CARLOS CORREA ROJO

Doctor en Derecho por la UNAN

Especialista en MASC por la UNAM

 

 

MEDIACION CONDOMINAL

Con el objeto de desarrollar el tema planteado, abordaremos diversas épocas que consideramos resultan importantes para el tema.

 

Igualmente relacionaremos diversas disposiciones que se refieren a la mediación en general, con el objeto de que podamos explicar  la mediación condominal.

Iniciamos relacionando la información que nos brinda el archivo histórico del Instituto  Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el Censo General de la República, emitida por el Ministerio de Fomento; Dirección General de Estadística a cargo del Dr. Antonio Peñafiel, verificado el 20 de octubre de 1895, editado por la oficina tipográfica de la Secretaria de Fomento, calle de San Andrés, número 15, México 189.

De éste Censo citamos algunas cifras de la población para tener una idea del número de personas en la Ciudad de México, como lo señalamos en 1895.

En el Distrito Federal, había una población de 474, 860 habitantes, en el Estado de Oaxaca 24, 280, en el Estado de  Veracruz 863, 220, 

 En el libro “Mejico Histórico Descriptivo, seguido de la crónica militar”, por Evaristo Escalera y Manuel González Llana, editado por la imprenta de M. Minuees, Valverde número 5, Madrid 1862, el escritor hace una viaje a la Ciudad de México:

En el Capítulo XXI hace una breve descripción del centro de la ciudad, se refiere a  los edificios principalmente construidos durante el México de la Colonia, que en la Ciudad de México, eran muy escasos.

En el Código Civil de Oajaca de 1828-1829 (1), encontramos en su Artículo 439, lo relativo a dos cosas (predios), pertenecen a diferentes dueños, pero que tienen la peculiaridad de haberse unido y que fisicamente forman un solo todo, dicha disposición dice:

 

“439. Cuándo dos cosas pertenecientes a diferentes dueños se han unido de modo que forman un solo todo, pero que sin embargo son separables de suerte que la una puede subsistir sin la otra, el todo pertenece al dueño de la cosa que forma la parte principal, con la obligación de pagar el valor de la cosa que ha sido unida.” 

 

Ahora nos referiremos a los Códigos Civiles de 1870 y 1884, que regulaban sobre los edificios. Estos tuvieron una gran influencia del Código Civil francés, así denominado  en 1807.

Citaremos los artículos de ambos Códigos sobre los edificios:

CODIGO 1870 (2)

Título Sexto; de las servidumbres

Capítulo V; de la servidumbre legal de medianería.

Artículo 1120. Cuando los diferentes pisos de una casa pertenecieren a distintos propietarios, si los títulos de propiedad no arreglan los términos en que deben contribuir a las obras necesarias, se guardarán las reglas siguientes:

1.-  Las paredes maestras, el tejado o azotea y las demás cosas de uso común, estarán a cargo de todos los propietarios, en proporción al valor de sus pisos;

2.-  Cada propietario costeará el suelo de su piso;

3.-  El pavimento del portal, puerta de entrada, patio común y obras de policía comunes a todos, se costearán a prorrata para todos los propietarios;

4.- La escalera que conduce al piso primero, se costeará a prorrata entre todos, excepto el dueño del piso bajo; la que desde el piso primero conduce al segundo, se costeará por todos excepto por los dueños del piso bajo y el primero, y así sucesivamente.

CODIGO 1884 (3)

En el Código Civil del Distrito Federal y Territorio de la Baja California de 1884 se encuentra la misma redacción del artículo 1120 del Código de 1870, en el artículo 1040 del Código de 1884.

Título Sexto: De las servidumbres; Capítulo V de la servidumbre legal de medianería.

Artículo 1040. Cuando los diferentes pisos de una casa pertenecieren a distintos propietarios, si los títulos de propiedad no arreglan los términos en que deben contribuir a las obras necesarias, se guardarán las reglas siguientes:

1.-  Las paredes maestras, el tejado o azotea y las demás cosas de uso común, estarán a cargo de todos los propietarios, en proporción al valor de sus pisos;

2.-  Cada propietario costeará el suelo de su piso;

3.-  El pavimento del portal, puerta de entrada, patio común y obras de policía comunes a todos, se costearán a prorrata para todos los propietarios;

4.- La escalera que conduce al piso primero, se costeará a prorrata entre todos, excepto el dueño del piso bajo; la que desde el piso primero conduce al segundo, se costeará por todos excepto por los dueños del piso bajo y el primero, y así sucesivamente.

Código Civil 1928. (4)

En el Código Civil de 1928 encontramos en su artículo 951 lo correspondiente a la propiedad de un edificio:

Artículo 951. Cuando los diferentes pisos de una casa pertenecieren a distintos propietarios, si los títulos de propiedad no arreglan los términos en que deben contribuir a las obras necesarias, se guardarán las reglas siguientes:

1.-  Las paredes maestras, el tejado o azotea y las demás cosas de uso común, estarán a cargo de todos los propietarios, en proporción al valor de sus pisos;

2.-  Cada propietario costeará el suelo de su piso;

3.-  El pavimento del portal, puerta de entrada, patio común y obras de policía comunes a todos, se costearán a prorrata para todos los propietarios;

4.- La escalera que conduce al piso primero, se costeará a prorrata entre todos, excepto el dueño del piso bajo; la que desde el piso primero conduce al segundo, se costeará por todos excepto por los dueños del piso bajo y del primero, y así sucesivamente.

Como podemos observar lo referente a los edificios no tuvo cambios en el Código de 1928.

Como lo informa el INEGI en el anuario estadístico de los Estados Unidos Mexicanos de 1954 existían en la ciudad de México 24,730 edificios terminados.

 

LEY SOBRE EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD Y CONDOMINIO 

DE LOS EDIFICIOS DIVIDIDOS EN PISOS, 

DEPARTAMENTOS, VIVIENDAS O LOCALES” 

LEY 1954

 

Consideramos que el legislador creyó importante regular a la propiedad de condominios debido al crecimiento de este tipo de construcciones, por lo que el en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 15 de diciembre de 1954 se emite la “Ley sobre el Régimen de propiedad y Condominio de los Edificios Divididos en Pisos, Departamentos, Viviendas o Locales” 

En esta misma fecha se reforma el artículo 951 del Código Civil quedando como sigue:

Artículo 951.- Cuando los diferentes pisos, departamentos viviendas o locales de un edificio, susceptibles de aprovechamiento por tener salida propia a un elemento común de aquel o a la vía pública, pertenecieren a distintos propietarios, cada uno de éstos tendrá un derecho singular y exclusivo de propiedad sobre su piso, departamento, vivienda o local y además un derecho de copropiedad sobre los elementos y partes comunes del edificio necesarios para su adecuado uso o disfrute, tales como el suelo, cimientos, sótanos, muros de carga, fosos, patios, pozos, escaleras, elevadores, pasos, corredores, cubiertas, canalizaciones, desagües, servidumbres, etc. 

El derecho de copropiedad sobre los elementos comunes del edificio sólo será enajenable, gravable o embargable por terceros, conjuntamente con el piso, departamento, vivienda o local de propiedad exclusiva respecto del cual se considera anexo inseparable. La copropiedad sobre elementos comunes del edificio no es susceptible de división.

Los derechos y obligaciones de los propietarios a que se refiere este precepto, se regirán por las escrituras en que se hubiera establecido el régimen de propiedad, por la de compra- ventas correspondientes por el Reglamento de Condominios y Administración y, en su caso, por la Ley Reglamentaria de este artículo.

 La Ley sobre el Régimen de propiedad y Condominio de los Edificios Divididos en Pisos, Departamentos, Viviendas o Locales, de 1954, en su artículo 31 segundo párrafo, encontramos una referencia a la figura que trataba con los problemas al interior del condominio que pudieran presentarse: Citamos el segundo párrafo del artículo mencionado:

 “El administrador será el representante legal de los propietarios, en todos los asuntos comunes relacionados con el edificio sea que promuevan o en contra de ellos. Tendrá las facultades de representación de un apoderado para administrar bienes y los pleitos y cobranzas pero no las especiales o que requieran cláusula especial salvo que se le confiera por el reglamento o la asamblea”

LEY SOBRE EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO 

DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Y TERRITORIOS FEDERALES

LEY DE 1972

En el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 1972 se publicó la ley denominada “Ley sobre el régimen de propiedad en condominio de inmuebles para el Distrito federal y Territorios Federales“  que deroga la ley de 1954,  en esta ley el administrador es la figura que resuelve los conflictos, igual que en la ley del 1954, el artículo 31 de la ley, dice: 

Artículo 31: Corresponde al administrador 

………

Fracción II.- Cuidar y vigilar los bienes del condominio y otros servicios comunes, y promover la integración, organización y desarrollo de la comunidad. Entre los servicios comunes están comprendidos los que a su vez sean comunes con otros condominios o con vecinos de casas unifamiliares, cuando estén ubicados dentro de un conjunto o unidad urbana habitacional, o sean edificios, alas o secciones de una construcción vasta.

La prestación de estos servicios y los problemas que surjan con motivo de la contigüidad del condómino con otros o con vecinos de casas unifamiliares serán resueltos en las asambleas correspondientes, llevando la representación de los condominios respectivos el administrador o la persona designada para tal efecto. Estas asambleas serán reglamentadas por la asociación de administradores o representantes de condominios y de vecinos que se constituya;  

El artículo 41, establece lo siguiente:

Artículo 41.- Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación y aplicación de la presente Ley, el Reglamento del Condominio, la escritura constitutiva y de la traslativa de dominio, así como las demás disposiciones legales aplicables, serán sometidas al arbitraje, si lo prevé el Reglamento de los Tribunales competentes.

PROCURADURIA SOCIAL 

DEL DISTRITO FEDERAL 

1989

La Procuraduría Social del Distrito Federal, se crea mediante acuerdo emitido por el C. Jefe del Departamento del Distrito Federal, publicado el Diario Oficial de la Federación el día 25 de enero de 1989, cuyo objetivo fue atender quejas administrativas contra actos u omisiones de las autoridades de la administración pública del Distrito Federal.

Posteriormente, en 17 de julio de 1989, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Manual de Organización de la Procuraduría Social, este ordenamiento, que tuvo como objetivo regular la estructura de organización de la institución. Cabe destacar, que solamente en el artículo 1º. fracción III y 20 de éste manual, se facultaba a la institución para orientar, informar y asesorar a los poseedores o adquirientes de vivienda de interés social, en lo relacionado a la celebración de actos jurídicos y contratos para obtener su adquisición y a la administración del inmueble, y en el caso de condominios de carácter vecinal, las controversias que se susciten entre éstos.

Así, se llevaron a cabo reformas en la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal en 1993, que en sus artículos 28, 30 y 41, facultaban al Departamento del Distrito Federal, para constatar los quórums y los resultados de la elección de administradores y del consejo de vigilancia y en su caso la entrega de la documentación administrativa y contable respectiva, así como registrar los nombramientos de los administradores e intervenir en las controversias condominales, en la vía de la conciliación.

El  15 de diciembre de 1993, 4 años después de creada la Procuraduría Social   se  publica en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo (abajo consignado) en el cual delega en la Procuraduría Social, únicamente las facultades de registrar los nombramientos de administradores y la de dirimir las controversias condominales en la vía conciliatoria.

ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA PROCURADURÍA SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL.

De este acuerdo relacionaremos lo que creemos oportuno para el tema que nos ocupa.

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. 25 DE ENERO DE 1989 

Al margen un escudo, que dice: Jefe del Departamento del Distrito Federal.- México.

MANUEL CAMACHO SOLIS, Jefe del Departamento del Distrito Federal, …y CONSIDERANDO

Que la actividad de la Administración Pública del Distrito Federal debe responder cada vez de manera más oportuna y eficaz tanto en la atención de asuntos que le planteen los particulares, como en la prestación de servicios públicos, siendo indispensable para lograr tal propósito que los habitantes de la entidad federativa dispongan de nuevas vías de interacción con su gobierno;

Que con ese propósito resulta conveniente contar con una vía expedita, gratuita y sin formalidades procedimentales, que a la vez no constituya una instancia ejecutiva ni jurisdiccional;

Que sin perjuicio de los diversos recursos e instancias jurídicas que pueden utilizar los particulares en defensa de sus intereses, así como presentar quejas e inconformidades, además de obtener la orientación e información que requieran, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

ARTICULO 1o.- Se crea la Procuraduría Social del Departamento del Distrito Federal adscrita directamente a la Jefatura del propio Departamento, …

ARTICULO 2o.- La Procuraduría Social del Departamento del Distrito Federal estará dotada de autonomía financiera, técnica, administrativa y operativa, y su actuación e interacción con los particulares se realizará sin perjuicio de las facultades que las disposiciones legales confieren a las unidades administrativas y entidades sectorizadas del Departamento del Distrito Federal.

ARTICULO 4o.- La Procuraduría Social del Departamento del Distrito Federal tendrá las funciones siguientes:

I.- … V.- …

VI.- Emitir recomendaciones que tiendan a conciliar las diferencias entre autoridades o prestadores de servicios del Departamento y los particulares, con motivo de las quejas e inconformidades que estos últimos presenten, conforme al presente Acuerdo;

VII.- a VIII.

ARTICULO 5o.- Las quejas e inconformidades a que se refiere el presente Acuerdo deberán ser recibidas por la Procuraduría Social, sin exigir requisito alguno de formalidad, sean por escrito o en forma verbal.

ARTICULO 6o a 16.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEXTO.- Publíquese este Acuerdo en la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal.

México, D. F., a 23 de enero de 1989.- El Jefe del Departamento del Distrito Federal, Manuel Camacho Solís.- Rúbrica.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Departamento del Distrito Federal.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL.

Publicado en el DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN de 17 de JULIO de 1989

Del siguiente Manual de operación de la Procuraduría Social  nos interesa para el tema  el artículo 1 fracción III, y el artículo 20.

Es hasta 1993, que se delega a la Procuraduría Social, su injerencia en las controversias condominales.

MANUEL CAMACHO SOLIS, Jefe del Departamento del Distrito Federal,… CONSIDERANDO:

Que por acuerdo de 23 de enero de 1989, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 del mismo mes y año, se crea la Procuraduría Social del Departamento del Distrito Federal, como un órgano desconcentrado del Departamento del Distrito Federal, constituyéndose en una instancia de participación ciudadana, expedita, gratuita y sin formalidades procedimentales, que coadyuva con el Jefe del Departamento del Distrito Federal a efecto de que los actos de autoridad y la prestación de los servicios públicos a cargo del Departamento del Distrito Federal y de las entidades paraestatales sectorizadas al mismo se realicen apegados a los principios de legalidad, eficiencia, honestidad y oportunidad.

Que para el cabal cumplimiento de las atribuciones conferidas a la Procuraduría Social del Departamento del Distrito Federal, es necesario que cuente con un Instrumento Jurídico que determine la información sobre su Estructura Orgánica, Funciones, Sistema de Comunicación y Coordinación y Principales Procedimientos Administrativos ante ella, he tenido a bien expedir el siguiente:

MANUAL DE ORGANIZACION DE LA PROCURADURIA SOCIAL 

DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL.

ARTICULO 1o.- La Procuraduría Social del Departamento del Distrito Federal, tiene por objeto:

I y II

III. Orientar, informar y asesorar a los poseedores o adquirentes de viviendas de interés social en todo aquello que se refiera a la celebración de actos jurídicos y contratos para obtener su adquisición y a la administración del inmueble, en el caso de condominios de carácter vecinal, cuando ésta corresponda a los condominios, pudiendo designar de entre ellos, a falta de acuerdo de los mismos, al responsable de la administración, cuyo cargo no podrá exceder de tres años: así como, en general, procurar el cumplimiento de la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal y demás disposiciones aplicables en esta materia.

IV. y V

ARTICULO 2o a 19….

ARTÍCULO 20.- La Procuraduría Social será competente para conocer de los casos de controversias entre condominios de carácter vecinal y de asuntos relacionados con la prestación de un servicio público con motivo de una concesión o autorización del Departamento del Distrito Federal. Al recibirse la queja podrá citarse a las partes para que personalmente comparezcan, caso en el cual se procurará la conciliación entre ellas.

De no comparecer alguna de las partes o no lograrse la conciliación, se turnará el asunto a la autoridad del Departamento del Distrito Federal a quien corresponda la vigilancia del servicio público concesionado o autorizado, para que resuelva lo que proceda. Tratándose de condominios, la Procuraduría decidirá lo que considere conveniente de conformidad con la Ley Sobre el Régimen de Propiedad en Condominios de Inmuebles para el Distrito Federal y demás disposiciones aplicables en esta materia.

ARTICULO 21 a 26…

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente manual entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Publíquese el presente manual en la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal.

TERCERO.- Se derogan las disposiciones emitidas por el Departamento del Distrito Federal que se opongan a esta manual.

México, D. F., a 13 de julio de 1989.- El Jefe del Departamento del Distrito Federal, Manuel Camacho Solís.- Rúbrica.

REGISTRO DE LOS NOMBRAMIENTOS DE ADMINISTRADORES Y FACULTADES PARA DIRIMIR LAS CONTROVERSIAS CONDOMINALES EN LA VÍA CONCILIATORIA.

EL  15 de diciembre de 1993,  se publica en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo  con dos artículos, por el  Jefe del Departamento del Distrito Federal, en el cual delega en la Procuraduría Social, únicamente las facultades de registrar los nombramientos de administradores y la de dirimir las controversias condominales en la vía conciliatoria.

Este acuerdo en lo conducente lo transcribimos aquí:

ACUERDO mediante el cual se delegan en la Procuraduría Social, el ejercicio de las facultades concedidas al Departamento del Distrito Federal en los artículos 30 y 41 de la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de inmuebles para el Distrito Federal, relativas a la conciliación de conflictos de carácter condominal y al registro de administradores de condóminos.

ARTÍCULO PRIMERO:

Se delegan en la Procuraduría Social, el ejercicio de las facultades concedidas al Departamento del Distrito Federal, en los artículos 30 y 41 de la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de inmuebles para el Distrito Federal, relativas a la conciliación de conflictos de carácter condominal y al registro de administradores de condominios.

 

LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL

Publicada en el DOF el jueves 31 de diciembre de 1998.

Dice:

Artículo 43.- Corresponde al administrador:

II.- Cuidar y vigilar los bienes del condominio y los servicios comunes, promover la integración, organización y desarrollo de la comunidad. . .- .

 

En esta ley, el Capítulo IV denominado de las controversias y procedimientos ante la Procuraduría Social del entonces Distrito Federal, se dice en los artículos del 65 al 75, los mecanismos para posibles soluciones de conflictos por vía de la conciliación.

 

En dicho capitulado, también se señala la posibilidad del arbitraje.

 

La firma de los convenios a los que las partes quieran llegar, los cuales para que puedan ejecutarse tienen que sujetarse al procedimiento de homologación previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

 

Continuamos con el tema y comentaremos lo que nos parece mas significativo de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal, relacionaremos el Código Civil para el Distrito Federal, Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Reglamento  Interno del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal y Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal.

 

LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA 

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 08 de enero de 2008

Última reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de diciembre de 2014.

En el artículo 2 de esta ley define los conceptos a utilizar, es del interés de este trabajo señalar los siguientes:

Artículo 2:

Fracción VI:

Mediador: mediador autorizado por el Centro para asistir al mediador asignado a la atención de una determinada controversia, aportando sus experiencias, conocimientos y habilidades.

VIII. Justicia alternativa: procedimientos distintos a los jurisdiccionales para la solución de controversias entre particulares.

X. Mediación: procedimiento voluntario por el cual dos o más personas involucradas en una controversia, a las cuales se les denomina mediados, buscan y construyen una solución satisfactoria a la misma, con la asistencia de un tercero imparcial denominado mediador.

XI. Mediados: (Nota; en el original dice a la letra “Mediados, suponemos debe decir “Mediadores” ) personas físicas o morales que, después de haber establecido una relación de variada naturaleza jurídica, se someten a la mediación, en busca de una solución pacífica a su controversia.

XII. Mediador: especialista que habiendo cumplido los requisitos previstos por esta Ley se encuentra capacitado, certificado y registrado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal para conducir el procedimiento de mediación e intervenir como facilitador de la comunicación y la negociación entre particulares involucrados en una controversia, y que podrá ser público o privado.

En su fracción XII bis señala que puede existir un módulo de mediación: 

XII bis. Módulo de Mediación: Es la unidad territorialmente desconcentrada que podrá ser permanente, temporal o itinerante, instalada por cuenta del Tribunal o de una dependencia o entidad para ofrecer y atender los servicios de mediación;

XII Ter. Módulo de mediación privada: Es el establecimiento o espacio físico instalado por cuenta de uno o varios mediadores privados en una institución pública o privada que, habiendo satisfecho los requisitos para ello, se encuentra registrado y autorizado por el Centro, (Por “Centro” se refiere al Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México )

La ley define en el artículo 3 el objetivo de la mediación: 

Artículo 3. La mediación tiene como objetivo fomentar una convivencia social armónica, a través del diálogo y la tolerancia, mediante procedimientos basados en la prontitud, la economía y la satisfacción de las partes.

La mediación, como método de gestión de conflictos, pretende asimismo evitar la apertura de procesos judiciales de carácter contencioso y poner fin a los ya iniciados.

En su artículo 4 se especifica   de donde surge dicha mediación:

Artículo 4. La mediación procederá de la voluntad mutua de los particulares de someterse a ella para solucionar o prevenir una controversia común. Los jueces del Distrito Federal podrán, de conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable, ordenar a los particulares que acudan al procedimiento de mediación a que se refiere la Ley, e intenten, a través de dicho procedimiento, llegar a un acuerdo que ponga fin a la controversia, decretando además la suspensión del juicio hasta por el término de dos meses.

Modificación 08/febrero/2011 y 20/agosto/2015

Para éste trabajo nos importa señalar al artículo 5 de la ley en su fracción I:

Artículo 5. La mediación procederá en los siguientes supuestos:

I. En materia civil, las controversias que deriven de relaciones entre particulares, sean personas físicas o morales, en tanto no involucren cuestiones de derecho familiar.

Las fracciones II, III, IV y V, se refieren respectivamente a; materia mercantil, materia familiar, materia penal, y justicia para adolescentes.

En el artículo 6 en su primer párrafo hace constar que la “mediación es independiente de la jurisdicción ordinaria” 

“Artículo 6. La mediación es independiente a la jurisdicción ordinaria y tiene como propósito auxiliarla……” 

En el artículo 8 señala como principios rectores del servicio de mediación a los siguientes:

I.- Voluntariedad; señalando que debe ser por una decisión propia, libre y autentica.

II.- Confidencialidad; aquí ordena que la información de la mediación no puede ser divulgada.

III.- Flexibilidad; señala que la mediación no debe ser rígida, ya que parte de la voluntad de los mediados.

IV.- Neutralidad; los mediadores deben actuar de forma neutral, libre de juicios.

V.- Imparcialidad; el mediador debe estar libre de preferencias.

VI.- Equidad; el mediador debe actuar en condiciones de equilibrio.

VII.- Legalidad; el mediador debe actuar dentro de la ley, la moral y buenas costumbres.

VIII.- Economía; el procedimiento  debe implicar el mínimo de gastos.

En su capítulo segundo   describe la organización y funcionamiento del centro de justicia alternativa 

Señalando que es una dependencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Con la finalidad y atribución desarrollar y administrar de manera eficaz la mediación como un método alterno de solución de controversias.

Así también capacitar,  certificar  y registrar a los mediadores para el servicio público y privado, supervisar a los módulos de mediación que ya se comentó son atendidos por servidores públicos que se capacitaron en dicho centro.

En el Capítulo tercero; de los prestadores del servicio de mediación. 

En el artículo 18  describe los requisitos para ser mediador público  certificado:

Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos y tener por lo menos veinticinco años de edad al día de su designación.

Contar con título y cédula profesionales de Licenciatura en Derecho, así como dos años de experiencia profesional mínima demostrable, en cualquiera de las materias competencia del Centro;

Concursar y aprobar el proceso de selección.

El cargo de mediador debe ser ratificado cada tres años, además de presentar un examen.

Para ser mediador privado exige lo siguiente:

Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos y tener por lo menos veinticinco años de edad al día de su designación.

Contar con título y cédula profesionales de Licenciatura en Derecho, así como dos años de experiencia profesional mínima demostrable, en cualquiera de las materias competencia del Centro;

Gozar de buena reputación profesional y no haber sido sentenciando de manera ejecutoria por un delito doloso, que amerite la privación de la libertad.

Presentar y aprobar el examen de conocimientos de competencias laborales; Aprobar los cursos de capacitación para la certificación y registro, y realizar las horas de práctica en el Centro que fijen las Reglas.

De igual forma este nombramiento dura tres años y para renovar deben presentar examen. Los mediadores públicos que dejen ser servidores públicos podrán concursar para ser mediador privado.

Las demás condiciones se refiere a que el mediador no puede actuar si existen vínculos familiares entre el mediador y alguno o algunas de las personas que están en controversia.

El capítulo cuatro ordena sobre el mediador público, consideramos que no es materia de este trabajo.

Capítulo Quinto: de los derechos y obligaciones de los mediados.

En el artículo 30, describe los cuatro pasos para llegar a un acuerdo final.

En el primer paso se encuentran los siguientes;

El primer punto  es la entrevista entre el mediador y sus mediados.

El segundo es aclarar las reglas de la mediación y firmar su aceptación  así como el convenio de confidencialidad.

Dar a conocer las formas a seguir y los posibles escenarios de la terminación de la mediación.

Conocer la naturaleza del conflicto.

En el segundo paso  se forma por el  análisis del caso y  formar una agenda de trabajo.

Este segundo paso se divide en lo siguiente;

Identificar los puntos principales del conflicto; que los actores reconozcan su corresponsabilidad.

Se deben identificar las partes controversiales y las partes generadoras del conflicto.

Se debe tener en cuenta el aspecto emocional de los mediados; se debe hacer una lista de las materias a tratar en la mediación, y por ultimo llevar a cabo la agenda de trabajo que se a trazado.

En el tercer paso se busca construir las soluciones, de la siguiente forma:

Aportar alternativas a los mediados, estas deben ser evaluadas y seleccionadas, y al final intentar llegar a una construcción de acuerdos.

El cuarto paso y final, en este se revisan los acuerdos, se elabora el convenio y se firma en el caso que adopte una forma escrita.

El artículo 31 señala que el  procedimiento de mediación se realizará a través de sesiones grupales.

El artículo 32 ordena en 10 fracciones  que durante el procedimiento de mediación, los mediados de la deben conducirse de la siguiente forma:

Deben mantener la confidencialidad del diálogo de la mediación; observar una conducta de respeto y tolerancia hacia los otros y el mediador; dialogar con honestidad y franqueza; evitar que los acontecimientos del pasado, no sean un obstáculo para la construcción de una solución; estar conscientes  que están por voluntad propia en la sesión y su actitud por lo tanto debe ser activa; deben permitir que el mediador guíe el procedimiento; estar dispuestos para efectuar sesiones privadas cuando el mediador las solicite o alguno de los mediados la sugiera; permanecer en la sesión hasta que esta haya concluido; respetar fechas y horas para las sesiones, así como confirmar y asistir; en caso de fuerza mayor que le impida asistir, solicitar   a quien corresponda,  la reprogramación de la sesión.

El artículo 33.  Indica que la duración de la mediación será la  suficiente, en atención a la complejidad de la controversia. 

En el artículo 34 se ordena que la mediación concluirá en cualquier momento si se actualiza alguno de los siguientes 9  supuestos:

Por convenio en el que se haya resuelto la totalidad o parte de los puntos litigiosos de la controversia; por el comportamiento irrespetuoso o agresivo de alguna de las partes hacia la otra, el mediador o persona autorizada para intervenir en la mediación; por decisión conjunta o separada de las partes; por inasistencia injustificada de ambas partes a dos sesiones consecutivas, o por inasistencia, sin causa justificada, de alguna de las partes a tres sesiones consecutivas; por decisión del mediador, cuando de la conducta de alguna o de ambas partes, se desprenda indudablemente que no hay voluntad para llegar a un acuerdo.

El siguiente párrafo se refiere al centro de mediación  e indica que este centro  está atento a las posibles circunstancias especiales que se actualicen en el transcurso de la mediación, recurrirá a todas las medidas pertinentes a su alcance, para que ésta concluya exitosamente, siempre que las mismas no violenten la ley, la moral ni las buenas costumbres.

El artículo 35. Dicta que los acuerdos a los que lleguen los mediados podrán adoptar la forma de convenio por escrito, en cuyo caso deberá contener las formalidades y requisitos siguientes, esto lo describe en 9 fracciones:

Debe contener  el lugar y fecha de celebración; nombres edades nacionalidades, estado civil, profesiones, domicilios de cada uno de los mediados; en el caso de las personas morales se acompañará, como anexo, el documento con el que el apoderado o representante legal del mediado de que se trate, acreditó su personalidad; los antecedentes del conflicto entre los mediados que los llevaron a utilizar la mediación; debe contener; un  capítulo de declaraciones, si los mediados lo estiman conveniente; la descripción precisa de las obligaciones de dar, hacer o no hacer que hubieren acordado los mediados; así como el lugar, la forma y el tiempo en que estas deberán cumplirse; las firmas o huellas dactilares, en su caso, de los mediados; y  nombre y firma del Director General, del Director o Subdirector de Mediación actuante o, en su caso, del Secretario Actuario correspondiente, para hacer constar que da fe de la celebración del convenio; así como el sello del Centro, y; número o clave de registro en el Centro.

El Convenio se redactará al menos por triplicado, en todo caso se deberá procurar que, con independencia del número de ejemplares, uno sea conservado por el Centro, y cada una de las partes reciba un ejemplar como constancia.

El artículo 36.  Ordena que la información que se genere en los procedimientos de mediación se consideran confidenciales, en términos de lo previsto por la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública y de protección de datos personales.

El Capítulo Sexto denominado “Del procedimiento de Mediación” nuestro punto de vista es que ese título no corresponde del todo a su contenido:

Este artículo 37, trata del incumplimiento parcial o total de un convenio celebrado por los mediados, o ante el cambio de las circunstancias que dieron origen a su celebración, dicta que se podrá  utilizar la re – mediación en el propio Centro y, con la reapertura del expediente respectivo, elaborar un convenio modificatorio o construir uno nuevo.

La re – mediación se llevará a cabo, en lo conducente, utilizando las mismas reglas que, para la mediación, establece esta Ley.

El capítulo séptimo titulado “De la  Re – Mediación y Co – Mediación” contiene dos artículos el 37 bis y el 37 ter.

 En el artículo 37 Bis.  Se dicta que cuando por las características del conflicto se requiera la intervención de un co – mediador, el mediador público o privado podrá solicitar al Director General del Centro o al Director o Subdirector de Mediación que designe a un especialista externo para que lo asista en ese conflicto determinado.

Para ser especialista externo se deberán cumplir los requisitos establecidos en el Reglamento.

El artículo  37 Ter. Ordena que en todos los casos en que se requiera la intervención de un co-mediador se deberá solicitar el consentimiento de los mediados.

El siguiente artículo 38 lo transcribimos enteramente ya que se menciona en el Código Civil para el Distrito federal

Artículo 38. El convenio celebrado entre los mediados ante la fe pública del Director General, Director o Subdirector de Mediación actuante con las formalidades que señala esta Ley, será válido y exigible en sus términos y dicho pacto tendrá fuerza de cosa juzgada.

El convenio traerá aparejada ejecución para su exigibilidad en vía de apremio ante los juzgados. La negativa del órgano jurisdiccional para su ejecución será causa de responsabilidad administrativa, excepto cuando el convenio adolezca de alguno de los requisitos señalados en el artículo 35 de la presente ley.

En el supuesto de incumplimiento del convenio en materia penal, quedarán a salvo los derechos del afectado para que los haga valer en la vía y forma correspondientes.

Surtirán el mismo efecto los convenios emanados de procedimientos conducidos por Secretarios Actuarios y mediadores privados certificados por el Tribunal que sean celebrados con las formalidades que señala esta Ley, y sean debidamente registrados ante el Centro en los términos previstos por esta Ley, el Reglamento y las Reglas, según corresponda.

Si el convenio emanado de procedimiento conducido por Secretario Actuario o mediador privado certificado por el Tribunal no cumple con alguna de las formalidades previstas en esta Ley, y esta es subsanable, se suspenderá el trámite de registro ante el Centro y se devolverá al Secretario Actuario o Mediador Privado, según corresponda, para que subsane dichas formalidades, en caso contrario se negará el registro y se iniciará el procedimiento de sanción correspondiente.

Por acuerdo de los mediados los convenios podrán ser anotados en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de conformidad con las leyes respectivas

Consideramos que el Capítulo Décimo es de interés para este trabajo .

CAPÍTULO DÉCIMO

DEL SERVICIO PRIVADO DE MEDIACIÓN

 Inicia en el artículo 40, que define al servicio privado de mediación 

“El servicio privado de mediación será prestado por conducto de los mediadores privados certificados por el Tribunal en los términos previstos por esta Ley, las Reglas y el Reglamento.”

En el artículo 41 describe las obligaciones del mediador privado en  23 fracciones:

Comentario sobre la fracción I  la ley le indica al mediador que antes de iniciar el proceso de mediación debe orientarles y  valorar si la controversia en curso puede ser solucionada mediante el procedimiento  de mediación si no fuera así les puede sugerir a las instancias adecuadas.

El mediador debe actuar de forma clara, ordenada, transparente, responsable y de buena fe en las actuaciones que impone la mediación siguiendo sus principios rectores;

Debe tratar con respeto y diligencia a los mediados;

Debe guardar secrecía sobre la información que obtenga en el ejercicio de su función, cumpliendo con el deber que le impone el secreto profesional, por lo cual no podrá actuar, en forma alguna, en cualquier procedimiento legal relacionado con los asuntos en los que participe en términos del principio de confidencialidad que rige a la mediación;

Debe abstenerse de ofrecer el servicio de mediación cuando haya participado como apoderado, litigante o asesor de alguna de las partes que soliciten sus servicios y excusarse en cualquier otro supuesto previsto en la legislación aplicable;

 Es imperante que conduzca la mediación con flexibilidad, respondiendo a las necesidades de los mediados, además de propiciar una buena comunicación y comprensión entre ellos y así se facilite la construcción de acuerdos;

Cuidar que los mediados participen de manera libre y voluntaria, exentos de coacciones o de influencia alguna;

Debe conducir la mediación estimulando la creatividad de los mediados durante la construcción de acuerdos;

Es importante que se asegure que los acuerdos a los que lleguen los mediados, estén apegados a la legalidad y sobre la base de la buena fe;

No debe  influir en los mediados para acudir, permanecer o retirarse de la mediación;

 Su escrito debe ser hecho con autonomía;

Debe asegurarse de celebrar el convenio de confidencialidad con los mediados;

Así también celebrar el convenio de pago de honorarios con los mediados;

En el caso  de que a su juicio por las características del conflicto deban participar co-mediadores, peritos u otros especialistas externos, debe solicitar  el consentimiento de los mediados para la participación de estos;

Abstenerse de delegar a persona alguna la función de Mediador certificado en un procedimiento ya iniciado, salvo en los casos de vencimiento, suspensión o revocación de la certificación del mediador;

 El mediador privado  debe tramitar y obtener el registro de los convenios ante el Centro;

Debe facilitar las acciones de supervisión y monitoreo del Centro;

Está obligado a Participar, de manera gratuita, en la atención de campañas de orientación, sensibilización y mediación que emprenda el Centro;

Desempeñar personalmente la función de mediador privado;

Para efectos de la renovación de su certificación y registro, tiene que  participar en los programas de capacitación continua y de actualización que al efecto organicen el Centro y el Instituto, participando, al menos en dos cursos de capacitación por año, así como acudir a los eventos organizados por el Centro, como foros, congresos, coloquios o cualquier otro relacionado con la justicia alternativa;

Tiene que cubrir las cuotas y derechos que resulten aplicables;

Es su deber  verificar y cumplir lo previsto por la legislación aplicable en materia de acceso a la información pública y de datos personales, respecto de la información que se plasme en los convenios en los que participe y resguardarlos, y

 Las demás  leyes y reglas que se establezcan en la Ley, el Reglamento y las Reglas.

Artículo 42. Los mediadores privados certificados por el Tribunal tendrán fe pública únicamente en los siguientes casos:

I. Para la celebración de los convenios que suscriban los mediados y que sean emanados del servicio de mediación privada conducida por el propio mediador privado;

II. Para certificar las copias de los documentos que por disposición de esta Ley deban agregarse a los convenios de mediación con la finalidad de acreditar la identidad del documento y que el mismo es fiel reproducción de su original que se tuvo a la vista con el único efecto de ser integrado como anexo al propio convenio de mediación, y

III. Para expedir copias certificadas de los convenios de mediación que se encuentren resguardados en su archivo a petición de cualquier mediado, del Centro, de autoridad competente o para efectos registrales.

 En el artículo 43. Explica los pasos a seguir a las  personas que haya obtenido la certificación y el registro para ejercer como mediador privado previamente al inicio de sus funciones y dentro de los noventa días siguientes a la expedición de su constancia de certificación deberá:

I. Otorgar la garantía que señale el Consejo;

II. Proveerse a su costa de sello y libro de registro, con las características señaladas en las Reglas;

III. Registrar su constancia de certificación, sello, rúbrica o media firma y firma ante el Centro, el Registro Público de la Propiedad, y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal;

IV. Dar aviso al Centro señalando el domicilio en que se ubique la oficina de su Centro de Mediación privada y

V. Rendir protesta ante el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, o ante quien éste último delegue dicha atribución.

Satisfechos todos los requisitos que anteceden, se mandará publicar, sin costo para el mediador privado certificado, dentro de un plazo de diez días, en el Boletín Judicial y la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el acuerdo de certificación y registro correspondiente, a partir de lo cual el mediador privado certificado podrá iniciar el ejercicio de sus funciones.

El artículo 44.  Indica que los mediadores privados deben llevar  un registro de las mediaciones que conduzcan en un libro que denominarán de registro, en el que asentarán por numeración progresiva una razón que contendrá invariablemente los nombres de los mediados, el tipo de servicio de mediación, el número de sesiones de mediación y la mención de que el convenio fue celebrado de manera privada, ante su fe y registrado por el Centro en los términos previstos por esta Ley.

Anexo al registro deberán adjuntarse las constancias que comprueben que se les orientó debidamente en pre-mediación a los mediados, el escrito de autonomía, el convenio de confidencialidad, el convenio de honorarios, el ejemplar del convenio y demás documentación que el mediador privado considere pertinente, o deba constar agregado por disposición de esta Ley o las Reglas.

El libro de registro y los documentos anexos deberán llevarse con las formalidades previstas en esta Ley y las Reglas.

En el artículo 45 indica que el registro a que se refiere el artículo que antecede deberá llevarse por cualquier medio que permita su conservación y consulta y conforme a lo dispuesto en las Reglas.

En todo caso el mediador privado es responsable de la veracidad de los datos asentados y que los documentos permanezcan inalterados y no sufran deterioro.

El mediador privado queda obligado a exhibir los registros y documentos durante los procedimientos de verificación y supervisión, así como para el refrendo de su certificación si es requerido para ello.

Artículo 46. La mediación privada certificada a que se refiere esta Ley generalmente estará a cargo de un solo mediador.

Cuando por las características del conflicto se requiera la intervención de un co -mediador, o por solicitud expresa de los mediados, se podrá solicitar la intervención de otro mediador privado, mediador público o especialista externo para llevar a cabo la co-mediación.

En caso de que sea necesario un especialista externo, de profesión distinta a la licenciatura en derecho, el mediador podrá solicitar los servicios de los peritos registrados en el Tribunal.

El artículo 47, Explica que el mediador privado podrá sustanciar el procedimiento de mediación del modo que estime adecuado, respetando en todo momento los principios básicos de la mediación previstos en Ley y considerando las circunstancias del caso, los deseos que expresen los mediados y la necesidad de solucionar la controversia.

Son aplicables a los mediadores privados las disposiciones previstas por los artículos 21 fracción XIII y 26 de esta Ley.

El artículo 48. Permite que durante el procedimiento de mediación, el mediador privado podrá reunirse o comunicarse con los mediados conjuntamente o con cada uno de ellos por separado, en el momento que así lo considere oportuno.

En el artículo 49, se aclara cuando el  procedimiento de mediación privada se dará por terminado:

I. Por convenio en el que se haya resuelto la totalidad o parte de los puntos litigiosos de la controversia;

II. Por decisión conjunta o separada de los mediados;

III. Por inasistencia injustificada de ambos mediados a dos sesiones consecutivas, o por inasistencia, sin causa justificada de alguno de los mediados a tres sesiones consecutivas;

IV. Por el comportamiento irrespetuoso o agresivo de alguno de los mediados respecto del otro, del mediador o del especialista externo, cuya gravedad impida cualquier intento posterior de diálogo, o

V. Por alguna causa de terminación prevista en otra normatividad aplicable.

En el artículo  50, se indica que los  acuerdos a los que lleguen los mediados mediante el servicio de mediación privada podrán adoptar la forma de convenio por escrito, en cuyo caso deberá contener las formalidades y requisitos siguientes las cuales se dictan en once fracciones, deben contener lo siguiente:

El número de registro que le corresponda de los referidos en el artículo 44 de esta Ley; El  Lugar y fecha de celebración; El nombre completo, número de registro de certificación, sello y firma del mediador privado; en su caso el nombre completo del especialista o especialistas externos que participaron; Los nombres edades, nacionalidades, estado civil, profesiones u ocupación así como el domicilio de cada uno de los mediados;

En el caso de las personas morales, se acompañará como anexo en copia certificada el documento con el que el apoderado o representante legal del mediado de que se trate, acreditó su personalidad;

También debe contener los antecedentes del conflicto entre los mediados que los llevaron a utilizar la mediación; Contener un capítulo de declaraciones, si los mediados lo estiman conveniente; Una descripción precisa de las obligaciones de dar, hacer o no hacer que hubieren acordado los mediados; así como el lugar, la forma y el tiempo en que estas deberán cumplirse;

Las firmas o huellas dactilares, en su caso, de los mediados.

Debe contener una certificación del mediador privado al final del documento donde hará constar:

A.- Que se aseguró de la identidad de los mediados, y que a su juicio tienen capacidad para participar en el procedimiento;

B.- Que orientó a los mediados acerca del valor, las consecuencias y alcances legales de los acuerdos contenidos en el convenio, y

C.- Los hechos que el mediador estime necesarios que guarden relación con el convenio que autorice, en especial aquellos que comprueben que cumplió a satisfacción de los mediados con las obligaciones que le imponen esta Ley, el Reglamento y las Reglas.

El mediador privado deberá señalar expresamente en la certificación el medio por el cual se aseguró de la identidad de los mediados.

Para que el mediador privado haga constar que los mediados tienen capacidad bastará con que no observe en ellos manifestaciones evidentes de incapacidad natural y que no tenga noticias de que están sujetos a interdicción.

El artículo 51 indica que los convenios que sean celebrados ante mediador privado certificado en los términos de la fracción I del artículo 42 con todas las formalidades del artículo anterior, traerán aparejada ejecución para su exigibilidad en vía de apremio ante los juzgados, y dicho pacto tendrá fuerza de cosa juzgada en los términos previstos por el artículo 38 de esta Ley.

El artículo 52,  Indica que en todo caso, además de los requisitos a que se refiere el artículo 50 de esta ley, el mediador privado es responsable de señalar fehacientemente la forma y términos de la celebración del convenio en los términos dispuestos por esta Ley y las Reglas.

Los convenios deberán ser redactados por el mediador privado al menos en cuadruplicado, uno será entregado al Centro para su registro, otro será conservado en el archivo del mediador privado, y se entregará un ejemplar a cada una de las partes.

En el artículo 53. Se aclaran los motivos en nueve fracciones cuando los mediadores privados deberán excusarse para conocer de un asunto cuando se actualice alguno de los siguientes supuestos:

Tener interés directo o indirecto en el resultado del conflicto; Ser cónyuge, concubina o concubinario, socio de convivencia, pariente dentro del cuarto grado por consanguinidad, por afinidad o civil de alguno de los mediados;

Estar en la misma situación a que se refiere la fracción anterior respecto de los miembros de los órganos de administración, cuando los mediados o alguno de ellos sea una persona moral o, en su caso, de los socios ilimitadamente responsables; Mantener o haber mantenido, durante los seis meses inmediatos anteriores a su designación, relación laboral con alguno de los mediados, prestarle o haberle prestado, durante el mismo periodo, servicios profesionales independientes o haber fungido como albacea, síndico, perito o cualquier otra actividad que se encuentre expresamente prohibida en alguna legislación;

Ser socio, arrendador o inquilino de alguno de los mediados; Cuando exista un vínculo de afecto o desafecto con alguno de los mediados o con sus parientes, dentro del cuarto grado por consanguinidad, por afinidad o civil;

 Haber sido o ser abogado, persona de confianza, apoderado o persona autorizada de cualquiera de los mediados en algún juicio anterior o presente, y

 Cuando por la especial naturaleza o complejidad de la controversia planteada reconozcan que la limitación de sus capacidades puede afectar el procedimiento.

Los mediadores privados también deberán excusarse cuando durante la mediación llegare a actualizarse cualquiera de los supuestos antes mencionados.

El artículo 54, ordena que sin perjuicio de las responsabilidades legales en que pudiera incurrir el mediador privado en el ejercicio de su función, queda sometido al régimen disciplinario y procedimiento previsto en esta Ley.

El mediador privado es responsable de las infracciones que cometa en el ejercicio de su función y queda por ello sujeto a las sanciones administrativas que determine esta Ley, las Reglas y, en su caso, las demás disposiciones aplicables.

El artículo 55, describe la función del Comité en el caso de una queja por parte de los mediados y dicta: El Comité  (Nota; se refiere al Comité Revisor de las Evidencias de Evaluación)  conocerá de las quejas de los mediados por presuntas infracciones del mediador privado así como los reportes de visita de supervisión y monitoreo que realice el Centro, cuando se haya detectado la posible comisión de una infracción.

Con la queja y el reporte, según corresponda, se presentarán los elementos probatorios de la presunta infracción.

 El artículo 56, describe los pasos que seguirá el Centro de Mediación indicando lo siguiente:

 El Centro abrirá el expediente de que se trate y lo turnará al Comité en un plazo de tres días hábiles, mismo que deberá substanciar el expediente relativo, solicitando el día hábil siguiente por escrito un informe al mediador denunciado o reportado, quien deberá rendirlo por escrito en un plazo no mayor de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación, en el que podrá ofrecer las pruebas que estime necesarias.

Una vez recibido el informe y las pruebas el Comité, dentro del plazo de dos días hábiles, señalará día y hora para la audiencia de desahogo y valoración de las pruebas admitidas, a la que citará al quejoso, al comisionado del Centro, en su caso, y al mediador denunciado. La audiencia se realizará dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la recepción del informe y las pruebas.

La audiencia habrá de celebrarse en la sede del Centro y tendrá verificativo concurran o no las partes citadas.

Una vez rendido el informe y desahogadas las pruebas admitidas, el asunto se discutirá y votará en la misma sesión del Comité.

Los acuerdos tomados serán asentados en el acta respectiva. Las resoluciones deberán ser informadas al Pleno del Consejo y notificadas al mediador de que se trate y al quejoso, en su caso, en un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha del acuerdo correspondiente.

En el artículo 57, explica lo que el mediador puede hacer en caso de una sanción;

El mediador sancionado podrá recurrir la resolución del Comité ante el Consejo de conformidad  (Nota;  por Consejo se refiere  al Consejo de la Judicatura del Distrito Federal) a lo previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. La resolución del Consejo será definitiva.

(Transcribimos lo ordenado en el artículo 106 Bis 2,  la  Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, acerca de las responsabilidades del mediador privado:

Artículo 106 Bis 2. Sin perjuicio de las responsabilidades legales en que pudiera incurrir el mediador privado en el ejercicio de su función, queda sometido al régimen disciplinario y procedimiento previsto en la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal y las demás disposiciones aplicables.)

El artículo 58 trata sobre las infracciones del mediador privado y consigna:

Comete infracción el mediador que incumpla las obligaciones previstas en esta Ley y en el incumplimiento de las obligaciones establecidas en Reglamento y las Reglas.

Las sanciones administrativas aplicables a los mediadores privados serán impuestas por el Comité, órgano que fundará y motivará su resolución, tomando en cuenta la gravedad de la infracción; la calidad de reincidente del infractor, entendiendo por reincidencia, que el infractor haya sido sancionado por violaciones a las disposiciones de esta Ley, el Reglamento y de las Reglas dentro del periodo de vigencia de la certificación y registro, y el beneficio obtenido por el infractor como resultado de la infracción en su caso.

Reglamento  Interno del Centro de Justicia Alternativa 

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

Con respecto al Reglamento  Interno del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ordena en el artículo 108 lo conducente:

Artículo 108. El Comité será competente para:

  1. Revisar las evidencias de evaluación de los mediadores para efectos de nombramiento y ratificación, certificación y renovación, según corresponda;

II. Emitir dictamen de competencia;

III. Conocer de las quejas y/o reportes sobre posibles infracciones que cometan los mediadores privados en el ejercicio de su función y, de ser procedente, aplicar las sanciones, conforme a la Ley, las Reglas y demás disposiciones aplicables, según corresponda;

IV. Fungir como Comité de Certificación, de conformidad con la Ley Nacional y los lineamientos para la certificación aplicables;

V. Las demás previstas por la Ley y las Reglas, y

VI. Las que le confiera el Consejo.

En el siguiente artículo 59 describe las sanciones al mediador privado, respetamos  los números e incisos  de las fracciones ya que en el artículo 60 cita las fracciones donde señala la cancelación del registro del mediador: 

Artículo 59. Las sanciones podrán ser las siguientes:

I. Amonestación escrita con apercibimiento y multa en los supuestos previstos por las Reglas;

II. Suspensión temporal del registro que podrá ser de uno a tres meses en los supuestos previstos por las Reglas, y

III. Cancelación del registro en los siguientes casos:

a) Cuando al término de la vigencia de su certificación no cumpla con los requisitos previstos por esta Ley, las Reglas y demás disposiciones aplicables para obtener la renovación;

b) Por reincidencia de alguno de los supuestos que ameriten suspensión;

c) Por celebrar un convenio emanado del servicio de mediación sin entregar un ejemplar al Centro para su archivo y no haber tramitado su registro, en los términos del artículo 35 de esta Ley;

d) Por celebrar un convenio emanado del servicio de mediación sin identificar a los mediados, o habiéndolos identificado hubiere permitido que el convenio se celebrara sin su presencia en los términos previstos por esta Ley, el Reglamento y las Reglas;

e) Por permitir la suplantación de su persona en un procedimiento de mediación;

f) Por presentar a registro ante el Centro un convenio con firmas falsas a sabiendas de esta situación;

g) Por negarse o no permitir por cualquier causa el procedimiento de verificación y supervisión a que se refieren esta Ley, el Reglamento y las Reglas;

h) Por realizar actuaciones de fe pública fuera de los casos previstos por el artículo 42 de esta Ley, e

i) En los demás casos establecidos en las Reglas.

Artículo 60. Cuando la cancelación del registro sea por alguna de las causas previstas en los incisos b), c), d), e), f), g) y h) del artículo 59 de esta Ley, no se podrá volver a certificar ni registrar ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal como mediador.

Las Reglas determinarán los casos en que proceda cada una de las sanciones mencionadas, así como los procedimientos de verificación y supervisión. Se agregará al expediente del mediador de que se trate, un ejemplar de la resolución del Comité y del Consejo, en su caso.

 

LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO 

DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL

LEY 2011

 

Respecto de esta Ley, referimos los artículos que se refieren al tema de Medición

Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 27 de enero de 2011

Última reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de marzo de 2017.

LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por objeto regular la constitución, modificación, organización, funcionamiento, administración y extinción del Régimen de Propiedad en Condominio.

Asimismo regulará las relaciones entre los condóminos y/o, poseedores y entre éstos y su administración, estableciendo las bases para resolver las controversias que se susciten con motivo de tales relaciones, mediante la conciliación, el arbitraje, a través de la Procuraduría Social del Distrito Federal, sin perjuicio de la competencia que corresponda a otras autoridades judiciales o administrativas.

COMENTARIO: La ley como lo indica establece las bases para resolver las controversias.

Artículo 2.- Para efectos de ésta Ley se entiende por:

………

………

COMITÉS: Están formados por condóminos o poseedores de unidades de propiedad privativa que se organizan para realizar actividades que atienden algunos servicios complementarios ambientales, preventivos contra siniestros y promueven la cultura condominal en beneficio de la comunidad. Son instancias de autogestión, mediación, atemporales y no obligatorias, su número integrante varía, y se conforman en torno a objetivos concretos.

Artículo 30- Así también, podrán celebrarse otro tipo de asambleas, siempre sujetas a la Asamblea General, y que se regirán conforme a lo que establece esta Ley, su Reglamento y el Reglamento Interno, como son:

……..

Fracción V:

V.  Las Asambleas Generales para la Instalación de los comités de medio ambiente; educación y cultura; seguridad y protección civil; activación física y deporte; y de mediación de conformidad a lo dispuesto en el artículo 82 de este ordenamiento.

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a las asambleas de condóminos, éstos podrán acordar otros mecanismos y formas para tomar decisiones y acuerdos para la mejor administración de los condominios

En el artículo 30, fracción V, permite “otros mecanismos y formas para tomar decisiones y acuerdos para la mejor administración de los condóminos”.

Artículo 33.- La Asamblea General tendrá las siguientes facultades:

……….

VI. Nombrar y remover al Comité de Vigilancia y a los comités de Medio Ambiente, Educación y Cultura; Seguridad y Protección Civil; de Activación Física y Deporte; y de Mediación;

(REFORMADA, G.O.D.F. 13 DE ENERO DE 2015)

…….

XX. Promover la capacitación de los integrantes de los Comités de vigilancia y de Medio Ambiente; Educación y Cultura; Seguridad y Protección Civil; de Activación Física y Deporte; Mediación, así como el seguimiento de los casos en conflicto para su resolución pacífica.

(REFORMADA [N. DE E. RECORRIDA EN SU ORDEN] G.O.D.F. 13 DE ENERO DE 2015)

Artículo 59, en su párrafo quinto se encuentra lo siguiente:

El Administrador, en todos los casos, antes de iniciar un procedimiento ante la Procuraduría Social, deberá acreditar ante ésta haber concluido un procedimiento interno previo de mediación conciliación, en el cual demuestre haber realizado requerimientos, pláticas, notificaciones, exhortos, invitaciones y/o propuestas de convenio.

En el Capítulo IV: De las controversias y Procedimientos ante la Procuraduría Social del Distrito Federal.

En el artículo 63  encontramos que la procuraduría social tiene competencia en las controversias, sin señalar que será un mediador.

 

Artículo 63: “La Procuraduría tendrá competencia en las controversias que se susciten entre los condóminos, poseedores o entre éstos, su Administrador, Comité de Vigilancia”

 En el Capítulo IV: “DE LAS CONTROVERSIAS Y PROCEDIMIENTOS ANTE LA PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL”

En el primer párrafo del artículo 64 la ley ordena que antes de lleva el conflicto a la Procuraduría  Social, debe acreditarse que se agotó el procedimiento de mediación:

Artículo 64. Previo al inicio del procedimiento conciliatorio se requerirá acreditar haber agotado un procedimiento de mediación ante el Administrador comité correspondiente, así como acreditar el interés jurídico, y que la reclamación precise los actos que se impugnan y las razones que se tienen para hacerlo, así como los generales de la parte reclamante y de la requerida

El artículo 82 

En el Título Sexto ; De la cultura condominal, se encuentra una de las funciones de la administración  pública 

“ Artículo 82. La Administración Pública del Distrito Federal promoverá una cultura condominal, con base en el espíritu y principios de la presente Ley, la Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal, la Ley de Participación Ciudadana, Ley de Cultura Cívica, la Ley de Protección Civil, Ley de Justicia Alternativa y otras …..”

“La Procuraduría coadyuvará con el administrador designado para la creación de los comités básicos, formados y coordinados por condóminos y/o poseedores voluntarios, comprometidos con los proyectos específicos a desarrollar en el condominio, con el objeto de complementar las actividades de la administración en los espacios comunes, para preservar el ambiente físico induciendo a la sustentabilidad del hábitat y promover las relaciones armónicas entre condóminos y poseedores, tales como:”

(y continua con nombrar los diferentes comités, de los cuales nos interesa señalar al de “Mediación”) 

e) Comité de Mediación.- Será el encargado de promover la resolución de conflictos Condominales a través de soluciones pacíficas fungiendo como mediador, creando junto con las partes en conflicto, opciones de solución antes de interponer una queja condominal o llegar a la conciliación o a los procedimientos arbitrales y de aplicación de sanciones.

 

LEY DE LA PROCURADURÍA SOCIAL 

DEL DISTRITO FEDERAL

 

En la “Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal” en vigor en el Capítulo III; Queja condominal; Sección Tercera: En  los artículos 84 y 85  en el primero  señala al que esta procuraduría será mediador en los conflictos que se presenten en los condominios, y en el 85 reconoce la figura del mediador y aclara la forma en que debe conducirse ante los conflictos que se presenten en los condominios: 

Artículo 84.- Una vez de que la Procuraduría interviene, por así haberlo decidido las partes, se les invitará para que de común acuerdo se sometan a una composición amistosa, en la que la Procuraduría fungirá como mediador de los intereses en conflicto, en caso de rechazar la propuesta alguna de las partes inmediatamente se hará constar que quedarán reservados sus derechos para que los hagan valer de acuerdo a sus intereses ante la instancia que corresponda.

Artículo 85.- Si se acepta la intervención de la Procuraduría por acuerdo de las partes en amigable composición, se fijarán los puntos sobre los cuales verse el conflicto, acatando los lineamientos convencionales de los interesados,

El mediador deberá dirigir la controversia a conciencia y buena fé guardada, sin sujeción a reglas legales, ni formalidades de procedimiento, y así finalmente formular el acuerdo o sugerencia que corresponda.

 

Ley de Cultura Cívica 

para el Distrito Federal

 

En el artículo 3 dice: 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

…….

Fracción XXIII; Auxiliares de los Juzgados: perito, mediador comunitario, trabajador social y defensor de oficio;

Fracción XXIV. Mediación comunitaria: la negociación asistida por un tercero imparcial, denominado mediador comunitario, en la que participen dos o más personas involucradas en una controversia de carácter comunitario cuando así lo determine el Juez, o las partes se sometan a la mediación.

XXV. Mediador comunitario: especialista que habiendo satisfecho los requisitos aplicables, se encuentra capacitado, certificado y registrado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para conducir el procedimiento de mediación comunitaria. Será servidor público adscrito a una Delegación, y

XXVI. Re–mediación: procedimiento posterior a la mediación, que se utiliza cuando el convenio alcanzado en ésta se ha incumplido parcial o totalmente, o cuando surgen nuevas circunstancias que hacen necesario someter el asunto nuevamente a mediación.

Este artículo trata de la mediación comunitaria y señala que el mediador  debe ser un servidor público.

En el artículo 12 dice que corresponde a los jefes delegacionales en su fracción VI, Proponer a la consejería jurídica a las personas para que se formen como mediadores comunitarios.

En el artículo 16 ordena que a la administración pública de la Ciudad de México le corresponde promover los métodos alternativos de solución de controversias con la intervención de mediadores comunitarios de las delegaciones.

En el Capítulo III ; Mediación Comunitaria; en el artículo 65 define a la mediación comunitaria :

Es  “un mecanismo no jurisdiccional y voluntario, complementario a la justicia cívica, para gestionar la solución o prevención de conflictos o controversias entre personas, que surgen o pueden suscitarse en una comunidad que comparte valores, intereses o espacios que crean pertenencia, tales como colonias, barrios, unidades habitacionales, unidades o instalaciones deportivas, parques, jardines, mercados públicos y vía pública, entre otros, en el que un tercero imparcial denominado mediador comunitario, les asistirá en el proceso de encontrar soluciones aceptables para todos, y beneficios para la comunidad. El Juez podrá dar intervención al mediador comunitario o por decisión voluntaria de las partes.

En el artículo 66.- aclara la función y aplicación  de la  mediación comunitaria y ordena los supuestos donde puede o debe actuar  sin señalar de manera clara la actuación del mediador comunitario en alguna controversia en el condominio.

En el artículo 68 indica los requisitos para instituirse como mediador comunitario, arriba se señaló que debe ser servidor público y que el jefe delegacional es quien propone a la persona para tomar la capacitación para llegar a ser mediador comunitario, así que este mediador comunitario surge de la administración pública. 

En el artículo 70 de esta Ley pone el límite de tres días para llegar a un acuerdo por medio del mediador comunitario, si no sucede un arreglo la controversia se lleva a otra instancia.

El artículo 81 ordena que el juez puede remitir a las personas involucradas en un conflicto ante el mediador comunitario.

COMETARIO:

En esta Ley existe el mediador comunitario mismo que surge exclusivamente de la administración pública.

 

CODIGO CIVIL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL

 

CAPITULO II

Disposiciones Comunes de los Documentos Registrables

Artículo 3005.- Sólo se registrarán:

I. Los testimonios de escrituras o actas notariales u otros documentos auténticos;

II. Las resoluciones y providencias judiciales que consten de manera auténtica, así como los convenios emanados del procedimiento de mediación que cumplan con los requisitos previstos por el artículo 38 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal.

III. Los documentos privados que en esta forma fueren válidos con arreglo a la Ley, siempre que al calce de los mismos haya la constancia de que el Notario, el Registrador, o el Juez competente, se cercioraron de la autenticidad de las firmas y de la voluntad de las partes.

Dicha constancia deberá estar firmada por los mencionados fedatarios y llevar impreso el sello respectivo.

Artículo 3043. Se anotarán previamente en el Registro Público:

………..

VII. Los convenios emanados del procedimiento de mediación que cumplan con los requisitos previstos por el artículo 38 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal.

Transcribimos el citado artículo 38:

Artículo 38. El convenio celebrado entre los mediados ante la fe pública del Director General, Director o Subdirector de Mediación actuante con las formalidades que señala esta Ley, será válido y exigible en sus términos y dicho pacto tendrá fuerza de cosa juzgada.

El convenio traerá aparejada ejecución para su exigibilidad en vía de apremio ante los juzgados. La negativa del órgano jurisdiccional para su ejecución será causa de responsabilidad administrativa, excepto cuando el convenio adolezca de alguno de los requisitos señalados en el artículo 35 de la presente ley.

En el supuesto de incumplimiento del convenio en materia penal, quedarán a salvo los derechos del afectado para que los haga valer en la vía y forma correspondientes.

Surtirán el mismo efecto los convenios emanados de procedimientos conducidos por Secretarios Actuarios y mediadores privados certificados por el Tribunal que sean celebrados con las formalidades que señala esta Ley, y sean debidamente registrados ante el Centro en los términos previstos por esta Ley, el Reglamento y las Reglas, según corresponda.

Si el convenio emanado de procedimiento conducido por Secretario Actuario o mediador privado certificado por el Tribunal no cumple con alguna de las formalidades previstas en esta Ley, y esta es subsanable, se suspenderá el trámite de registro ante el Centro y se devolverá al Secretario Actuario o Mediador Privado, según corresponda, para que subsane dichas formalidades, en caso contrario se negará el registro y se iniciará el procedimiento de sanción correspondiente.

Por acuerdo de los mediados los convenios podrán ser anotados en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de conformidad con las leyes respectivas

Esperemos haber relacionado lo relativo a la Mediación Condominal, incorporando diversa disposiciones que se refieren a la mediación en general.

 

 

Pies de páginas

1 CODIGO CIVIL DE OAJACA 1828 – 1829. Versión digital, el cual puede ser consultado en la página de la Notaria 232 de la CDMX.

 

2 CODIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL Y TERRITORIO DE LA BAJA CALIFORNIA. 1870

Comisión formada por los licenciados Mariano Yañez, José María Lafragua, Isidro A. Montiel y Duarte y Rafael Dondé, Secretario Joaquín Guía Lis. Conclusión de labores el 28 de mayo de 1870. Promulgado el 8 de diciembre de 1871. Tip. de J.M. Aguilar Ortíz, 1ª de Sto. Domingo, Num. 5 México, 1873. Edición facsimilar propia Carlos Correa Rojo.

3 CODIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL Y TERRITORIOS DE TEPIC Y BAJA CALIFORNIA. PROMULGADO EN 31 DE MARZO DE 1884

Edición anotada, concordada y puesta al día por el LIC. ANTONIO DE J. LOZANO. Notario Público. Librería de la Vda. de Chouret, Cinco de Mayo 14, México, 1902. Edición facsimilar propia Carlos Correa Rojo.

4 Nuevo Código publicado en el Diario Oficial de la Federación en cuatro partes los días 26 de mayo, 14 de julio, 3 y 31 de agosto de 1928.

 

 


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