MATRIMONIO Y DIVORCIO ANTE NOTARIO

DR. CARLOS CORREA ROJO

EN ESTE INCISO AGRUPAMOS DE LOS INCISOS 1.11 AL 1.13, CON EL OBJETO DE ARMONIZAR LOS DECRETOS RELATIVOS AL MATRIMONIO Y DIVORCIO DE SU EPOCA.

RELACIONAMOS EN EL 1.14 EL PROYECTO DE LA CONSTITUCION GENERAL DE LA REPUBLICA EL ARTÍCULO DEL MATRIMONIO

1.10 DECRETO DE 27 DE MAYO DE 1916

QUE ADICIONA LA LEY DE DIVORCIO

DE 29 DE DICIEMBRE DE 1914.

En su artículo único dice: “Las sentencias de divorcio dictadas antes de la Ley de 29 de diciembre de 1914, producirán los efectos de la presente ley, quedando en consecuencia, roto el vínculo matrimonial, y los divorciados en aptitud de contraer nuevo matrimonio.

1.11 DECRETO DE 16 JUNIO DE 1916

QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE

LA LEY DE 29 DE ENERO DE 1916.

Los artículos modificados fueron los numerales 233, 234, 235, 237 y 243.

Mediante estas reformas se redujeron los plazos para solicitar por mutuo consentimiento a partir de la fecha del matrimonio, de 3 años en la ley anterior, a 1 año.

También fue materia de las reformas relativas a las juntas de aveniencia de 3 a 1 sola, así como el artículo 243 del desistimiento. Este último artículo cambio el criterio sustentado en la ley que modificaba.

1.12 DECRETO DE 11 DE JULIO DE 1916

EMITIDO VENUSTIANO CARRANZA

“PRIMER JEFE DEL EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA”.

Al asumir el Poder Ejecutivo el “Primer Jefe del Ejército Constitucionalista”, Venustiano Carranza, continua regularizando la situación civil y expidiendo el 11 de julio de 1916 un Decreto, por medio del cual se declararon nulos todos los actos ejecutados por particulares en los cuales hubieren intervenido o prestado su autoridad los poderes judiciales y administrativos de la usurpación huertista, convencionista y de los llamados gobiernos neutrales de Oaxaca y Yucatán. Con la excepción que hace en su artículo 2 sobre el matrimonio de igual forma que lo hizo el Presidente Juárez, en relación a los actos durante el período del Segundo Imperio, como lo vimos anteriormente.

El Decreto en su parte conducente y en relación al tema que nos ocupa dice:

“El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la República, se ha servido dirigirme el decreto siguiente:

Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y Encargado del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Primero.- … En consecuencia, teniendo en cuenta causas de orden político, de orden social y de orden privado, y en uso de las facultades extraordinarias de que me hallo investido, decreto:

Art. 1º Se declaran nulos en toda la República los actos ejecutados por particulares y en los cuales hayan intervenido prestando su autoridad los funcionarios de los poderes judiciales, federales o locales, de las administraciones usurpadoras huertistas y convencionista y de los llamados gobiernos neutrales de Oaxaca y Yucatán.

Son nulos conforme a esta declaración, los actos del estado civil, las actuaciones judiciales, y los contratos celebrados ante Notarios o Corredores siempre que la autoridad que en ellos haya intervenido sea ilegítima.

Art. 2º Por razón de orden público, se exceptúan de la nulidad a que se refiere el artículo anterior y por lo tanto se consideran revalidados de pleno derecho, por la sola expedición del presente decreto, los siguientes actos:

I. Las actas del registro civil que versen sobre nacimiento, reconocimiento y designación de hijos y sobre defunción, las cuales quedan revalidadas de pleno derecho, sin necesidad de anotación especial.

II.- Las de matrimonio cuando los contrayentes hayan tenido hijos o cuando alguno de ellos hubiere fallecido antes de la promulgación de la presente ley o que falleciere dentro del término fijado en el artículo 7º, sin haberse dictado ninguna resolución.

III.- a VIII.- …

Artículo 3º Las actas de tutela y de emancipación de hijos, seguirán, en cuando a su validez o nulidad, la suerte de las diligencias de jurisdicción voluntaria o mixta de donde se deriven.

Artículo 4º La revalidación o nulificación de las actuaciones judiciales, en que tuviere interés o fisco federal o local y que se hubieren verificado durante las administraciones usurpadoras, que dará a juicio del Gobierno respectivo en cada caso.

Art 5º Los intereses en las actuaciones declaradas nulas por el artículo 1º de este Decreto, tendrán derecho a solicitar su revalidación en el tiempo, forma y términos expresados en los artículos siguientes. El actor en juicio iniciado durante cualquiera de las administraciones usurpadoras, no podrá oponerse a la solicitud de revalidación que haga el demandado, debiendo desecharse de plano esta oposición.

Art. 6º Para los efectos del artículo anterior se considerarán interesados:

En los actos patrimoniales: los contrayentes;

II. En los negocios criminales: El Ministerio Público, el procesado, el acusador, si lo hubiere, y la parte civil;

III. En los negocios civiles de jurisdicción contenciosa; actor, demandado, y todos los terceros que por su propio derecho hayan intervenido en esos negocios;

IV. En negocios civiles de jurisdicción mixta: El Ministerio Público y los herederos presuntos o reconocidos, y.

V. En los concursos: El Ministerio Público, el deudor y los acreedores.

El Ministerio Público representará a los menores e incapacitados, para cuyos efectos tienen obligación los jueces de correrle traslado de las promociones que se hicieron en los negocios en que aquellos estuvieren interesados, aun cuando tengan legítimos representantes.

Art. 7º El término para solicitar la revalidación comenzará desde la vigencia de este decreto y concluirá a las seis de la tarde del día 30 de diciembre del presente año.

Art 8º Si el negocio se encuentra en algún Tribunal Superior que no estuviere en funciones, la revalidación podrá solicitarse del inferior que haya conocido la primera instancia; y si éste se encontrare suprimido podrá solicitarse ante aquel que se haya turnado el negocio.

Art. 9º Los contratos celebrados ante jueces del Estado Civil, Notarios y Corredores ilegítimos, podrán ser revalidados por funcionarios legítimos de la misma categoría, siempre que lo soliciten de común acuerdo los interesados. Si solo una de las partes solicita la revalidación, lo hará ante el Juez competente ya sea que la revalidación se haga por mutuo consentimiento de las partes o por solicitud de una sola de ellas deberá hacerse el pago del impuesto del timbre correspondiente a la operación.

Art. 10. La revalidación que se solicitare de común acuerdo por los interesados, deberá decretarse de plano.

Art. 11. Si la revalidación no fuere solicitada por mutuo consentimiento, el Juez procederá en la forma de incidente y de acuerdo con las disposiciones relativas de los Códigos Federales, de Comercio, de Procedimientos Civiles o Penales del Distrito o de los Estados, según el caso.

Art. 12. Si corriere el término de traslado, o de la modificación del incidente sin haber expresado oposición, bastará una sola rebeldía, para que el Juez decrete de plano la revalidación.

Art. 13. En caso de oposición, el Juez al resolver deberá tener en cuenta las circunstancias siguientes:

I.- Que de una manera clara y evidente se haya aplicado ley diversa a la que debió aplicarse, que no se haya hecho emplazamiento, que haya faltado personalidad a alguna de las partes, que no se haya recibido el pleito a prueba, que no se hayan mostrado a parte que pretenda la nulidad alguna pieza probatoria e importante, que no haya citado para sentencia definitiva, que el Juez haya sido completamente incompetente y haya hecho valer esta incompetencia el que pretenda la nulidad; todo esto si se tratare de asuntos de jurisdicción contenciosa;

II. Haber mediado graves motivos de presión o inmoralidad si se tratare de actos fundados en la voluntad de las partes.

La revalidación debe decretarse siempre que existiere imposibilidad material de volver las cosas a su primitivo estado.

Art. 14. Sobre las resoluciones dictadas en los incidentes a que se refiere el artículo 11 no habrá más recurso que el de responsabilidad.

Art. 15. Las resoluciones dictadas con motivo de la presente Ley, deberán protocolizarse o registrarse en los términos exigidos por la Ley con respecto a originales, debiendo hacerse las anotaciones respectivas al margen de los registro originales.

Art. 16. Declarada la validez de cualquiera de los actos a que se refiere la presente ley, los efectos se retrotraerán a la época de celebración; considerándose por lo tanto, válido para los terceros desde el día de su misma celebración.

TRANSITORIO

La Secretaría de Justicia y los Gobernadores de los Estados procederán inmediatamente a recoger de los individuos que obtuvieren nombramiento de Notarios y Corredores de las Administraciones usurpadoras, los libros correspondientes y depositarlos en los archivos respectivos, en donde se quedarán a disposición de los interesados para los efectos legales.

Mando se imprima, publique circule y cumpla debidamente.

Palacio Nacional, México, D.F., julio 11 de 1916.

CARRANZA.

Al C. Lic. Roque Estrada, Secretario de Estado y del Despacho de Justicia. Presente”.

Y lo comunico a usted para su reconocimiento y fines consiguientes.”

Como se señalo con al inicio el matrimonio es una preocupación central para el Estado, recordando que según el Código Civil de 1884 en vigor, establece que las Capitulaciones Matrimoniales, se deben hacer constar en escritura pública ante notario.

1.13 CIRCULAR NÚMERO 49 DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1916.

Esta circular expedida por la Secretaría de Justicia en México, explica como debe interpretarse la Ley de Divorcio en el ámbito personal de aplicación que se refería a que únicamente no debe considerarse procedente el divorcio cuando el estatuto personal de ambos cónyuges no admita el divorcio con ruptura de vínculos.

Se refería a divorcios de extranjeros dentro del territorio nacional.

1.14 PROYECTO DE CONSTITUCIÓN DE VENUSTIANO CARRANZA.

El 1º de diciembre de 1916, reunido el Congreso Constituyente en Querétaro, el proyecto presentado, en el párrafo 4º dice:

“El matrimonio es un contrato civil. Este y los demás actos del estado civil de las personas, son de exclusiva competencia de los funcionarios y autoridades del orden civil en los términos prevenidos por las leyes, y tendrán la fuerza y validez que los mismos les atribuyen”.


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