe el gobierno supremo, actuando, con testigos de asistencia, cuidando el archivo, que estará bajo su responsabilidad, y repartiendo por mitad las utilidades entre él y el dueño. El juez, en caso de caducidad, percibirá siempre la mitad de las utilidades y remitirá mensualmente a la respectiva oficina de hacienda la otra mitad correspondiente al erario público, con relación jurada de las escrituras otorgadas en el mes, y de los derechos cobrados por cada una de ellas.) 

Como podemos leer en el Decreto en su artículo número 1 se dicta que el oficio será rematado “a favor del mejor postor”, y en los siguientes artículos regula, el precio, las responsabilidades del que sirva en este oficio, el modo de inspección, la forma de cobrar los derechos y su arancel, que abarca desde el arancel del  registro de los libros en el cabildo, cancelaciones, testimonios, reconocimientos de los títulos, buscas de las escrituras, y sus prevenciones generales, esta organización del registro de hipotecas nos refleja la importancia que tenia un buen registro desde el punto de vista  hacendario así como su importancia para la sociedad en ese momento.

Posteriormente el presidente Juárez  expidió el 4 de febrero de 1861, el “Decreto del Gobierno sobre contribución predial y otras”.

Señala el registro y arancel de las hipotecas,  éste decreto está conformado por seis secciones con 129 artículos. De las cuales comentaremos la Sección Segunda; “Derechos sobre Hipotecas”.

Decreto del gobierno

Sobre contribución predial y otras.

Excmo. Sr. – El Excmo. Sr. presidente se ha servido dirigirme el decreto que sigue: 

El C. Benito Juárez, presidente interino constitucional de los Estado-Unidos Mexicanos, á todos á sus habitantes, sabed: 

Que en uso de las amplias facultades con que me hallo investido, y 

Con el objeto de preparar el debido cumplimiento del precepto constitucional que hace cesar en toda la República las aduanas interiores, he tenido á bien decretar lo siguiente: 

SECCION PRIMERA. 

Contribución predial. 

Art. 1. La contribución directa sobre predios rústicos continuará cobrándose en el Distrito, bajo las mismas reglas hasta ahora establecidas, uniformándose su cuota desde lº de Enero de 1862 á razón de cuatro al millar. 

30. Toda autoridad, escribano, perito ú otra cualquiera persona que contribuyere de cualquiera manera á que se defraude el todo ó parte de las contribuciones que se establecen por esta ley, pagará por vía de multa una cantidad igual á la que se deba exigir al contribuyente, sin perjuicio de las demás penas á que se hiciere responsable conforme á las leyes. 

….

34. En los testimonios de las escrituras sobre contratos de traslación de dominio, por cualquier título que fuese, se insertará el recibo del último tercio de contribuciones, sin cuyo requisito no surtirá efecto legal alguno, y los escribanos ocurrirán en la responsabilidad consiguiente. 

SECCION SEGUNDA

Derecho sobre hipotecas.

36. Estarán sujetos al derecho de hipotecas que se establece por esta ley y desde su publicación: 

1º Toda traslación de dominio de bienes inmuebles, cualquiera que sea el título con que se verifique. 

2º Toda imposición y redención de censos, depósitos ú otras cargas sobre los mismos. 

37. Quedan exentas de este derecho las herencias en línea recta de ascendientes ó descendientes. 

38. Las transversales, legados, etc., continúan sujetas á la ley de 18 de Agosto de 1843. 

39. En las traslaciones de propiedad de bienes inmuebles, el derecho será pagado por el adquiridor; en las imposiciones de censos, depósitos ú otras cargas por los censualistas ó personas á cuyo favor se impongan; en las redenciones, por el que las hace, y en las hipotecas, por aquel á cuyo favor se constituyan. 

40. Para exigir el derecho de las traslaciones de propiedad, se deducirá del valor total de los inmuebles, el importe de las cargas con que estén gravados, siempre que se acrediten por escrituras públicas; de manera que no se exija el derecho sino con respecto al precio liquido que haya que desembolsar el adquiridor, ya sea al contado ó en plazos, y ya sea la paga en dinero ó en otros objetos. 

41. En las traslaciones de bienes inmuebles, el derecho será el tres por ciento del precio líquido mencionado. Si la traslación se hiciere con la cláusula de retrocesión y ésta tuviere efecto, solo se devengará en ella el uno por ciento. 

42. En las permutas de bienes inmuebles, el derecho se pagará una sola vez por el valor en que se igualen los inmuebles, satisfaciéndose la mitad del derecho por cada propietario. 

43. Si hubiere diferencia en los valores, el tres por ciento de ella se satisfará por el que adquiera lo de mayor precio. 

44. En las imposiciones y redenciones de censos, depósitos y otras cargas que hayan de reportar los bienes inmuebles, se causará el dos por ciento. 

45. En los contratos de prórroga de las imposiciones y demás cargas, el derecho será el uno por ciento. 

46. En las simples hipotecas de bienes inmuebles para la garantía de otros contratos, se causará uno y medio por ciento. 

47. El oficio de hipotecas dependerá inmediatamente de la dirección de contribuciones directas; pero como depósitos dichos oficios de los actos que en ellos hayan de registrarse, estarán sujetos á la inspección de la autoridad judicial correspondiente. 

48. De todos los actos sujetos al pago de derechos de hipotecas, ha de tomarse razón en el oficio respectivo al lugar en que se hallen las fincas; presentándose al efecto por los interesados, en el término de ocho días, copias autorizadas de los contratos, cuando éstos se hayan celebrado en el lugar en que existe la finca; y cuando lo hayan sido en otros, el plazo se prorrogará á razón de un día por cada cinco leguas de la distancia que mediare. 

49. Todas las escrituras destinadas á formalizar los contratos especificados en este decreto, deberán consignarse en un protocolo público, y contendrán la cláusula de que serán nulos si dentro de los plazos fijados en el artículo anterior no se presentan al registro las copias autorizadas de dichas escrituras. 

50. Cuando en algún contrato de traslación de propiedad no conste el valor del inmueble, se suplirá esta falta por medio de la tasación, que se efectuará á costa del causante. 

51. El pago del derecho de hipoteca se verificara en la dirección de contribuciones directas, antes de hacerse el oficio en el registro de hipotecas á que pertenezca la finca según su situación. 

52. Dicho pago se hará con presencia de las copias autorizadas de los documentos arriba designados; asentándose el recibo suscrito por el director al pié de la copia del documento, con la debida referencia á la partida del libro de la cuenta en que quede hecho el cargo. Esta copia, con la anotación del recibo, se presentará al oficio de hipotecas, por lo que se hará el registro correspondiente en el libro que al efecto se llevará. 

53. El libro de registro de hipotecas se abrirá el 1º de Enero y se cerrará el 31 de Diciembre de cada año. Su primera y última fojas estarán firmadas por el director de contribuciones directas y por el juez de lo civil más antiguo: en las citadas primera y última fojas se expresará el número de las que contenga el libro; en las fojas intermedias pondrán su medía firma el director, y en todas se estampará el sello de la oficina y del juzgado, si lo tuviere. 

54. Este libro se llevará con la mayor exactitud y limpieza, sin permitirse enmendaturas ni raeduras, pues en los casos de enmienda ó adiciones, se tachará lo que no valga, de manera que quede legible, ó se entrerrenglonará ó se asentará al margen lo que se tuviere que agregar, salvándose al pié de cada registro lo tachado y lo agregado, antes de la firma del escribano ó juez á cuyo cargo estuviere el oficio. 

55. Cada registro debe expresar: primero, la fecha en que se hace: segundo, la del documento que registra: tercero, el contrato á que se refiere: cuarto, los nombres de las partes contratantes y del escribano ó juez que por ante quien pase el contrato: quinto, la finca ó inmueble cuyo domino se traslada, ó en la que se hace la imposición, ó que se liberta por la redención, ó que se hipoteca: sexto, el valor del inmueble en los casos de traslación, el del capital en los de imposición ó redención, ó el de la cantidad que se asegura por medio de la hipoteca: séptimo, la fecha y oficina en que se haya hecho el entero del derecho de hipotecas, con expresión de la cantidad de su importe. Tratándose de gravámenes, se expresara también el interés anual y término de la imposición, y respecto de las hipotecas, el tiempo que comprendan. 

56. Estos libros tendrán índices exactos que faciliten la consulta de los asientos que contengan. 

57. Los individuos que en los plazos antes fijados no presenten al registro los documentos sujetos á él, pagaran la multa de doble derecho de hipotecas, si los presentaren dentro de un término igual al ya vencido. Sí exceden de este término, la multa se elevara al cuádruplo del derecho, además de las costas del apremio, si es menester emplearlo para obligar á la presentación. 

58. Todo titulo ó documento que estando sujeto al registro de este libro de hipotecas conforme á las disposiciones de esta ley, no se hallare registrado, será nulo y de ningún valor en juicio y fuera de él. 

59. Los que para el registro de los contratos presenten un documento en que el valor ó precio de la cosa contratada se halle disminuido en un décimo, pagarán el cuádruplo del derecho que á su contrato corresponda. Si la disminución excede al décimo, la multa será doble de la anterior, sin perjuicio de las demás penas que las leyes comunes señalan á los reos de semejantes ocultaciones. 

60. El director de contribuciones directas pasará visita una vez á lo menos cada año al oficio de hipotecas, para cerciorarse de la exactitud con que se llevan los asientos prevenidos, dando aviso al gobierno de las faltas que note. 

61. Los jueces y escribanos ante quienes tengan lugar los actos sujetos á registro, están obligados á dar aviso de ellos á la expresada oficina de contribuciones directas en el mismo día en que se firmen los contratos por cualquiera de las partes contratantes, á fin de que dicha oficina esté á la mira de que se le presente la copia autorizada del mismo contrato, para el pago de derecho de hipotecas. Por la falta de aquel aviso, los escribanos ó jueces incurrirán en una multa de cincuenta pesos; si reincidieren, además de una multa igual, serán suspensos por dos meses. Pero si volvieren á reincidir, la suspensión no bajara de un año. A la cuarta reincidencia quedarán destituidos del cargo é inhabilitados para obtener otro. 

62. En el mes de Enero de cada año, todos los escribanos y jueces remitirán á la dirección de contribuciones directas una relación de los instrumentos otorgados ante ellos en el año anterior y que debieron ser registrados. El oficio de hipotecas le remitirá igualmente noticia de los que se registraron en el propio año. La oficina de contribuciones confrontará ambas noticias, para perseguir á los que hayan defraudado el derecho y sido cómplices ú ocultadores de la defraudación, siempre que por razón de oficio hubiere debido dar y no hayan dado los avisos correspondientes. 

63. Los jueces y escribanos ante quienes pasaren los contratos sujetos á registro, y el encargado del oficio de hipotecas, si no remitieren en el mes de Enero las noticias prevenidas en el articulo anterior, incurrirán por ese hecho en una multa de cincuenta pesos, sin perjuicio de que consten la saca de la noticia, que mandará practicar la oficina de contribuciones directas. 

64. Los jueces ó autoridades que en juicio ó fuera de él, admitan un documento no registrado, siendo de los sujetos á esta formalidad, incurrirán por primera vez en la pena de suspensión de empleo por dos meses, y en la multa del duplo del derecho defraudado; y en la misma multa y destitución del empleo si reincidieren. 

65. En iguales penas incurrirán los escribanos que actúen diligencias de cualquiera especie por virtud de un documento sujeto á registro, y no registrado. 

66. Las multas prevenidas en los artículos precedentes han de exigirse sin perjuicio de las que deben pagar los que no hayan presentado al registro los documentos sujetos á él. 

67. Los derechos y multas á los causantes, serán cobrados por la oficina de contribuciones directas, usando al efecto de la facultad coactiva. La imposición de penas y multas á los jueces y escribanos que incurrieren en ellas, serán aplicadas por los jueces del distrito. 

68. Desde la publicación de esta ley, quedan derogadas todas las disposiciones relativas á la exacción del derecho de traslación de dominio, ó sea alcabala de venta de fincas; siguiendo desde dicha fecha las contenidas en esta misma ley. 

Aquí podríamos destacar que el artículo 47 ordena que el oficio de hipotecas quede bajo el mando y supervisión de la “Dirección de Contribuciones directas”

Esto nos dice que El estado tiene una mayor vigilancia sobre este oficio de hipotecas.

Por su parte los artículos 53, 54, 55 y 56 ordenan  la forma de registrar las hipotecas 

En el 53 ordena las fechas de apertura y cierre del libro de registro de las hipotecas, las firmas que le dan validez oficial las anotaciones que debe contener así como el sello.

En el 54 ordena que no debe llenar enmendaduras, la forma de salvar los datos, muy parecido a que no se lleva en el protocolo del notario.

En el 55 fija como debe llevarse  el registro de cada hipoteca, como podemos ver de una forma bastante completa.

En el 56 ordena la creación de un índice para facilitar la consulta de los asientos.

Un personaje importante de la época es Fernando Maximiliano de  Habsburgo.

Maximiliano de Habsburgo llega al puerto de Veracruz en mayo de 1864,  terminando el denominado “segundo imperio” en  mayo de 1867.

Durante su breve gobierno Maximiliano decidió que debían ocuparse grandes extensiones del territorio, para éste fin estableció por decreto “la junta de colonización” el 28 de marzo de 1865, que transcribimos en lo que creemos interesa al tema:

DECRETO ESTABLECIENDO UNA JUNTA DE COLONIZACION

MAXIMILIANO, Emperador de México:

Considerando que uno de los principales elementos de prosperidad de Nuestro Imperio es la población, y que el medio más pronto y más seguro de aumentarla es proporcionar tierras á los inmigrantes que vengan á establecerse en el país.

Hemos venido en decretar y Decretamos:

Art. 1º Se establece una Junta llamada de Colonización, compuesta de nacionales y extranjeros, y sujeta al Ministerio de Fomento.

Art. 2º La Junta tiene por objeto estudiar y proponer los proyectos de ley y de reglamentos, en lo relativo á colonización, libre y á costa de los inmigrantes, ó por cuenta del Tesoro Imperial, y en lo tocante al descubrimiento, deslinde y distribución de los terrenos baldíos.

 Las cuestiones á que dará lugar preferente en su resolución, serán:

I. Medios prácticos para llegar á conocer cierta y prontamente en cada Departamento, las propiedades de dominio público y los terrenos nacionales.

II. Medios prácticos para recobrar los terrenos ocupados indebidamente por personas que no tienen sobre ellos derecho alguno.

III. Manera en que pueda lograrse que los legítimos propietarios cedan en venta para los colonos la parte inculta de sus tierras, adoptando de preferencia el sistema Farnier.

IV a X …

Art. 3º Un reglamento especial, formado por Nuestra Secretaría de Fomento, fijará las atribuciones de la Junta de colonización, y la manera con que han de ejercerlas.

Dado en el Palacio de México, á 28 de marzo de 1865.

(Firmado) MAXIMILIANO

Por el Emperador,

El Ministerio de Fomento,

(Firmado) Luis Robles Pezuela.”

Como se puede ver en el artículo 2 de este decreto se propone un deslinde y distribución de los terrenos baldíos es su fracción I propone conocer cuáles terrenos son baldíos. En su artículo tercero ordena la creación de un reglamento para esta “junta” mismo que se emitió el 31 de marzo de 1865 y que estableció en lo conducente:

“REGLAMENTO

PARA LA EJECUCION DEL DECRETO DE 28 DEL CORRIENTE QUE ESTABLECE UNA JUNTA DE COLONIZACION.

Art. 1º La Junta de colonización en la capital del Imperio, se compone de doce individuos nombrados por el Ministerio de Fomento, de los cuales cuatro serán mexicanos y el resto extranjeros.

Art. 2º a  6º …

Art. 7º En cada Departamento habrá una Junta auxiliar compuesta de cinco individuos, dos nacionales y tres extranjeros, hacendados ó comerciantes, nombrados por la Junta principal de esta corte.

Art. 8º  a 11. …

El Ministro de Fomento,

(Firmado) LUIS ROBLES PEZUELA”.

En estos dos documentos podemos apreciar que Maximiliano al fundar esta “Junta de colonización” con su Reglamento  en los últimos días de marzo de 1865 se encuentra con la necesidad de registrar los terrenos y dueños de una gran superficie que componía a México, creemos que podríamos sostener la hipótesis que este proyecto es el inicio de la idea de contar con un registro de la propiedad en nuestro país, ya que hasta esa fecha sólo se refería al oficio de hipotecas.

Continuando con el breve gobierno de Maximiliano otra fecha importante es el  21 de diciembre de  1865 fecha en que  Maximiliano emitió la “Ley Orgánica del Notariado y del Oficio de Escribano” que tuvo muy corta duración (2 años) donde se toca lo relativo al registro de hipotecas.

En su Artículo 22, establece que el oficio de hipotecas debe estar a cargo de alguno de los Notarios públicos que hubiere en el Distrito. 

Continúa estableciendo que en donde las circunstancias lo requieran, habría un Notario exclusivamente dedicado a ese objeto.

Por su parte el artículo 23 establece que en los Distritos en que no hubiere Notario, el registro de hipotecas debe estar a cargo del Juez de primera instancia, o de instrucción. 

Este artículo 23 tiene similitud al artículo 13 de la ley del 29 de septiembre de 1853 citado arriba.

En el artículo 60 de la Ley dice que la Notaria a cuyo cargo se encontrase el oficio de hipotecas debía estar en el local que para ello debe proporcionar, en la misma casa municipal, el Ayuntamiento del lugar respectivo.

Presidente Don Benito Juárez García

Una vez restablecida la República el Presidente Don Benito Juárez García emite la  “Ley Orgánica de Notarios y Actuarios del Distrito Federal”  el 29 de noviembre de 1867.

En su artículo 60 se establece que la oficina de hipotecas de México debe seguir situada en las casas municipales, y continuar despachándose en los mismos términos en que se venía llevando a cabo, hasta en tanto se expidiese una ley especial sobre arreglo de los oficios de hipotecas. 

Aquí debemos recordar lo que establece el Decreto del Gobierno sobre Contribución Predial y Otras que expidió el Presidente Juárez el 4 de febrero de 1861.

En dicho decreto en su artículo 47, establece que el oficio de hipotecas dependerá inmediatamente de la Dirección de Contribuciones Directas; y sigue diciendo que como depósitos dichos oficios de los actos que en ellos hayan de registrarse, estarán sujetos a la inspección de la autoridad judicial correspondiente. 

Por su parte el artículo 49 del Decreto del Presidente Juárez, establece la forma en que los contratos deben otorgarse; se dice que deberán consignarse en un protocolo público, y contendrán la cláusula y de que serán nulos si dentro de los plazos fijados en el artículo 48 del decreto, el cual transcribiremos en el siguiente párrafo, no se presentan al registro las copias autorizadas de dichas escrituras. 

“48. De todos los actos sujetos al pago de derechos de hipotecas, ha de tomarse razón en el oficio respectivo al lugar en que se hallen las fincas; presentándose al efecto por los interesados, en el término de ocho días, copias autorizadas de los contratos, cuando éstos se hayan celebrado en el lugar en que existe la finca; y cuando lo hayan sido en otros, el plazo se prorrogará á razón de un día por cada cinco leguas de la distancia que mediare.”

En virtud de que el Presidente Juárez aplica las Leyes expedidas por su  Gobierno en  la parte relativa a la Ley del Notariado, respecto al Oficio de Hipotecas (artículo 60) creemos que le es aplicable el Decreto de 4 de febrero de 1861.

El Código Civil de Veracruz de 1868 seguido del de el Estado de México de 1870 contiene el título “Del Registro Público”.

CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL

Y TERRITORIO DE LA BAJA CALIFORNIA

1870

Durante la administración del Presidente Juárez se emite el “Código Civil para el Distrito Federal y Territorio de la  Baja California” en el año de 1870 entrando en vigor en 1871 en éste Código incluye el establecimiento del Registro Público, la Comisión redactora de éste Código emitió el 15 de enero de 1870 la ”Exposición de los cuatro libros del Código Civil del Distrito Federal y Territorio de la Baja California” que dicha  Comisión presento al Gobierno. 

La citada Comisión se integro por los Señores Mariano Yañez; J.M. Lafragua; Isidro A. Montiel y Duarte; Rafael Dondé y J. Eguía Lis, secretario.

De la cual tomamos lo relativo al Registro Público:

“…PARTE EXPOSITIVA.- TITULO VEINTITRES.- DEL REGISTRO PÚBLICO.

Este sistema, nuevo enteramente entre nosotros, ha sido adoptado por la comisión á fin de hacer mas seguros los contratos y menos probable la ocultación de los gravámenes y demás condiciones de los bienes inmuebles. Probablemente requiere mayor desarrollo: pero la comisión ha creído, que bastaba establecer las bases principales, dejando á los reglamentos administrativos toda la parte mecánica, que debiendo sufrir todas las modificaciones que vaya dictando la experiencia, puede ser objeto de progresivas reformas, sin que tal vez sea necesario en mucho tiempo tocar el Código

El capítulo 1º contiene las disposiciones generales, sobre las que solo observará la comisión: que las comprendidas en el artículo 3331, son exigidas por la prudencia con el objeto de cerrar la puerta á los abusos que pueden cometerse, tratándose de actos de que no hay antecedentes, y que por lo mismo requieren una comprobación especial.

Trata el capítulo 2º de los títulos sujetos á inscripción. La simple lectura de los artículos relativos prueba su conveniencia y solo merece alguna explicación el 3334 que se previene: que no sea necesaria la inscripción cuando el interés no llegue á quinientos pesos; porque ni es justo en al caso aumentar los gastos, ni en negocio de tan pequeña cuantía parece necesaria esa solemnidad, que sin embargo no por esto queda prohibida.

El capítulo 3º contiene las reglas generales del registro. La contenida en el artículo 3348, puede ofrecer algún inconveniente; porque la torpeza ó mala intención del registrador puede embarazar la inscripción; pero este es sin duda un mal mucho menor que el que resultaría de una inscripción ilegal, ya consista el defecto en el mismo título, ya con la falta de representación. En estos casos los perjuicios serían muy trascendentales; en el primero no habrá mas que alguna dilación.

Comprende el capítulo 4º las reglas para que el registro se considere legalmente extinguido. Como todas ellas son de conocida justicia, positiva conveniencia y fácil aplicación, no parece necesario fundarlas de un modo especial…”.

La parte final de la parte expositiva dice:

“…La comisión ha concluido su trabajo. Ni el proyecto ni las exposiciones son obras perfectas. No el primero, porque como otra vez se ha dicho, no es posible un código completo; lo cual debe considerarse como un mal de todo punto irremediable. No las segundas, porque habría sido necesario escribir un comentario de todo el proyecto. Este, por lo mismo, debe considerarse como un ensayo de legislación civil, que los jurisconsultos venideros perfeccionarán, cuando la experiencia haya demostrado los muchos defectos que sin duda contiene. Las exposiciones no son mas que indicaciones de algunos fundamentos en que la comisión se ha apoyado, para introducir principios nuevos o reformar los que hoy rigen. Pero en toda la obra ha procedido con el mas asiduo empeño, las mas completa buena fe y el deseo mas sincero de contribuir al bien de sus conciudadanos…”

El Código contiene el Título 8º del Libro III, del cual transcribimos el Capítulo IV, denominado del Registro de hipotecas. 

“…CAPITULO IV.- Del registro de las hipotecas.

Art. 2016.- La hipoteca no producirá efecto alguno legal sino desde la fecha en que fuere debidamente registrada.

2017.- Los jueces ante quieres se presenten testamentos que contengan nombramientos de tutor, y los que disciernen este cargo respecto de menores ó incapacitados, cuidarán bajo su responsabilidad, de que se registren dentro de seis días las hipotecas que para la seguridad de la administración constituyan los tutores o sus fiadores.

2018.- Los notarios ante quienes se otorguen escrituras dotales o de donaciones ante nupciales, o de bienes parafernales, que estuvieren asegurados con hipotecas constituidas por los maridos harán que dentro del mismo termino se verifique el registro de esas hipotecas; bajo la pena de indemnización de daños y perjuicios: en caso de insolvencia, perderán el oficio.

2019.- En el mismo término de seis días registraran los tutores las hipotecas constituidas a favor de los menores y demás incapacitados. De la omisión del registro no habrá lugar a la restitución in integrum que perjudique a otro acreedor que haya registrado en el intermedio; y los tutores serán responsables de todos los daños y perjuicios que de ella sigan.

2020.- El término señalado en los tres artículos anteriores, se contará desde el día en que se haya constituido la hipoteca, no incluyéndose en él los días que fueren feriados ni los necesarios para la ida y vuelta del correo.

2021.- Los notarios ante quienes se otorguen escrituras en el que se constituya hipoteca, deberán comenzarlas con inserción de un certificado del encargado del registro, en el que consten los gravámenes anteriores o la libertad de la finca.

2022.- Los notarios que omitan este requisito incurrirán en la pena de pagar los daños y perjuicios que causaren; y en caso de insolvencia, en la suspensión de oficio por dos años.

2023.- Siempre que se advierta que por negligencia de los jueces o notarios, o por cualquiera otra causa, no se ha hecho el registro en el término legal, podrá hacerse; pero la hipoteca no surtirá efecto sino desde la fecha del registro. Los que resulten responsables, quedarán obligados al pago de daños y a la indemnización de perjuicios.

2024.- El registro se hará en los libros de los oficios de hipotecas, cuyos términos pertenezcan por razón de su ubicación los predios hipotecados.

2025.- El acreedor que pretenda registrar su hipoteca, presentara en el oficio respectivo el título original.

2026.- En el registro constarán:

1º. Los nombres, domicilios y profesiones del acreedor y deudor. Las personas morales se designarán por el nombre oficial que llevan y las compañías por su razón social:

2º. La fecha y naturaleza del crédito: la autoridad o el notario que lo suscriba y la hora en que se presente al registro:

3º. La especie de derecho que se constituya, transmita, modifique o extinga por el título; así como el contrato, partición o juicio de que proceda:

4º. El monto del crédito:

5º. Si cause réditos, se expresaran la tasa de ellos y la fecha desde que deben correr:

6º. La época desde la cual podrá exigirse el pago del capital:

7º. La naturaleza del derecho real ó de los predios hipotecados con la ubicación de éstos, sus nombres, números, linderos y demás circunstancias que los caractericen:

8º. El pago de las contribuciones a que estuviere sujeta la finca hipotecada:

2027.- Los bienes inmuebles o derechos reales que se entreguen como dote estimada, se inscribirán a nombre del marido en el registro de propiedad, en la misma forma que cualquiera otra adquisición de dominio; pero expresándose en la inscripción la cuantía de la dote de que dichos bienes hagan parte, la cantidad en que hayan sido estimados, y la hipoteca dotal que sobre ellos quede constituida.

2028.- Al tiempo de inscribir la propiedad de tales bienes a favor del marido, se inscribirá la hipoteca dotal que sobre ellos se constituye, en el registro correspondiente.

2029.- Cuando la mujer tuviere inscrito, como de su propiedad, los bienes inmuebles que hayan de constituir dote inestimada, o los parafernales que entregue a su marido, se hará constar en el registro la calidad respectiva de unos y otros bienes, poniendo una nota que lo exprese así, al margen de la misma inscripción de propiedad.

2030.- Si dichos bienes no estuvieren inscritos a favor de la mujer, se inscribirán en la forma ordinaria expresando en las inscripción su calidad de dotales o parafernales.

2031.- Siempre que el registrador inscriba bienes de dote estimada a favor del marido en el registro de la propiedad, hará de oficio la inscripción hipotecaria correspondiente en el registro de las hipotecas.

2032.- Si el título presentado para la primera de dichas inscripciones, no fuere suficiente para hacer la segunda, se suspenderán una y otra, tomando de ambas la anotación preventiva que corresponda.

2033.- Es nulo el registro hecho en contravención a los dispuesto en los artículos 2021 y 2024 a 2026.

2034.- Cualesquiera otras omisiones pueden ser subsanadas a costa del acreedor.

2035.- Todas las anotaciones del registro se inscribirán y numerarán las unas a continuación de las otras, sin enmentaturas ni entrerrenglonaduras, ni más espacio que el necesario par que se distingan; y se firmarán siempre por el encargado del registro.

2036.- Si fuere indispensable hacer alguna enmienda o entrerenglonadura, se salvará al fin y se autorizará también con la firma del encargado.

2037.- El registro conservará sus efectos mientras no fuere cancelado o se declare preescrito.

2038.- El registro de las hipotecas contraídas en país extranjero, solo producirá efecto en el Estado, hallándose el título respectivo debidamente legalizado.

2039.- El que falsamente haga registrar o cancelar cualquiera hipoteca, será responsable de los daños y perjuicios, y sufrirá además las penas que la ley impone a los falsarios.

2040.- Los encargados de los oficios de hipotecas tienen obligación de dejar ver los registros a cualquiera persona que lo pretenda, y de expedir las certificaciones que se les pidan de la libertad o gravámenes de las fincas.

2041.- Los encargados del registro son responsables, además de las penas en que puedan incurrir, de los daños y perjuicios a que dieren lugar:

1º Si rehúsan o retardan la recepción de los documentos que les sean presentados para su registro:

2º Si no hacen los registros en la forma legal:

3º Si rehúsan expedir con prontitud los certificados que se les pidan.

4º Si comenten omisiones al extender las certificaciones mencionadas; salvo si el error proviene de insuficiencia o de exactitud de las declaraciones que no sean imputables.

2042.- En los casos de los número 1º y 3º del artículo que precede, los interesados harán constar inmediatamente por información judicial de los testigos el hecho de haber rehusado el encargado del registro, a fin de que pueda servirles de prueba en el juicio correspondiente…”.

En  el Título Vigésimo Tercero, se regula el Registro Público, y su estructura es la siguiente:

Capítulo I.- Disposiciones Generales, de los artículos 3324 al 3332. Capítulo II.- De los títulos sujetos á registro, de los artículos 3333 al 3346. Capítulo III.- Del modo de hacer el registro, de los artículos 3347 al 3355. Capítulo IV.- De la extinción de las inscripciones, de los artículos 3356 al 3363.

 Reglamento por el Ministerio de Justicia para el establecimiento del Registro Público.

Febrero 28 de 1871.

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública: El ciudadano Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

El C. Benito Juárez, Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que me concede la fracción I del artículo 85 de la Constitución Federal, he tenido a bien expedir el siguiente reglamento del título XXIII del Código Civil del Distrito y de la Baja California.

Título I

De las oficinas del registro público, de sus empleados y de los libros

que en ellas deben llevarse.

Artículo 1.- En cumplimiento de lo prevenido en el título XXIII del Código Civil, se establecerán tres oficinas denominadas: “Registro público de la propiedad” ; la primera en esta capital, la segunda en la ciudad de Tlalpam y la tercera en la capital del territorio de la Baja California.

Artículo 2.- La planta de dichas oficinas será la siguiente:

En esta capital.

Un director con sueldo de $3000.

Un oficial encargado de la sección 1ª de las numeradas en el artículo 3325 del Código civil; $2000.

Un escribiente para dicha sección  $600.

Un oficial encargado de la sección 3ª de las numeradas en el artículo referido $2000.

Un escribiente de dicha sección  $600.

Un oficial encargado de la sección 4ª  $2000.

En la ciudad de Tlalpam.

Un director con sueldo de $ 2000.

Un oficial encargado de las cuatro secciones del registro $1000.

Un escribiente  $600.

En la capital del territorio de la Baja california. Será la planta la misma que para la ciudad de Tlalpam.

Artículo 3.- Los actuales oficios de hipotecas que sean propiedad particular continuarán por ahora con el carácter que hoy tienen pero serán considerados como segundas secciones del registro público respectivo y quedarán sujetos a las prescripciones del Código civil y a las de este reglamento.

Artículo 4.- Las oficinas del registro dependen directamente del Ministerio de Justicia.

Artículo 5.- Para ser director del registro son requisitos indispensables:

I.- Ser abogado, con ocho años de práctica, ya en el ejercicio de la profesión, ya en la judicatura.

II.- No haber sido procesado por ningún delito del fuero común.

III.- Ser de notoria probidad. 

Artículo 6.- Para ser oficial del registro son requisitos indispensables:

I.- Ser abogado o notario con cuatro años de práctica.

II.- No haber sido procesado por ningún delito del fuero común.

III.- Ser de notoria probidad. 

Artículo 7.- Son obligaciones del director:

I.- Vigilar por el exacto cumplimiento de las prescripciones del Código  civil y las de este reglamento.

II.- Resolver las dudas que ocurran a los oficiales o a los interesados en los actos de registro.

III.- Recibir y proveer las peticiones del Ministerio público y autorizar con su firma cualquier acto del registro en que éste intervenga.

IV.- Suspender a los oficiales o escribientes en el caso de faltas graves, levantando sobre ellas una información sumaria, que remitirá desde luego al Ministerio de Justicia, para que éste determine lo conveniente.

V.- Encargarse personalmente del despacho de cualquier sección que quede vacante, entretanto se provea.

VI.- Remitir mensualmente al Ministerio de Justicia un estado completo de todos los actos registrados.

VII.- Practicar cada mes una visita a cada una de las secciones, haciendo constar un acta formal  el estado en que las encuentre, de la acompañara copia al estado que menciona la fracción anterior.

VIII.- Rendir por escrito al Ministerio de Justicia todos los informes que éste le pida, sobre el estado de la oficina o sobre la conducta de los empleados.

Artículo 8.- Son obligaciones de los oficiales del registro además de las que les impone el Código civil.

I.- Asistir con puntualidad a las horas de despacho que se fijen en el reglamento  económico de la oficina.

II.- Autorizar con su firma todas las inscripciones.

III.- Formar al fin de cada mes un estado completo de todos los actos registrados en su respectiva sección y entregarlo al director para los efectos que expresa la fracción VI del artículo anterior.

IV.- Consultar con el director todas las dudas que les ocurran.

V.- Suministrar al director en la visita mensual o siempre que los pida, todos los datos que necesitare.

VI.- Vigilar la conducta de sus subalternos.

Artículo 9.-  El Ministerio de Justicia entregará a cada oficina del registro los libros que necesiten.

Artículo 10.- Dichos libros estarán rotulados de la siguiente manera:

Libro número 1; Registro de la propiedad, oficina de (aquí la demarcación).

Libro número 2; Registro de hipotecas.

Libro número 3; Registro de arrendamientos.

Libro número 4; Registro de sentencias.

Artículo 11.- Cada uno de éstos estará autorizado en su primera y ultima foja, con las firmas del ministro de Justicia y el director de la oficina y rubricadas por el segundo en todas las demás.

Título II.

De los títulos sujetos a inscripción.

Artículo 12.- La obligación de trasmitir a otro el dominio de cualquier inmueble o derecho real o de constituir sobre uno u  otro  algún derecho de la misma especie, no estará sujeto a inscripción.

Artículo 13.- Tampoco lo estará la obligación de celebrar en lo futuro cualquiera de los contratos comprendidos en los artículos 3333 y 3334 del Código civil.

((Artículo 3333. Deben registrarse todos los contratos y actos entre vivos que trasmitan o modifiquen la  propiedad, la  posesión o el goce de bienes inmuebles o de derechos reales impuestos sobre ellos.

Artículo 3334. Cuando los bienes o derechos no excedan de quinientos pesos, no será necesario el registro.))

Artículo 14.- Estarán sujetas a registro, como comprendidas en los artículos citados en que precede, no solo las sentencias que expresamente declaren la incapacidad de alguna persona para administrar sus bienes o modifiquen con igual expresión su capacidad civil en cuanto a la libre disposición de su caudal, sino también todas aquellas que produzcan legalmente una u otra incapacidad, aunque no la declaren de un modo terminante.

Artículo 15.- Lo dispuesto en la fracción III del artículo 3325 y  en el 3335 del Código civil, respecto a la inscripción de los contratos de arrendamiento, será aplicable también a los subarrendamientos, subrogaciones, cesiones y retrocesiones de arrendamiento siempre que tengan las circunstancias expresadas en dichos artículos; pero no deberá hacerse en tales casos una inscripción nueva sino solo un asiento de nota marginal a la inscripción que ya estuviere hecha del arrendamiento primitivo.

((Artículo 3325. EI oficio se compondrá  de cuatro secciones:

1ª Registro de títulos traslativos del dominio de los inmuebles o de los derechos reales, diversos de la hipoteca, impuestos sobre aquellos:

  Registro de hipotecas:

3ª Registro de arrendamientos:

4ª Registro de sentencias.

Artículo 3335. Los arrendamientos no se registrarán sino cuando fueren por más de seis años o cuando hubiere anticipación de rentas por más de tres.))

Artículo 16.- Se entenderá por título para todos los efectos de inscripción, el documento público y fehaciente entre vivos o por causa de muerte, en que funde su derecho sobre el inmueble o derecho real, la persona a cuyo favor deba hacerse la inscripción misma.

Artículo 17.- Cuando dicha persona tuviere más de un título, bien porque siendo heredero o legatario, funde su derecho en un testamento y en una partición, bien porque poseyendo bienes que le han sido disputados, es mantenido en su propiedad por transacción o sentencia ejecutoria, o bien por otra cualquier causa, deberá inscribirse cada uno de dichos títulos, aunque, si fuere posible, se comprenderá en una sola inscripción.

Artículo 18.- El propietario que careciere de título de dominio escrito deberá inscribir su derecho, justificando previamente su posesión ante el juez de primera instancia del lugar en que estén situados los bienes, con audiencia del ministerio público si tratare de inscribir el dominio pleno de alguna finca y con la del propietario o la de los demás participes del dominio si pretendiere inscribir un derecho real.

Artículo 19.- Si los bienes estuvieren situados en pueblo o término donde no resida el juez de primera instancia, podrá hacerse dicha justificación ante el juez de paz respectivo, con audiencia del síndico del ayuntamiento, en todos los casos en que debería ser oído el ministerio público.

Artículo 20.- La intervención del ministerio público o del síndico, se limitará a procurar que se guarden en la justificación las formas de la ley.

Artículo 21.- Se considerarán documentos auténticos para los efectos de la ley, los que sirviendo de títulos al dominio o derecho real, estén expedidos por autoridad competente para darlos y deban hacer fe por sí solos. A este número pertenecen, entre otros, los documentos en que se otorga la concesión definitiva de las mismas o de los caminos de hierro las escrituras de adjudicación  otorgadas por la autoridad política, y las certificaciones de los actos de conciliación o verbales, en que  por convenio de las partes, se constituya algún derecho real sobre bienes determinados.

Artículo 22.- Los documentos otorgados en el extranjero no se podrán inscribir sino cuando concurriendo en ellos los requisitos que exige el artículo 3331 del Código civil, hayan sido oficialmente traducidos  ya por peritos nombrados por el tribunal superior o jueces de primera instancia, ya por la sección correspondiente del Ministerio de Relaciones.

((Artículo 3331. Los actos ejecutados, los contratos otorgados o las  sentencias pronunciadas  en país extranjero, solo se inscribirán án, concurriendo las circunstancias siguientes: 

  Que si los actos o contratos hubieran sido celebrados o las sentencias pronunciadas en el  Distrito Federal o en la California, habría sido necesaria su inscripción en el registro:

2ª Que estén convenientemente legalizados conforme a lo que disponga e Código de procedimientos:

3ª Si fueren sentencias cuya ejecución fuere ordenada por el Tribunal superior del Distrito o el de la California.))

Título III

De la forma y efectos de la inscripción

Artículo 23.- A cada finca se abrirá un registro particular  en cada uno de los libros correspondientes a las cuatro secciones.

Artículo 24.- Los asientos correspondientes a cada  finca se numerarán correlativamente, y se firmarán por el registrador.

Artículo 25.- Además de los casos previstos en los artículos 2041 y 2012 del Código civil, incurrirán en responsabilidad los registradores si infringen el artículo 3329 de dicho Código.

((Artículo 2041. Los encargados del Registro son responsables, además de las penas en que puedan incurrir, de los daños y perjuicios a que dieren lugar;

1º Si rehúsan o retardan la recepción de los documentos que les sean presentados para su registro: 

2º Si no hacen los registros en la forma legal:

3º Si rehúsan expedir con prontitud los certificados que se les pidan:

4º Si cometen omisiones al extender las certificaciones mencionadas; salvo si el error proviene de insuficiencia o inexactitud de las declaraciones, que no les sean imputables.

Artículo 2012. El asegurador de bienes inmuebles tendrá derecho de exigir una hipoteca especial sobre los bienes asegurados, cuyo dueño no haya satisfecho los premios del seguro de dos o más años; o de dos o más de los últimos dividendos, si el seguro fuere mutuo.

Artículo 3329. Ninguna inscripción puede hacerse si no consta que el que el la pretende, es actual dueño de los bienes, tiene derecho para exigir el registro o procede con poder legal del propietario.))

Artículo 26.- Se entiende por representante legitimo del interesado en una inscripción  para el efecto de pedirla según lo dispuesto  en el artículo que precede, aquel que deba representarle, con arreglo a derecho en todos ,los actos legales, como el padre, por el hijo que está bajo su potestad, el marido por la mujer, el tutor y el mandatario  aunque el mandato sea verbal o tácito.

Artículo 27.- Para asegurar la inscripción en el caso del artículo  3341 del Código civil, remitirá directamente al registrador, el notario  a quien se otorgue, a la autoridad que expida el titulo en que se reserve el derecho de tercero, los documentos necesarios para hacer dicha inscripción.

((Artículo 3341. Se registrarán además todas las transacciones, reservas,  condiciones, novaciones o cualquier otro acto que produzcan los efectos señalados en el artículo 3333.))

Artículo 28.- El cónsul mexicano en el extranjero que autorizare alguno de los actos o contratos a que se refiere el artículo anterior, cumplirá la obligación que en él se impone a los notarios.

Artículo 29.- Presentando el título en el registro y extendido en el acto el asiento de presentación, el registrador devolverá el documento al interesado.

Artículo 30.- Si en un mismo título se enajenaren o gravaren diferentes bienes situados en distintos partidos judiciales, se inscribirá cada uno de ellos  en los registros  respectivos, surtiendo efecto cada inscripción desde su fecha, en cuanto a los bienes en ella comprendidos.

Artículo 31.- Si la finca radicare en territorio de dos o más partidos judiciales, se hará inscripción en los registros de todos ellos incluyendo en cada uno, tan solo la parte de la misma finca que en él estuviere situada.

Artículo 32.- Cuando en un mismo título se enajenaren o gravaren diferentes fincas, se hará la correspondiente inscripción de la hoja destinada a  cada una de ellas, indicando en  cada inscripción las demás fincas comprendidas en el título, y en el folio  y número en que se hubieren hecho las inscripciones que a ellas se refieran.

Artículo 33.- Se considera como fecha de la inscripción para todos los efectos que ésta debe producir, la fecha del asiento de presentación, que debe constar en la inscripción misma. 

Artículo 34.- Cada una de las fincas que se inscriba por primera vez en los nuevos registros, se señalará con número diferente y correlativo.

Artículo 35.- Las inscripciones correspondientes a cada finca se señalarán con otra numeración correlativa y especial.

Artículo 36.- Para enumerar las fincas que, se inscriban conforme a  lo dispuesto en los artículos que preceden, se señalará con el número uno la primera, cuyo domicilio se inscriba en los nuevos  registros y con los números siguientes por orden riguroso de fechas, las que sucesivamente  se vayan inscribiendo en los mismos términos.

Artículo 37.- Cuando no sea  inscripción de dominio la primera que deba hacerse relativa a cualquier finca en el registro de la propiedad, se procederá en la forma siguiente:

Finca núm……. ( el que corresponda). “ Certifico; que en el libro ….. folio…. se halla una inscripción de propiedad, cuyo tenor es como sigue:

(Aquí la inscripción)

Concuerda con el asiento a que me refiero y para poder extender la inscripción que sigue, traslado la presente en …….. (Fecha y firma).

Artículo 38.- Si la inscripción del registro antiguo que deba trasladarse al nuevo, conforme a lo prevenido en el artículo anterior no contuviera alguna de las circunstancias exigidas en los artículos 2026 y 3349 del Código civil, las adicionará el registrador a continuación de la misma inscripción trasladada,  tomándolas del nuevo título que se le  presente, si de el resultaren; y en otro caso, de una nota que para este objeto deberá exigir, extendida de conformidad y firmada por  todos los interesados en la inscripción.

((Artículo 2026. En el registro constará:

1º Los nombres, domicilios y profesiones del acreedor y deudor.  Las personas morales se designarán por el nombre oficial que lleven y las compañías por su razón social:

2º La fecha y naturaleza del crédito; la autoridad o notario que lo suscriba, la hora en que se presente el registro:

3º La especie de derecho que se constituya, trasmita, modifiquen o extinga por el título, así como el contrato, partición o juicio de que preceda: 

4º El monto del crédito:

5º Si causa réditos, se expresarán la tasa de ellos y la fecha desde que deben correr.

7º La naturaleza del derecho real o de los predios hipotecados; con la ubicación de éstos, sus nombres, números, linderos y demás circunstancias que los caractericen:

8º El pago de las contribuciones a que estuviere sujeta la finca hipotecada.

Artículo 3349. EI registro deberá contener:

1º Los nombres, edades, domicilios y profesiones de los contratantes. Las personas morales se designarán por el nombre oficial que lleven y las compañías por su razón social:

2º La fecha y naturaleza del acto que se registre; la autoridad o notario que lo autoricen y el día y hora en que se presente el título:

3º La especie y valor de los bienes o derechos que se trasmitan  o modifiquen expresándose exactamente la ubicación de los primeros, así como todas las circunstancias relativas a réditos, gravámenes, rentas, pensiones, términos y demás que caractericen  el acto.)) 

Artículo 39.- La nota  a  que se refiere el artículo que precede deberá quedar archivada en el registro.

Artículo 40.- La adición prevenida en los dos artículos  anteriores se hará  a continuación de las últimas palabras de la inscripción trasladada  en los términos siguientes: 

“Certifico; que careciendo la inscripción preinserta de algunas de las circunstancias que exige la ley, las adicionó con arreglo a la escritura de ……. Que ahora presenta D.A. (y a ó a ) la nota que el mismo D. B. me ha entregado, firmada de conformidad por ambos en los términos siguientes (Aquí las circunstancias adicionales) y después “concuerda etc.”

Artículo 41.- Las inscripciones relativas a cada finca se numerarán también por el orden en que se hicieren.

Artículo 42.- Las inscripciones de hipotecas que deban hacerse en su registro especial, se indicarán en el de la propiedad, en la finca respectiva, con el número  que le corresponda en el mismo y en seguida dirá: “Inscripción hipotecaria, número ……( el que tuviere en el registro de las hipotecas por orden de fechas) tomo … folio…”

Artículo 43.- Cuando se divida una finca señalada en el registro con su número correspondiente, se inscribirá con número diferente la parte que se separe a favor del nuevo dueño; pero haciéndose breve mención de esta circunstancia al margen de la inscripción antigua y refiriéndose a la nueva.

Artículo 44.-  Cuando se reúnan dos fincas para formar una sola, se inscribirá ésta con un nuevo número, haciéndose mención de ello al margen de cada una de las inscripciones anteriores relativas al dominio de las fincas que se reúnan. En la nueva inscripción se hará también referencia de dichas inscripciones, así como de los gravámenes que las mismas fincas reunidas tuvieren con anterioridad.

Artículo 45.- Para dar a conocer con toda exactitud las fincas y los derechos que sean objetos de las inscripciones, ejecutarán los registradores lo dispuesto en el artículo 3349 del Código civil, con sujeción a las reglas siguientes:

I.- La naturaleza de la finca se expresará manifestando si es rustica o urbana, y el nombre con las que de su clase sean conocidas en la demarcación del registro.

II.- La situación de las fincas rusticas se determinará, expresando el término, partido, demarcación política o cualquier otro nombre con quesea conocido el lugar en que se hallaren, todos sus linderos por los cuatro puntos cardinales y cualquiera otra circunstancia que impida confundirlas con otra finca.

III.- La situación de las fincas urbanas  se determinará, expresando la población en que se hallen, el nombre de la calle o lugar, el número si lo tuvieren y si éste fuera de fecha reciente, el que haya tenido antes; el número de la manzana, el nombre del edificio si fuere conocido con alguno determinado, los linderos y cualquiera otra circunstancia que sirva para distinguir la finca inscrita de otra.

IV.- La medida superficial se expresará en la forma que constare del título y con las mismas denominaciones que en él se emplee; pero si del título resultare dicha medida, se expresará en la inscripción esta circunstancia.

V.- La naturaleza del derecho que se inscriba se expresará con el nombre que se le dé en el título y si no se le diere ninguno no se designará tampoco en la inscripción.

VI.- El valor de la finca o derecho inscrito se expresará si constare en el título y en la misma forma que apareciere en él, bien en dinero bien en especie. También se expresará dicho valor, si se hubiere hecho constar para el pago del impuesto por medio de tasación o si tratándose de un usufructo o pensión, se hubiere capitalizado también para el pago de impuesto.

VII.- Para dar a conocer la extensión, condiciones y cargas del derecho que deba inscribirse, se hará mención circunstanciada y literal de todo lo que, según el título, limite el mismo derecho y las facultades del adquiriente en provecho de otro ya sea persona cierta o ya indeterminada, así como los plazos en que venzan las obligaciones contraídas, si fueren de esta especie las inscritas.

VIII.- Las cargas de la finca o derecho a que afecte la inscripción inmediata o medianamente, podrán resultar, bien de alguna inscripción anterior o bien solamente del título presentado. En el primer caso se indicará brevemente su naturaleza y número, citando el que tuviere cada una y el folio y el libro del registro en que se hallare; en el segundo caso se referirán literalmente, advirtiendo que carece de inscripción. Si aparecieren dichas cargas del título y del registro, pero con alguna diferencia entre ambos, se notarán las que sean.

IX.- Los nombres que deban consignarse en la inscripción, se expresarán según resulte del título, sin que sea permitido al registrador, ni aun con acuerdo de las partes, añadir ni quitar ninguno. Al nombre se añadirán, si también resultaren del título, la edad, el estado, la profesión y el domicilio. Las sociedades o establecimientos públicos se designarán con el nombre con que fueren conocidos, expresándose al mismo tiempo su domicilio y además con el de la persona que en su representación pida la inscripción, si no fuere una sociedad conocida únicamente por su razón. 

También deberá añadirse, si constare, el título en cuya virtud posea el que trasfiera el derecho.

X.- Toda inscripción de actos o contratos que hayan devengado derechos a favor de la hacienda pública, expresará además el importe de éstos y la fecha y número del recibo de su pago.

XI.- En las inscripciones de arrendamiento se expresará su precio y la duración del contrato.

((Artículo 3349. EI registro deberá contener:

1º Los nombres, edades, domicilios y profesiones de los contratantes. Las personas morales se designarán por el nombre oficial que lleven y las compañías por su razón social:

2º La fecha y naturaleza del acto que se registre; la autoridad o notario que lo autoricen y el día y hora en que se presente el título:

3º La especie y valor de los bienes o derechos que se trasmitan  o modifiquen expresándose exactamente la ubicación de los primeros, así como todas las circunstancias relativas a réditos, gravámenes, rentas, pensiones, términos y demás que caractericen  el acto.))

Artículo 46.- Todas las cantidades y números que se mencionen en las inscripciones, cancelaciones y asientos de presentación, se expresará en letra.

Artículo 47.- Toda inscripción relativa a fincas en que el suelo pertenezca a una persona y el edificio o plantación a otra, expresará con toda claridad esta circunstancia al hacer mención de las cargas que pesen sobre el derecho que se inscriba.

Artículo 48.- Hecha la descripción de una finca en su inscripción de propiedad, no se repetirá en las demás inscripciones o anotaciones que se hagan relativas a la misma, siempre que de los mismos títulos presentados para ellas, resulten designados de igual manera, la situación, la medida superficial y los linderos; pero se citarán el número de la finca, el de la inscripción y el folio y el libro del registro en que se halle dicha descripción, añadiendo en seguida todas las demás circunstancias que la completen y aparezcan de los mismos títulos presentados.

Artículo 49.- Siempre que se inscriba, en cualquiera concepto que sea, algún derecho constituido anteriormente sobre un inmueble, como censo, hipoteca, usufructo u otros semejantes, se expresará la fecha de su constitución, el nombre del constituyente y los gravámenes especiales con que hubiere constituido si fuere de naturaleza real.

Artículo 50.- Si dichos gravámenes resultaren de la inscripción primitiva del derecho, las posteriores solo contendrán una indicación de ellos; con la referencia correspondiente a dicha inscripción. Si no existiere ésta se expresará así.

Artículo 51.- La cesión del derecho hipoteca y de cualquiera otra real, se hará constar por medio de una nueva inscripción que se remitirá a la primera, citando su número y folio, los nombres del cedente y cesionario y las demás circunstancias que resulten del título de cesión y sean comunes a todas las inscripciones.

Artículo 52.- El cesionario de cualquier derecho inscrito, deberá inscribir la cesión a su favor siempre que éste resulte de escritura pública. Si se verificare la cesión antes de estar inscrito el derecho a favor del cedente, podrá el cesionario exigir, juntamente con la suya, la inscripción a favor de su causante.

Artículo 53.- Subrogado el cesionario en el lugar del cedente, la inscripción de éste surtirá respecto al otro, todos sus efectos desde su fecha.

Artículo 54.- Cuando alguna testamentaria o concurso se adjudiquen bienes inmuebles a uno de los participes o acreedores con la obligación de emplear su importe en pagar deudas o cargas de la misma herencia o concurso, se inscribirán dichos bienes a favor del adjudicatario, haciéndose mención literal de aquella obligación.

Artículo 55.- Los herederos y legatarios no podrán inscribir a su favor bienes inmuebles o derechos reales que no hubieren inscrito sus causantes. Los que hallen en este caso se inscribirán a nombre del difunto, antes de serlo a favor de la persona a quien se hayan adjudicado.

Artículo 56.- Inscrito en el registro cualquier título traslativo del dominio de los inmuebles, no podrá inscribirse ningún otro de fecha anterior, por lo cual se trasmita o grave la propiedad del mismo inmueble.

Artículo 57.- La prohibición contenida en el artículo que precede, se entiende sin perjuicio de la facultad que, según la misma ley, tengan los dueños de inmuebles o derechos reales para registrar los títulos que oportunamente no hubieren presentado; pero en las inscripciones de esta especie, se hará mención de dicha circunstancia, antes de expresarse la conformidad de ellas con los documentos de su referencia.

Artículo 58.- La calificación que hagan los registradores de la legalidad de los títulos o de la representación según los prevenido en el artículo 3348 del Código civil, se entenderá limitada para el efecto de negar o admitir la inscripción y no impedirá ni preocupará el juicio que pueda seguirse en los tribunales sobre la nulidad del mismo título o sobre la falta de representación a menos que llegue a dictarse sentencia que cause ejecutoria.

((Artículo 3348. Si el registrador no encontrare legalmente comprobados el título o la representación, lo manifestará al interesado y exigirá la declaración judicial.))

Artículo 59.- Si de la ejecutoria que en dicho juicio recayere, resultare que fueron mal calificados el título o la representación, el registrador hará la inscripción o cancelará la que hubiere hecho conforme a la ejecutoria, tomando el nuevo asiento la fecha  del de presentación del título que hubiere dado lugar al incidente.

Artículo 60.- El registrador considerará como falta de legalidad en las formas extrínsecas de los documentos o escrituras, cuya inscripción se solicite conforme a lo prevenido en el artículo 3348 del Código civil, todas las que afecten a su validez, según las leyes que determinan la forma de los instrumentos públicos, siempre que resulten del texto de los mismos documentos o escrituras.

Artículo 61.- Para los efectos del artículo que precede, se entenderán comprendidos en el citado artículo 3348 del Código civil, los documentos o escrituras que no expresen o expresen sin la claridad suficiente, cualquiera de las circunstancias que según la misma ley, debe contener la inscripción, bajo  de nulidad.

((Artículo 3348. Si el registrador no encontrare legalmente comprobados el título o la representación, lo manifestará al interesado y exigirá la declaración judicial.))

Artículo 62.- La disposición del artículo anterior no surte más efecto que el de suspender el registro y de ninguna manera contradice lo prescrito en el repetido artículo 3348 del Código civil y en el 59 de este reglamento.

Artículo 63.- Los jueces y tribunales ante quienes se alegare la nulidad de una inscripción, darán conocimiento al registrador respectivo.

Artículo 64.- El registrador, el mismo día en que reciba el oficio del juez, pondrá una nota marginal a la inscripción reclamada en esta forma:

“Reclamada la nulidad por D. N. …. en el juzgado de……. escribanía de … ( Fecha y media firma).”

Artículo 65.- Si se desechase la reclamación de nulidad, también pondrá el juez en conocimiento del registrador, la ejecutoria que así lo declare; a fin de que cancele la nota marginal que queda referida, por otra inmediata, diciendo:

“Desechada la reclamación de nulidad indicada en la nota que precede, por ejecutoría (de tal fecha). (Media firma y fecha).”

Artículo 66.- Declarada la nulidad de una inscripción, mandará el juez cancelarla y extender otra nueva en la forma que proceda, según la ley.

Artículo 67.- Esta nueva inscripción no surtirá efecto sino desde su fecha.

Título IV.

De la rectificación de los actos del registro.

Artículo 68.- Cualquiera de los interesados en una inscripción del registro, que advirtiere en ella error material o de concepto, podrá, de acuerdo con los demás, pedir su rectificación al registrador y si éste no conviniere en ella, o la contradijere alguno de los interesados, podrá acudir al juez con igual petición.

Artículo 69.- El juez declarará y el registrador reconocerá, en su caso, el error de concepto solamente cuando sin duda alguna lo hubiere y en este caso se verificará la rectificación, haciendo un nuevo asiento con presencia del título primitivo.

Artículo 70.- Cuando el error resultare de la expresión vaga e inexacta del concepto, en el título y de haberlo entendido el registrador de un modo diferente de los interesados, no declarará el juez dicho error, ni lo rectificará el registrador; mas quedará a salvo a las partes su derecho, bien para que se declare judicialmente la inteligencia del contrato, bien para celebrar otro nuevo en que se exprese con mayor claridad el concepto dudoso.

Artículo 71.- Verificada la rectificación de una inscripción o cancelación en el registro, se rectificará también los demás asientos relativos a ella que se hallen en los demás libros, si estuvieren igualmente equivocados.

Título V

De la publicidad del registro.

Artículo 72.- La manifestación del registro que dispone el artículo 2040 del Código civil, se hará a petición verbal del interesado en consultarlo, siempre que indique claramente las fincas o los derechos, cuyo estado pretenda averiguar.

Artículo 73.- Los libros del registro no se pondrán de manifiesto a los que lo soliciten, sino durante el tiempo que el registrador no los necesite para el servicio de la oficina.

Artículo 74.- Los particulares que consulten el registro, no podrán sacar de él notas que juzguen convenientes para su propio uso; pero sin copiar los asientos, ni exigir de la oficina auxilio de ninguna especie, más que la manifestación de los libros.

Artículo 75.- Las certificaciones de asientos de todas clases, relativas a bienes determinados, comprenderán todas las inscripciones de propiedad verificadas en el período respectivo y todas las inscripciones y notas marginales de derechos reales, impuestos sobre los mismos bienes en dicho período que no estén canceladas.

Artículo 76.- Las certificaciones de asientos de clase determinada comprenderán todos los de la misma que no estuvieren cancelados, con expresión de no existir otros de igual clase.

Artículo 77.-Las certificaciones de inscripciones hipotecarias a cargo de personas señaladas, comprenderán todas las constituidas y no canceladas, sobre todos los bienes, cuya propiedad estuviere inscrita a favor de las mismas personas.

Artículo 78.- En las certificaciones de que tratan los tres artículos anteriores y en las de no existir asientos de especie determinada, solo se hará mención de las canceladas, cuando el juez o los interesados lo exigieren.

Artículo 79.- Cuando las solicitudes de los interesados o los mandamientos de los jueces no expresaren con bastante claridad y precisión la especie de certificación que se exija de los bienes, personas o períodos a que ésta ha de referirse, devolverá el registrador las solicitudes con el decreto marginal siguiente:

“Dense más antecedentes” y los mandamientos con un oficio, pidiendo dichos antecedentes al juez.

Artículo 80.- En igual forma procederá el registrador, siempre que tuviere duda sobre los bienes o asientos a que deba referirse la certificación, aunque los mandamientos o solicitudes estén redactados con la claridad debida, si por cualquier circunstancia imprevista fuere de temer error o confusión.

Artículo 81.- Cuando en la solicitud o mandamiento no se expresare si la certificación ha de ser literal o en relación, se dará literal.

Artículo 82.- Los mandamientos judiciales y las solicitudes que tengan por objeto la expedición de certificaciones, luego que éstas se extiendan, a continuación se devolverán a los jueces o a los interesados en su caso.

Artículo 83.- Siempre que deba comprenderse en las certificaciones un asiento de presentación, por hallarse pendiente de inscripción el título a que se refiera, se copiará literalmente, cualquiera que sea la forma en que se extienda el resto de la misma certificación.

Artículo 84.- Cuando alguno de los asientos que deba comprender la certificación estuviere rectificando por otro, se inscribirán ambas a la letra.

Artículo 85.- Las solicitudes y las certificaciones se escribirán en el papel del sello correspondiente, según las leyes que rijan sobre la materia.

Artículo 86.- Aunque los asientos de que deba certificarse, se refieran a diferentes fincas o personas, se comprenderán todos en una misma certificación, a menos que el interesado pretenda que se le den de ellos certificaciones separadas.

Palacio Nacional en México, a 28 de Febrero de 1871.

Benito Juárez. Al C. José Díaz Covarrubias, oficial mayor del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, encargado del despacho.

Y lo comunico a usted para su inteligencia y cumplimiento.

Independencia y Libertad. México 28 de Febrero de 1871.

Díaz Covarrubias.

INSTALACION DE LA OFICINA DEL REGISTRO PÚBLICO

1871

Un mes después  de la emisión del Reglamento en Marzo de 1871 se emitió el Acuerdo en el que se ordena la instalación de la Oficina del Registro Público, en el Palacio de Justicia. (NOTA DEL AUTOR, quisimos respetar el formato en que se dieron estas comunicaciones por lo que así aparecen en el original)

El Acuerdo y los oficios que se generaron establecen:

OFICIO DEL 3 DE MARZO DE 1871, DIRIGIDO POR EL LIC. JOSÉ DÍAZ COVARRUBIAS, ENTONCES ENCARGADO DE LA SECRETARÍA DE JUSTICIA E INSTRUCCIÓN PÚBLICA AL C. VICENTE GUILLEN, ENTONCES PRESIDENTE DEL COLEGIO DE AGENTES DE NEGOCIOS.

Sección 1ª

Teniendo necesidad de un local en el Pa

lacio de Justicia para establecer la oficina

del Registro Público en esta capital y parecien

do propio para el objeto, el que esa Corpora

                         en

ción tiene el citado edificio, el C. P. de la R.

 ha tenido a bien acordar, lo digo a V

para que se sirva ponerlo a disposición del

C Director de la expresada oficina, manifes

tandole que puede remitir a esta Sria. de Jus

ticia de los gastos que haya sua que ero

gar en la reposición para decretar la

indemnización correspondiente.

Comunícole a V para su inteli

gencia y demás fines.

I y L Marzo 3/71

J D Covarrubias

A. Presidente del

Colegio de Agentes Pte.

OFICIO DEL 8 DE MARZO DE 1871, DIRIGIDO POR EL C. VICENTE GUILLEN, ENTONCES PRESIDENTE DEL COLEGIO DE AGENTES DE NEGOCIOS, AL  OFICIAL MAYOR DEL MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCIÓN PÚBLICA 

Impuesto de la Suprema orden del día tres del presente en la que se me previene entregue al C. Manuel Ruíz, Director del Registro público el local donde esta establecido el Colegio de Agentes de Negocios, y que se remita la cuenta de los gastos erogados por esta corporación en su formación y compostura tengo el honor de manifestarle á V que quedará obsequiada dicha disposición acompañando desde luego la cuenta justificada relativa, suplicándole se sirva librar las órdenes respectivas a la Tesorería general á fin de que sea cubiertos su importe y al conserje del Palacio de Justicia para que ponga a mí disposición el local conocido por el refectorio y una pieza que forma parte de una bodega y que servirá para esa Secretaría.

Protesto a V las protestan de mi aprecio y respeto.

Independencia y Libertad, Méjico Marzo de 1871.

Vicente Guillen.

(Rubrica)

C Oficial Mayor del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

OFICIO DEL 8 DE MARZO DE 1871, DIRIGIDO POR EL C. LIC. JOSÉ DÍAZ COVARRUBIAS, ENTONCES ENCARGADO DE LA SECRETARIA DE JUSTICIA E INSTRUCCIÓN PÚBLICA MINISTRO DE HACIENDA.

Sección 1ª

El C. P. de la R. 

ha tenido a bien disponer que con cargo a la partida de

gastos extraordinarios de Justicia se pague por

la Tesorería general al Colegio de Agentes de Nego

cios la cantidad de $ 627. de 8 cents. importe de

la cuenta adjunta, como indemnización por los 

gastos que erogó en el local que se le te

nía concedido en el Palacio, y del cual

ha tenido que disponer esta Sria. para

establecer e

instalar en él la Oficina del Registro

público.

Y lo digo a V para los efectos

correspondientes.

I y L  M  Marzo 8 de l871

J D Covarrubias

Ministro de Hda Presente.

Dispone el C P que ponga V á

disposición del Colegio de Agentes de Ne

gocios el local de ese edificio, conocido con el      

nombre del “refectorio” y la bodega adjunta.

Comunicolo a V para su cumplimiento

I y L M. Mzo 8 del 1871

J D Covarrubias

(rubrica)

Conserje del P. de Justicia Presente.

Con esta fecha me dirijo al C. Mtro de

Hda. para que se sirva ordenar el pago

de los $ 628 de 8 cents que gasto esa Corpo

ración en la compostura del local que se le

había asignado en el Palacio de Justicia.

Igualmente se ordena al Conserje de

dicho Palacio que ponga a disposición

de ese Colegio el local conocido como 

por el “Refectorio” y parte de la bodega ad

junta.

Digolo a V en contestación de su ofi

cio relativo

Rector del Colegio I y L M Mzo. 8 de 1871

de Agentes Presente

El expediente que se formo en relación al Acuerdo se encuentra depositado en el Archivo General de la Nación, bajo el rubro “Marzo 1871, Caja 74, expediente 66, del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Sección de Justicia”.

Hasta aquí estos breves comentarios acerca de la instalación de las oficinas del Registro Público de la Propiedad en la Ciudad de México, que desde luego ha sido materia de muchos avances y cambios, de tal manera que el día de hoy, estamos en las inscripciones vía telemática de testimonios de instrumentos públicos en el mencionado Registro, por conducto de los Notarios, a través de su firma electrónica notarial.

 

 


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