MATRIMONIO Y DIVORCIO ANTE NOTARIO

DR. CARLOS CORREA ROJO

1.16 CODIGO CIVIL DE 1928

El Código Civil se publica en 4 secciones en el año de 1928:

La primera el 26 de mayo de los artículos 1o. Al 722.

La segunda el 14 de julio de los artículos del 723 al 1280.

La tercera el 3 de agosto de los artículos del 1281 al 1791.

La cuarta el 31 de agosto de los artículos del 1792 al 3044, además de 9 transitorios.

Mediante decreto de 29 de agosto de 1932, publicado en el DOF el 1o. de septiembre de 1932, se dispuso que el Código Civil de 30 de agosto de 1928 iniciara su vigencia el 1o. de octubre de 1932.

En dicho decreto se expuso:

Artículo único. Se reforma el artículo 1o. transitorio del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, expedido el 30 de agosto de 1928, que quedará en los siguientes términos:

Artículo 1o., este código comenzará regir el 1o. de octubre de 1932.

Con el objeto de pretender entender cual fue el espíritu del Código, tomando en cuenta el momento histórico en que se publico y buscar la intención del mismo, nos apoyaremos de manera significativa en la obra del señor Licenciado Ignacio García Téllez, quien fue miembro de la Comisión Redactora del Código, denominada “Motivos, colaboración y concordancias del Nuevo Código Civil Mexicano”, publicado en 1932. (El ejemplar que tuve para el análisis respectivo no señala la editorial que realizo la publicación, si fue el caso)

El señor Licenciado García Téllez señalaba que es imposible negar que asistimos a un momento de transformación social que conmueve hasta en sus más profundos cimientos la morada actual de la comunidad.

Se dice que es el momento de encauzar las corrientes reivindicadora del proletariado mexicano, cristalizando en un Nuevo Código Civil las conquistas sociales que insistentemente reclamaba y quedaban al margen.

Dice que el Código de 84 es la fiel expresión de la ciencia jurídica contenida en el Código de Napoleón, inspirador de los Códigos Civiles del siglo antepasado e impregnado de las doctrina romanas.

El individualismo se encuentra como piedra angular de la codificación, y el movimiento igualitario de la Revolución Francesa había hecho.

Se señala que la ley debe corresponder finalmente a las necesidades de su medio y de su tiempo, a la vez que constituirse en un acicate de progreso, es innegable que el Código de 84, no cumple ya su misión, porque una nueva filosofía jurídica ha sustituido a la antigua, vitalizando, ampliando, socializando, es decir, modernizando los conceptos de libertad, de propiedad, responsabilidad, para modificar su estructura de preeminentes derechos individuales, que deben quedar subordinados a los derechos sociales.

Se pregunta que quien puede cumplir con la obra suprema de obligarnos a obrar para poder ver realizada la mas completa felicidad colectiva, contestándose que es la sociedad misma, por conducto de la fuerza normativa y pacificadora que es la Ley. Esta lo mismo consuma la liberación civil de la mujer, borrando las restricciones aún mantenidas a su capacidad por la Ley de Relaciones Familiares, que la del obrero, por la reivindicación del trabajador, reclamando una más equitativa valoración del esfuerzo en todas las relaciones contractuales sancionadas antes, más bien todavía en el Código de 84, en beneficio marcado del hombre en el seno del hogar, y del propietario como el más económicamente fuerte dentro del sistema de la libertad contractual.

Algunos de los artículos de las disposiciones preliminares del Código obedecen, dice el autor, más que al sentir de los miembros de la Comisión Redactora, a la obligación de supeditar el alcance de las reformas al texto rígido de la Constitución.

Nos relata que motivo de empeñadas discusiones fueron los artículos relativos a las doctrinas sobre el estado y capacidad de las personas, regidas ya por la ley del lugar de nacimiento o por la del último domicilio. La reglamentación presentada en el proyecto se había inspirado en la necesidad de aplicar la ley personal como consecuencia de la influencia que los factores externos, internos y colectivos de determinado medio tienen en la formación orgánica y espiritual de los individuos, así como el inconveniente de aplicar múltiples legislaciones en las relaciones de familia cuando se cambia de territorio, dada las presentes facilidades de traslado. Se había optado por la ley del domicilio para los casos de doble nacionalidad, de falta de ella, o de conflicto, como lo previene el Código Brasileño.

El problema, señala, podría haber eludido siguiendo el ejemplo de los Códigos Alemán y Suizo; pero, relata que los miembros de la Comisión Redactora, que debían inclinarse a la doctrina del domicilio, aunque no por la de la residencia absoluta como optaron, describiendo las razones siguientes:

Nuestro territorio próximo al de los Estados Unidos, de subsuelo rico y en cuyo aprovechamiento no se emplea por los mexicanos una técnica avanzada, presenta un campo para magnificas inversiones, pues no obstante nuestras revoluciones, a partir de 1910 se han invertido miles de millones de capital americano que, desgraciadamente, no se incorpora a nuestra nacionalidad, sino que guiado por su política expansionista y de explotación inhumana, ha procurado siempre, después de fomentar nuestras luchas intestinas o de provocarlas por la situación de injusticia social que crea, entablar reclamaciones por indemnizaciones de los daños y perjuicios sufridos en sus intereses. Los dueños de este capital, apoyados en la ley personal, han recurrido a sus cancillerías para emplear presión diplomática en contra de los intereses nacionales del subsuelo. Es pues, necesario que se aplique la ley del domicilio a fin de evitar todo alegato sobre la supremacía de la ley nacional americana sobre la legislación mexicana, aun aquella se refiere al estado y capacidad civil de los extranjeros. Si se objeta que esta disposición ahuyenta al capital extranjero, contestaremos que ojalá así suceda, a cambio de que se salve nuestra nacionalidad y comprendamos que con nuestro sacrificio y esfuerzos propios podremos prosperar y que hay tal acumulación de millones ociosos, que acabarán por unir su suerte a la del país de inversión, aun obteniendo utilidades moderadas. Continuando con la legislación de 84, nuestros nacionales perdían la protección del Gobierno en los efectos jurídicos de sus relaciones familiares cuando residían en un país regido por la ley del domicilio. Como acontecía a nuestros trabajadores emigrados al Norte. En cambio, a los hijos del país donde imperaba la ley del domicilio, aun residiendo en nuestra patria, no se les aplicaban las leyes mexicanas porque respetábamos su nacionalidad. Estableciendo así una desigualdad de tratamiento que no gozaba siquiera del principio de la reciprocidad internacional.

Consideraciones análogas han inducido a los países latinoamericanos como Argentina, Uruguay, Paraguay, Guatemala, y a los Congresos de Montevideo y Rio de Janeiro, a optar por la ley del domicilio y a uniformar su legislación para defenderse de las tendencias imperialistas, que reclaman una legislación privilegiada para sus nacionales. Recordamos, dice, que nuestro país, con una gran extensión territorial y una escasa densidad de población (8.33 h. Por kilómetro cuadrado), necesita, como todos los países nuevos, estimular la inmigración que fomente nuestra producción y capacitación técnica; de prosperar la inmigración, podría suceder que la población fuese tan numerosa y variada, que de mantenerse los principios del estatuto personal, privarían en las relaciones de familia más leyes extranjeras que las propias, entorpeciendo no sólo las operaciones contractuales, sino también la administración de justicia.

El señor Licenciado dice que se reconoce la impotencia de un artículo para mantener la armonía conyugal y la incapacidad de la autoridad para garantizar el cumplimiento de los deberes íntimos del hogar; sólo la voluntad de los esposos puede lograr el cumplimiento de los deberes matrimoniales, y cuando aquélla falta, más vale permitir que un nuevo matrimonio dé la felicidad no encontrada, que forzar una unión aparente tras de la cual se escudan la traición a la fidelidad prometida, la riña cotidiana en lugar de la paz doméstica y la corrupción filial, en lugar del ejemplo moralizador de los padres.

Reforma benéfica para la mujer es la supresión del régimen de la separación de bienes que la ha privado, en la mayoría de los casos, de la participación en los bienes del marido, sustituyéndolo por otro que, sin constreñir la voluntad de los contrayentes, les da la oportunidad de obtener la participación que merecen al asociarse para la lucha por la vida.

Si bien es la elaboración del Código Civil (dice el autor en la página 13 de la obra que prácticamente hemos venido transcribiendo, con el objeto de conocer las decisiones adoptadas, la forma de actuar y el espíritu de los integrantes de la Comisión Redactora) se tomaron en cuenta las reformas introducidas en los Códigos más modernos, se procuró adaptarlas a las normas constitucionales, a las tendencias del movimiento social mexicano, a las costumbres y condiciones del país, y sólo se aceptaron literalmente artículos de otros Códigos, cuando los comentaristas de ellos y la jurisprudencia imponían su conservación.

El Registro Civil debiera ser materia de una ley especial; pero se dejó ésta para que formase unidad con las modificaciones al derecho de familia y al estado civil.

El Código fue elaborado, aproximadamente en dos años de estudios, siguiéndose como método de trabajo, primeramente, la revisión y crítica del Código de 84, y después el estudio comparativo de la legislación común latina, hispanoamericana, europea, americana e inglesa, todo analizado con un criterio eminentemente progresista y teniendo la vista siempre atenta a las condiciones peculiares de nuestro país.

El autor con una gran humildad dice que sería injusto no tributar, en estas líneas su reconocimiento para el señor ingeniero don Adalberto Tejeda, entonces Secretario de Gobernación, quien, con su intuición jurídico-revolucionaria, brindó siempre su decidido apoyo a cuanta iniciativa reformadora se presento a la Comisión.

Nos narra el agradecimiento también al maestro de maestros –tanto por su amplísima cultura en legislación civil, como por su inagotable bondad– el jurisconsulto don Manuel Borja Soriano, quien me abrió, dice, de par en par las puertas de su magnífica biblioteca y robando tiempo a sus horas de ejercicio profesional, no escatimó su consejo y su cooperación.

Señala: Tres años va a cumplir el Código de estar sufriendo la espera de su vigencia. No fue suficiente su triunfo conquistado en buena lid intelectual, ni la eliminación de importantes reformas que no lograron salvarse; aún es muy poderosa la corriente conservadora que se opone a su vigencia y gran parte de la dificultosa gestación del nuevo Código de Procedimientos Civiles a ello obedece, ya que bien comprenden que mientras éste no se concluya aquél no podrá ponerse en vigor. El nuevo Código Civil reclama la reglamentación de los Jueces Pupilares, del procedimiento de divorcio …

… así como de todas aquellas reformas que estime conveniente introducir la actual Comisión Revisora del Código de Procedimientos Civiles, para hacer justa, expedita y avanzada la administración de justicia, ya acortando los términos, simplificando las instancias, evitando las contiendas con el esfuerzo de conciliación previa a toda demanda; ampliando el arbitrio judicial con la libre apreciación de la prueba, reduciendo la tramitación y aumentando la responsabilidad con la substanciación pública y oral, impidiendo el estancamiento de la organización de los tribunales, introduciendo eficaces garantías y fuertes sanciones para los litigantes inmorales o explotadores de la buena fe de los clientes. También es necesario, para una administración de justicia humanamente ejemplar, instituir la verdadera carrera judicial que permita alcanzar los más altos puestos del magisterio, mediante un riguroso escalafón y una estricta ley de responsabilidades que, sin minar la inamovilidad judicial, no constituya tampoco una amenaza de estratificación del derecho, al mantener en cargos bien remunerados a jueces indiferentes, ciegos y sordos a las conquistas sociales, a las transformaciones científicas y a las pulsaciones constantes, del medio mexicano.

Falta también ¿Por qué no decirlo?, luchar por la independencia de los tribunales emancipando su designación de las conveniencias de la política militante, que no debe jamás coartar la libertad de criterio y la estabilidad de jurisconsultos que, haciendo honor a su toga, ni aceptan consignas, ni temen a los poderosos, ni se venden al oro de litigantes corruptores, ni se olvidan de su elevada misión social.

Por perfecta que se suponga toda ley, no olvidemos tampoco que no es una panacea, pues aunque tuviésemos jueces justos, sabios, viriles y humanos, necesitarían éstos vivir en un medio social honorable que no fuera víctima de la locura mercantilista, en donde hubiese más honestidad pública y privada y en la que nunca muriesen los ideales de redención. Ignacio García Téllez.

Posteriormente los miembros de la Comisión Redactora presentaron al Secretario de Gobernación un breve informe acerca de las principales reformas que contenía el proyecto. Consideraron que resulta importante referirse a lo señalado, toda vez que se consigna el sentido de las reformas en éste código enteramente nuevo.

El informe inicia señalando que se trata de la Exposición de motivos y como lo consignamos va dirigido al entonces Secretario de Gobernación, por parte de la Comisión Redactora.

Señala que el Código es producto de las necesidades económicas y jurídicas de otras épocas; elaborado cuando dominaba en el campo económico la pequeña industria y en el orden jurídico un exagerado individualismo, se ha vuelto incapaz de regir las nuevas necesidades sentidas y las relaciones que, aunque de carácter privado, se hallan fuertemente influenciadas por las diarias conquistas de la gran industria y por los progresivos triunfos del principio de solidaridad.

Para transformar un Código Civil en que predomina el criterio individualista, en un Código Privado Social, es preciso reformarlo substancialmente, derogando todo cuanto favorece exclusivamente el interés particular con perjuicio de la colectividad, e introduciendo nuevas disposiciones que se armonicen con el concepto de solidaridad.

Se dice en la exposición de motivos que la legislación no puede considerarse como un conjunto de principios teóricos que se desarrollan con el rigor del razonamiento lógico. No debe olvidarse que es un conjunto de reglas de conducta y que la vida no tiene la inflexibilidad en la línea recta.

Las anteriores consideraciones normaron la conducta de la Comisión y por eso fue que no tuvo reparo en inspirarse en legislaciones extranjeras, en aquellos puntos en que era deficiente la legislación patria, y en tomar en cuenta las teorías de reputados tratadistas europeos para proponer algunas reformas. Esto, sin descuidar nuestros propios problemas y necesidades, y, sobre todo, procurando que enraizaran en el Código Civil los anhelos de emancipación económica de las clases populares “que alentó nuestra última revolución social” y que cristalizaron en los artículos 27, 28 y 123 de la Constitución Federal de 1917.

Deliberadamente la Comisión no procuró ser original, porque está convencida de que en materia legislativa la invención es peligrosísima y de que los intereses sociales son demasiado respetables para arriesgarlos en un experimento de éxito problemático.

Procedemos a relacionar las principales reformas del proyecto, sólo en los temas que nos ocupan.

Libro Primero.- Se equiparó la capacidad jurídica del hombre y la mujer, estableciéndose que ésta no queda sometida por razón de su sexo a restricción legal alguna en la adquisición y ejercicio de sus derechos.

Como consecuencia de esta equiparación se dio a la mujer domicilio propio; se dispuso que tuviera en el matrimonio autoridad y consideraciones legales iguales al marido y que, por lo mismo, de común acuerdo arreglaran todo lo relativo a la educación y establecimiento de los hijos y a la administración de los bienes de éstos.

Al llegar a la mayor edad (se refiere a la mujer) tiene libre disposición de su persona y de sus bienes, estando legalmente capacitada para celebrar toda clase de contratos.

La equiparación legal del hombre y la mujer se hacía necesaria, en vista de la fuerza arrolladora que ha adquirido el movimiento feminista. Actualmente la mujer ha dejado de estar relegada exclusivamente al hogar; se le han abierto las puertas para que se dedique a todas las actividades sociales, y en muchos países toma parte activa en la vida política. En tales condiciones, era un contrasentido la reducción de su capacidad jurídica en materia civil, sustentada por el Código anterior.

Se dispuso que en el Registro Civil se levantaran actas relativas a la adopción, divorcio, ausencia, presunción de muerte y pérdida de la capacidad legal para administrar bienes, porque estas instituciones jurídicas constituyen verdaderos estados civiles y se puso la institución del Registro Civil bajo la estrecha vigilancia del Ministerio Público.

Se obligó a que al contraerse matrimonio forzosamente pactaran los cónyuges acerca de si establecían comunidad o separación de bienes, procurándose por este medio garantizar debidamente los intereses de la esposa en el momento más propicio, cuando el hombre desea hacerla compañera de su vida. De esta manera, se combaten prejuicios muy arraigados que impiden, por falsa vergüenza o mal entendida dignidad, tratar de asuntos pecuniarios cuando se funda una familia, que imperiosamente exige muchos y continuados gastos.

Se estableció una forma expedita para obtener el divorcio por mutuo consentimiento, cuando los cónyuges son mayores de edad, no tienen hijos, y de común acuerdo liquidan la sociedad conyugal, si bajo ese régimen se casaron. En tales condiciones, los cónyuges no necesitan recurrir a la autoridad judicial para que decrete el divorcio, sino que personalmente se presentarán ante el Oficial del Registro Civil de lugar de su domicilio y, previa identificación de los consortes y comprobación de las circunstancias que se han mencionado, el mismo registrador los declarará divorciados, levantándose el acta correspondiente.

En este caso el divorcio en este caso sólo perjudica directamente a los cónyuges, que obran con pleno conocimiento de lo que hacen, y no es necesario para decretarlo que se llenen todas las formalidades de un juicio. Es cierto que hay interés social en que los matrimonios no se disuelvan fácilmente; pero también está interesada la sociedad en que los hogares no sean focos constantes de disgustos y en que, cuando no se dificulte innecesariamente la disolución de los matrimonios, cuando los cónyuges manifiestan su decidida voluntad de no permanecer unidos.

Con el objeto de seguir el orden de la Comisión Redactora, insertaremos los comentarios relativos al articulado del Divorcio que tuvo el Código Civil de 1928, una vez publicado y que nos permitirá sustentar nuestra propuesta en el sentido de que ante notario se lleve a cabo el divorcio administrativo de los cónyuges.

Posteriormente nos referiremos al tema del Matrimonio, a pesar de que su articulado es anterior al divorcio, pero como señalamos hemos querido respetar el orden que siguió la Comisión Redactora del Código.

ARTICULOS RELATIVOS AL DIVORCIO

El Capítulo VIII, De las actas de Divorcio, inicia en el artículo 114 que dice que la sentencia ejecutoria que decrete un divorcio se remitirá en copia al Oficial del Registro Civil para que levante el acta correspondiente.

El artículo siguiente establece lo que debe contener el acta respectiva, que entre otros datos son expresar la fecha y lugar en que se celebró su matrimonio y la parte resolutiva de la sentencia que haya decretado el divorcio.

Extendida el acta se anotará las de nacimiento y matrimonio de los divorciados y la copia de la sentencia mencionada se archivará con el mismo número del acta de divorcio. (art. 116)

El Capítulo X, se refiere al Divorcio, iniciando en el artículo 266 del Código Civil, que procederemos a describir el contenido del articulado.

Ahora el divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro.(art. 266)

El artículo 267, enumera las causas de divorcio, estableciendo en la fracción XVII, el mutuo consentimiento.

El artículo 272 dice:

“Artículo 272.- Cuando ambos consortes convengan en divorciarse y sean mayores de edad, no tengan hijos y de común acuerdo hubieren liquidado la sociedad conyugal, si bajo ese régimen se casaron se presentará personalmente ante el Oficial del Registro Civil del lugar de su domicilio; comprobarán con las copias certificadas respectivas que son casados y mayores de edad y manifestarán de una manera terminante y explícita su voluntad de divorciarse.

El Oficial del Registro Civil, previa identificación de los consortes, los declarará divorciados levantando el acta respectiva y haciendo la anotación correspondiente en la del matrimonio anterior.

El divorcio así obtenido no surtirá efectos legales si se comprueba que los cónyuges tienen hijos, son menores de edad o no han liquidado su sociedad conyugal y entonces aquéllos sufrirán las penas que establezca el Código de la materia.

Los consortes que no se encuentren en el caso previsto en los anteriores párrafos de este artículo, (es decir que tengan hijos menores de edad) pueden divorciarse por mutuo consentimiento, ocurriendo el juez competente en los términos que ordena el Código de Procedimientos Civiles.”

En términos del Artículo 274, el divorcio por mutuo consentimiento no puede pedirse sino pasado un año de la celebración del matrimonio.

Los cónyuges que hayan solicitado el divorcio por mutuo consentimiento, podrán reunirse de común acuerdo en cualquier tiempo con tal que el divorcio no hubiere sido decretado. No podrán volver a solicitar el divorcio por mutuo consentimiento sino pasado un año desde su reconciliación. (art. 276)

En virtud del divorcio, los cónyuges recobrarán su entera capacidad para contraer nuevo matrimonio. (art. 289, primer párrafo)

Para que los cónyuges que se divorcian voluntariamente puedan volver a contraer matrimonio es indispensable que haya transcurrido un año desde que obtuvieron el divorcio. (art. 289, tercer párrafo)

Continuamos nuestro análisis de la exposición de motivos del Código Civil, que como hemos apuntado, hasta ahora nos han dado las pautas para sostener que ante el notario es viable que se lleven a cabo en divorcio administrativo cumpliendo con todos los elementos que hemos hecho hincapié y desarrollado en capítulos anteriores y que se han ido robusteciendo al través de nuestros señalamientos.

Libro Cuarto.- El cuarto párrafo del informe de la Comisión Redactora dice que la doctrina orientadora de este libro sustituye el principio fundamental de la autonomía de la persona para obligarse y disponer de sus bienes como mejor le parezca, por una norma menos metafísica e individualista, cual es la sujeción de la actividad humana a los imperativos ineludibles de interdependencia y solidaridad social, creados por la división del trabajo y comunidad de necesidades. Se desea que la fecunda iniciativa individual no se detenga frente al rigorismo de los contratos solemnes, y que la equidad, base esencial del derecho, prepondere sobre el inflexible texto de la ley, a cuyo efecto se reconoció que producen consecuencias jurídicas los convenios cumplidos por el deudor, aunque no llenen las formalidades legales.

Continúa diciendo que se hicieron muchas reformas que no se mencionan por no alargar más este extenso informe; pero todas las inspiradas en la idea capital que tuvo la Comisión, la de socializar, en cuanto fuere posible, el Derecho Civil, preparando el camino para que se convierta en un Derecho Privado-Social.

La Comisión abriga la firme creencia de que ha incurrido en muchos errores y desaciertos; pero valga en su abono su decidida voluntad de enfrentarse con muy serios problemas que hasta ahora habían permanecido al margen de nuestra legislación civil. Las soluciones que da esos problemas quizá no sean las más aceptables; pero producirán el efecto de abrir la discusión y de hacer que personas más competentes y mejor preparadas se ocupen de ellos y los resuelvan convenientemente . . . México, 12 de abril de 1928.

ARTICULOS REGULADORES DEL MATRIMONIO.

El tema inicia como en los anteriores Códigos con las actas de matrimonio, iniciando en el artículo 97, que se refiere a que las personas que pretenden contraer matrimonio presentaran un escrito al Oficial del Registro Civil, que expresará los datos solicitados, y que para efectos del tema que nos ocupa en el sentido de que ante notario se celebre el matrimonio, uno de los elementos esenciales lo señala la fracción III, que se refiere a la voluntad que deben expresar los contrayentes de celebrar el matrimonio.

El artículo 98 señala cuales son los documentos que se deben acompañar a su solicitud.

Aquí es punto de nuestro interés la fracción V, que dice:

“V.- El convenio que los pretendientes deberán celebrar con relación a sus bienes presentes y a los que adquieran durante el matrimonio. En el convenio se expresará con toda claridad si el matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes. Si los pretendientes son menores de edad, deberán aprobar el convenio las personas cuyo consentimiento es necesario para la celebración del matrimonio. No puede dejarse de presentar ese convenio ni aun a pretexto de que los pretendientes carecen de bienes, pues en tal caso versará sobre los que adquieran durante el matrimonio. Al formarse el convenio se tendrá en cuenta lo que disponen los artículos 195 y 217 y el Oficial del Registro Civil deberá tener especial cuidado sobre este punto, explicando a los interesados todo lo que necesiten saber a efecto de que el convenio quede debidamente formulado.

Si de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 191 fuere necesario que las capitulaciones matrimoniales conste en escritura pública, se acompañara un testimonio de esa escritura en lugar del convenio.”

El Artículo 99, establece que en el caso de que los pretendientes, por falta de conocimientos, no puedan redactar el convenio a que se refiere la fracción V del artículo anterior, tendrá obligación de redactarlo el Oficial del Registro Civil, con los datos que los mismos pretendientes le suministren.

Como podemos observar el Código elimina que los contrayentes celebren en escritura pública las capitulaciones matrimoniales, sustituyéndolo por un convenio, cuya redacción queda en la obligación del Oficial del Registro Civil.

En este sentido sólo apuntamos que es públicamente conocido que los encargados del Registro Civil, hacen firmar dicho convenio a los cónyuges, sin que exista alguna explicación de las consecuencias jurídicas que conlleva la firma del convenio que contiene las capitulaciones matrimoniales.

Este es uno de los argumentos principales en nuestra propuesta, ya que la Ley del Notariado obliga al Notario explicar todas las consecuencias legales de los actos y hechos que se otorgan ante el propio Notario, lo que creemos se asegura la seguridad jurídica que otorga el Estado a sus gobernados y el notario otorga la certeza jurídica a que esta obligado a brindar a la población a la que sirve.

En consecuencia las capitulaciones matrimoniales deben ser explicadas por el notario con todas las consecuencias que las mismas conllevan.

Los artículos siguientes regulan el procedimiento que se debe seguir en la elaboración de las actas respectivas.

El segundo párrafo del artículo 102 dice:

“Acto continuo, el Oficial del Registro Civil leerá en voz alta la solicitud de matrimonio, los documentos que con ella se hayan presentando y las diligencias practicadas, e interrogará a los testigos acerca de si los pretendientes son las mismas personas a que se refiere la solicitud. En caso afirmativo, preguntará a cada uno de los pretendientes si es su voluntad unirse en matrimonio y si están conformes, los declarará unidos en nombre de la ley y de la sociedad.”

Está última parte: “y si están conformes, los declarará unidos en nombre de la ley y de la sociedad”, es lo que se establece como la solemnidad del matrimonio, es decir que el responsable del Registro Civil, hace la declaración en nombre de la ley y la sociedad, como encargado por el Estado para hacerlo.

El Capítulo II se refiere a los requisitos para contraer Matrimonio, iniciando en el artículo 146, que señala lo que apuntamos en el párrafo anterior:

Artículo 146.- El matrimonio debe celebrarse ante los funcionarios que establece la ley y con las formalidades que ella exige.

El Artículo 148 establece que el hombre necesita haber cumplido dieciséis años y la mujer catorce, el siguiente dice que el hijo o la hija que no haya cumplido veintiún años, no pueden contraer matrimonio sin consentimiento de su padre y de su madre, si vivieren ambos, o del que sobreviva.

Por su parte el Artículo 156 establece los impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio.

Como lo anotamos y creemos que es oportuno hacer un análisis de todos los requisitos, elementos y naturaleza jurídica del matrimonio.

Recordemos que el matrimonio tiene las características de los contratos, según lo analizaremos y que como hemos apuntado como una de nuestras propuestas es celebrar también ante el Notario el Matrimonio.


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